La tragedia de las 7291 personas fallecidas en las residencias de la Comunidad de Madrid durante 2020 vuelve a la actualidad. Varios juzgados madrileños han reactivado diligencias para investigar la posible responsabilidad personal de altos cargos del Gobierno regional por los protocolos que limitaron el traslado hospitalario de residentes enfermos.
La denuncia presentada por asociaciones de afectados abre una nueva etapa en la búsqueda de verdad, justicia y reparación.
Distintos juzgados de instrucción de Madrid han solicitado nuevas pruebas, ampliado diligencias y requerido comparecencias para determinar si los protocolos emitidos en marzo y abril de 2020 por la Consejería de Sanidad vulneraron el derecho fundamental a recibir atención médica.
La novedad es que la investigación se dirige ahora hacia posibles responsabilidades personales de altos cargos, lo que supone un avance sustancial en un procedimiento que hasta ahora había tenido un alcance más político que penal.
Las asociaciones de víctimas celebran esta nueva fase. La Plataforma Verdad y Justicia Residencias Madrid afirma: «Llevamos cuatro años luchando por un reconocimiento institucional del daño. Hoy la justicia empieza a escuchar a las familias».
7291 vidas truncadas en la red residencial madrileña
Los datos oficiales de 2020 indican que 7291 residentes fallecieron durante la primera ola de la pandemia, la mayoría sin acceso a un hospital.
Para el Observatorio Madrileño de la Salud, estas cifras «no se explican únicamente por la virulencia del SARS-CoV-2, sino también por fallos estructurales históricos: falta de personal sanitario, privatización del sistema y ausencia de coordinación sociosanitaria real».
Los protocolos de exclusión: el eje del conflicto judicial
Una de las pruebas clave en la instrucción son los protocolos internos emitidos por la Consejería de Sanidad entre el 18 de marzo y el 25 de marzo de 2020. Estos documentos, dirigidos a los hospitales públicos y personal directivo de las residencias, desaconsejaban el traslado de personas con deterioro cognitivo o dependencia moderada y severa.
Amnistía Internacional España, en su estudio Abandonadas a su suerte, concluyó que dichos protocolos «constituyeron una forma de discriminación incompatible con la legislación internacional en materia de derechos humanos».
Y añadía: «La pandemia no justifica negar el acceso a un hospital en función de la edad o del grado de dependencia».
Por su parte, CCOO Sanidad Madrid subrayó que «la limitación de derivaciones fue una decisión administrativa, no un criterio clínico», insistiendo en que varios hospitales disponían de camas libres en aquellos días críticos.
Profesionales sanitarios: la ética frente a la gestión administrativa
El Consejo General de Enfermería (CGE) advirtió en 2020 que las residencias «no estaban preparadas para actuar sin el apoyo del sistema hospitalario». Su presidente declaró: «Los protocolos que impidieron el traslado hospitalario chocaban frontalmente con la ética sanitaria».
El Colegio Oficial de Enfermería de Madrid (CODEM) afirmó que «negar el traslado equivale a privar a la persona de atención clínica esencial». Estas afirmaciones han sido incorporadas por las acusaciones populares como material de referencia.
Las familias: dolor, documentación y perseverancia
Las asociaciones de afectados han sido determinantes para mantener el caso vivo. Las asociaciones de familiares de víctimas de residencias sostienen que «nadie nos explicó por qué nuestros padres murieron sin atención médica. Ahora queremos respuestas judiciales claras».
Testimonios recogidos en InfoLibre y Público coinciden: «No murió solo por el virus; murió porque no dejaron trasladarlo». Estos relatos son hoy parte de la base probatoria que analiza la justicia.
Un modelo residencial en crisis: análisis estructural
La pandemia no creó la crisis residencial madrileña: expuso sus fallos. Informes de la Unión Europea alertan de que Madrid presenta uno de los sistemas más privatizados del continente, con menos personal clínico por residente y un control público insuficiente.
El Observatorio Madrileño de la Salud exige desde 2020 una reconversión integral: medicalización real de los centros, supervisión pública, ratios más estrictas y coordinación obligatoria con hospitales.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) avala estas propuestas y recuerda que «los sistemas que integran atención sanitaria y cuidados ofrecen mejores resultados en crisis epidemiológicas».
Un debate que vuelve a tensionar la escena madrileña
El Gobierno regional defiende que actuó «conforme a la disponibilidad hospitalaria». Pero la reactivación judicial podría obligar a aclarar si los protocolos tuvieron carácter obligatorio y quién los aprobó y aplicó exactamente.
UGT Madrid denuncia que «la falta de transparencia institucional ha dificultado la reconstrucción de lo ocurrido». Mientras, grupos de la oposición reclaman reabrir comisiones de investigación.
El avance judicial actual podría tener un impacto político mayor que el de años previos: por primera vez se estudia si existió responsabilidad individual y no solo institucional.
Verdad, memoria y un modelo de cuidados que debe transformarse
La tragedia de las residencias no pertenece al pasado: sigue modelando el debate público sobre derechos humanos, salud y políticas de cuidados. La reactivación judicial marca un nuevo capítulo, más exigente y más claro, en la búsqueda de responsabilidades.
CRONOLOGÍA DETALLADA DEL CASO (2020–2025)
2020 – Marzo
- Estalla la primera ola de COVID-19.
- Residencias madrileñas registran brotes masivos sin personal ni material suficiente.
- 18–25 marzo: la Consejería de Sanidad distribuye protocolos que desaconsejan trasladar a hospitales a residentes con deterioro cognitivo o dependencia.
- Los hospitales públicos empiezan a recibir instrucciones restrictivas.
2020 – Abril
- La mortalidad se dispara.
- Familias denuncian la ausencia de derivaciones hospitalarias.
- Medios como El País y Cadena SER revelan la existencia de los protocolos internos.
2020 – Diciembre
- El balance anual confirma 7291 fallecidos solo en residencias madrileñas.
2021
- Las primeras querellas son presentadas por asociaciones de víctimas.
- Muchos juzgados archivan por falta de pruebas o por considerar que la responsabilidad es «política, no penal».
- Amnistía Internacional publica Abandonadas a su suerte, que critica los protocolos.
2022
- El Parlamento regional rechaza una comisión de investigación.
- Aquí Madrid informa sobre nuevas revelaciones y filtraciones documentales.
2023
- Juzgados de Madrid reabren diligencias al aparecer nuevos testimonios y documentos.
- Se solicita a la Comunidad de Madrid información completa sobre la cadena de mando.
2024
- Varias declaraciones de directores de residencias confirman que los protocolos se aplicaron estrictamente durante semanas.
- Se incorporan informes de sindicatos, enfermería y organizaciones sociales.
2025 – Enero
- Varios juzgados de Madrid reactivan la investigación.
- Se examina por primera vez la posible responsabilidad personal de altos cargos del Gobierno regional.
- Asociaciones de familiares celebran que «la justicia abra la puerta a una reparación real».
2025 – Diciembre
- Un juzgado de Madrid cita a tres ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que tomaron decisiones sobre la asistencia médica a las personas dependientes en residencias de titularidad pública.
