Un grupo ultraconservador de Polonia comenzó a comprobar en los hospitales si a las refugiadas ucranianas se les ofrece la posibilidad de interrumpir su embarazo según las estrictas leyes de aborto del país, tras las advertencias de que las víctimas de violaciones tienen dificultades para acceder a la ayuda local y a los servicios clínicos, informa Ed Holt (IPS).
En las últimas semanas han aparecido cada vez más pruebas de violencia sexual por parte de las tropas rusas en Ucrania, y en los Estados limítrofes, incluido Polonia, las organizaciones locales informan que refugiadas les han contactado para solicitar asistencia para interrupciones del embarazo.
Pero Polonia, que ha acogido a 3,5 millones de los 6,4 millones de refugiados que han huido de Ucrania desde la invasión rusa en febrero, tiene una de las leyes de aborto más estrictas del mundo.
La interrupción del embarazo solo está permitida cuando la vida o la salud de la madre están en peligro, o si es resultado de un acto criminal, como una violación o un incesto.
En este último supuesto, la fiscalía debe confirmar el delito, y la organización fundamentalista católica Ordo Iuris ha admitido que ha consultado a los hospitales al respecto.
En una comunicación a la que accedieron medios de comunicación polacos, el grupo pidió a un hospital de Varsovia que proporcionara información sobre las interrupciones de embarazo por causa de un acto delictivo que había cometido entre el 1 de febrero y el 11 de mayo.
También preguntaba si la práctica correspondía a mujeres polacas o extranjeras y si, en caso de ser necesario, los fiscales habían proporcionado una confirmación oficial de la violación.
El grupo admitió que había pedido información similar a otros hospitales y dijo que creía que los grupos proabortistas podrían estar utilizando la excepción de la violación a la prohibición casi total de los abortos en Polonia para ayudar a las mujeres ucranianas a eludir la legislación y conseguir lo que sería a su juicio un «aborto a la carta».
Katarzyna Gesiak, directora del centro de derecho médico y bioética Ordo Iuris, declaró al sitio de noticias polaco Wirtualna Polska: «Somos conscientes de lo que están haciendo los grupos proaborto. Hacen mucho hincapié en el tratamiento especial de las mujeres ucranianas cuando se trata de la premisa de la violación (como causa)».
Pero, remarcó la activista antiabortista, «la ley polaca es la que es. No importa de qué país proceda una persona. Sin la opinión de un fiscal, sería un aborto a la carta, sin verificar si la mujer dice la verdad de que fue violada. Algunas personas siempre querrán aprovecharse de una situación determinada».
La afirmación ha sido rechazada por activistas que trabajan con víctimas de la violencia de género y sexual. Dicen que es tan difícil que la excepción no tiene sentido.
«Conseguir una prueba de un fiscal de que has sido violada, ¡piensa en el tiempo que te llevaría! Llevaría demasiado tiempo. No vale la pena molestarse en hacerlo», dijo a IPS Mara Clarke, de la Red de Apoyo al Aborto, con sede en el Reino Unido, que tiene una línea de ayuda en Polonia.
Para Clarke, las acciones de Ordo Iuris ponen de manifiesto los desafíos que enfrentan las mujeres para acceder al aborto en Polonia.
Además de cumplir con las estrictas leyes sobre interrupciones del embarazo, también deben luchar contra la estigmatización generalizada alimentada por un gobierno vehementemente antiabortista y estrechamente vinculado a la Iglesia católica, con gran influencia en sus políticas según coinciden analistas de diferente signo.
El año pasado, el gobierno ultraconservador del primer ministro Mateusz Morawiecki aprobó una legislación que endurecía las ya estrictas leyes sobre el aborto.
Mientras tanto, los líderes de la Iglesia católica promueven fervientemente su apoyo a una legislación estricta sobre interrupciones del embarazo.
Los jerarcas católicos ocupan una posición central en la sociedad polaca y una encuesta de 2021 estableció que 92 por ciento de los entrevistados se identificó como católica, aunque un número creciente de la población tiene una opinión negativa de su peso en la vida del país.
Los activistas contra el aborto han promovido su mensaje entre los refugiados que huyen de la guerra en Ucrania.
Al cruzar las fronteras del país, los refugiados son recibidos con carteles y folletos con advertencias de penas de cárcel por infringir las leyes locales sobre el aborto, imágenes de fetos abortados y una cita de la Madre Teresa que dice: «El aborto es la mayor amenaza para la paz».
Los activistas de derechos humanos afirman que esto puede agravar el trauma de quienes proceden de un país con leyes más liberales.
En Ucrania, la interrupción del embarazo a petición de una mujer es legal hasta las doce semanas de gestación y, en determinadas circunstancias, hasta las veintiocho semanas.
El gobierno también proporciona anticoncepción de emergencia sin receta, para aquellas mujeres que han sufrido violencia sexual o que, por otros motivos, teman haber podido quedar embarazadas y no lo deseen.
La llegada de una mujer ucraniana a Polonia que tiene un embarazo no deseado, puede ser un shock. «Hay un alto nivel de angustia al descubrir que el acceso a los servicios es básicamente imposible en Polonia», dijo Julie Taft, directora humanitaria de la Federación Internacional de Planificación Familiar, a los medios de comunicación internacionales.
La situación ya ha llamado la atención de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), que ha exigido que las refugiadas que lleguen a Polonia tengan acceso a derechos reproductivos que cumplan con las normas internacionales, incluyendo el acceso el aborto.
La oficial de comunicación de Acnur en Polonia, Olga Sarrado Mur, dijo a IPS: «Estamos colaborando con las estructuras del gobierno y hemos establecido una cooperación con grupos locales de la sociedad civil para asegurar que las víctimas de la violencia de género, incluidas las víctimas de violación, puedan acceder al apoyo que necesitan».
Eso, añadió, «incluye servicios legales, psicológicos y clínicos, de manera oportuna y de una forma que no estigmatice a esas víctimas ni las desanime a tratar de acceder a ellos, porque los informes sugieren que las barreras pueden disuadir a algunas mujeres de intentar acceder a ellos. Esto debe ser abordado».
Sin embargo, no está claro qué podría hacer Acnur para garantizar que las refugiadas ucranianas víctimas de violencia sexual puedan abortar con arreglo a la legislación polaca, dado su rigor.
Un problema central es el del tiempo que tardaría la fiscalía en confirmar cualquier violación, a lo que se añade las dificultades que tendrían las fuerzas de seguridad polacas para investigar un delito que probablemente haya tenido lugar a cientos de kilómetros de distancia y en una zona de guerra.
