Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) de España han hecho público su solidaridad con las víctimas y el pesar por los «hechos extremadamente graves» acaecidos este 26 de junio 2022 en la frontera española de Melilla con el Reino de Marruecos, en los que han fallecido al menos veintitrés personas, que «muestran una vez más la realidad brutal e inhumana a la que se enfrenta un número creciente de personas que se ven empujadas a marchar de sus casas y dejar atrás vidas y familias, como resultado de la desigualdad y la injusticia en las condiciones de vida».
En un comunicado, las dos asociaciones recuerdan que el artículo uno de la Declaración Universal de los Derechos Humanos hace de todas las personas seres dotados de dignidad, libertad e igual condición humana. La vida, que es el derecho más preciado y valioso, se reconoce en su artículo tres.
En la Europa de los derechos y libertades, se reconoce ese derecho a la vida en el artículo dos de la Convención Europea para la protección de Derechos Humanos de 1950.
JJpD y UPF recuerdan que las personas migrantes «buscan la satisfacción de derechos también reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y, por ello, no pueden ser objeto de restricción alguna ni de su dignidad ni de su vida con motivo de los controles fronterizos».
Sostienen que es responsabilidad de los poderes públicos garantizar la vida y la dignidad de las personas por encima de cualquier otra consideración, y ante la gravedad de los hechos ocurridos, consideran «inaplazable y exigible que se investiguen por las autoridades competentes no sólo los hechos, sino especialmente también sus causas, para evitar la reiteración de una situación inaceptable de flagrante quebranto de los más básicos derechos humanos que no puede justificarse en ninguna consideración de conveniencia de tipo alguno, y poner fin a este tipo de situaciones que degradan la propia esencia y finalidad de esa Europa que creemos baluarte de democracia y derechos humanos y a la que afecta de forma directa e inmediata esta situación».
Concluyen que «no es posible, desde los mínimos éticos que nos imponen los tratados, el derecho de la Unión Europea y nuestra propia conciencia democrática, cerrar los ojos ante la quiebra de la dignidad de los seres humanos que llaman a nuestra puerta».