La Asociación de Usuarios de la Comunicación ha hecho pública su disconformidad con la Proposición de Ley presentada por el Grupo Popular ante el parlamento autonómico para modificar la Ley 8/215, de 28 de diciembre, de Radio Televisión Madrid, aprobada por la Asamblea de Madrid con los únicos votos de este Grupo.
AUC considera que la pretendida reforma es más bien una contarreforma, y se traduce en «tres proposiciones con fecha y marcha atrás», que llevarán a la radiotelevisión madrileña a una situación de mayor dependencia política y gubernamental, y, sobre todo, al cierre abrupto de una experiencia pionera de participación de la sociedad civil en los medios públicos.
Este último aspecto es para la Asociación de Usuarios de la Comunicación especialmente decepcionante, ya que el modelo adoptado para selección de los miembros del Consejo de Administración en la Ley de Radio Televisión Madrid aprobada en 2015 es un ejemplo pionero, a seguir por otros medios públicos en favor de una mayor independencia, pluralismo, neutralidad y objetividad.
La iniciativa, aprobada en trámite de lectura única, no propone ninguna medida para la mejora de la eficiencia de RTVM, considerada como un servicio esencial de interés económico general por la Ley 8/2015. Tampoco supone una mayor garantía del cumplimiento de su misión de servicio público. Básicamente, plantea tres cambios en su actual régimen jurídico, de naturaleza regresiva:
Eliminación de la participación social y profesional en el Consejo de Administración
En su modelo actual, y así ha sido desde la entrada en vigor de la norma reguladora de la radiotelevisión autonómica vigente, los miembros del Consejo de Administración de RTVM son elegidos por la Asamblea de Madrid a partir de una propuesta de carácter mixto por parte de los grupos parlamentarios y de las organizaciones profesionales y sociales representativas del sector de la comunicación en la Comunidad de Madrid (apartados 1 y 2 del artículo 14 de esta Ley).
Este modelo de propuesta y designación coloca a Madrid en el grupo de comunidades autónomas que cuentan con participación social en el Consejo de Administración de sus respectivas radiotelevisiones públicas, como es el caso del País Vasco, de Aragón o de la Comunidad Valenciana. Pero es la única en la que, además, la participación social y profesional, con cinco miembros, supera a la de propuesta parlamentaria (cuatro miembros), en cumplimiento del artículo tres del artículo trece de la Ley de RTVM.
La proposición aprobada, sin embargo, modifica o deroga estos artículos, con el fin de reservar a los grupos parlamentarios en exclusiva la propuesta de candidatos para la elección de los miembros del Consejo de Administración de Radio Televisión Madrid, minusvalorando la gran labor desarrollada en estos años por el Consejo fruto precisamente de la diversidad de sus miembros.
Ello significa, a pesar de los pseudoargumentos utilizados para justificar el cambio, y teniendo en cuenta la dinámica de las mayorías parlamentarias, un paso atrás en la independencia de RTVM en favor de una mayor gubernamentalización de la radiotelevisión pública. A las organizaciones de la sociedad civil, que tanto han colaborado en la conformación de la nueva Radio Televisión Madrid, se pretende arrinconarlas en el consejo asesor, órgano cuya existencia AUC ha defendido siempre, pero que no deja de ser una instancia puramente consultiva, sin ninguna capacidad de decisión, y que se reúne cuatro veces al año.
Reducción de las competencias del Consejo de Administración
El nuevo Consejo de Administración será más dependiente de los grupos parlamentarios, y más gubernamentalizado. Pierde además atribuciones: aunque mantiene la capacidad para proponer a la Asamblea candidato o candidata a la Dirección General, se elimina de sus competencias y funciones el nombramiento y cese del personal directivo, lo que de nuevo contribuye a debilitar la figura del Consejo de Administración.
Mayor dependencia del director general
Uno de los elementos claves de la independencia de RTVM ha sido la consolidación de la figura de un Director General propuesto por el Consejo de Administración y ligado al mismo en su horizonte de gestión. Con el cambio aprobado, se reduce su mandato de seis a cuatro años; elimina la posibilidad de que pueda mantenerse en funciones si no hay acuerdo amplio para su relección, y, para tal caso, se introduce la figura de un administrador único con sus mismas competencias que, en línea con otras contrarreformas como la operada en RTVE en 2012, puede ser elegido por mayoría simple en segunda votación.
Más allá de la lectura ad hominem que pueda hacerse de estas medidas, y de su aplicación retroactiva, cierran el círculo de una RTVM menos independiente, más mediatizada por las mayorías parlamentarias y por el gobierno de cada momento, y menos abierta a la sociedad. Un paso en la dirección contraria de la que deben seguir los medios públicos para justificar su existencia en un escenario audiovisual caracterizado por la digitalización y la convergencia, como garantía de pluralismo, neutralidad y cohesión con su entorno social.
