Los 18.000 trabajadores de las principales filiales de Telefónica en España viven días de nerviosismo: diversas filtraciones señalan que el nuevo presidente, Marc Murtra, sopesa un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectaría a entre cuatro mil y cinco mil puestos, pese al convenio que blinda a la mayoría de la plantilla hasta 2027 y al ajuste pactado en 2024.
Los sindicatos presentes en la compañía han acordado un calendario de protestas que arranca el 21 de mayo a las 12:00 ante la sede corporativa de Distrito Telefónica, en Madrid, con el objetivo de «visualizar la unidad de todos los territorios» y forzar a la dirección a desmentir o, en su caso, negociar cualquier medida de recorte.
Telefónica aplicó en enero de 2024 un ERE que supuso la salida voluntaria de 3421 empleados mayores de 56 años, con un coste aproximado de 1300 millones y el compromiso de no recurrir a recortes traumáticos hasta el final de vigencia del Tercer Convenio de Empresas Vinculadas (CEV) —diciembre de 2026—.
Aunque aquel acuerdo se presentó como «definitivo», el giro estratégico emprendido por Murtra —quien sustituyó a José María Álvarez-Pallete— reabre la puerta a más despidos en nombre de la «disciplina financiera de hierro» que la compañía esgrime ante sus inversores.
La presión de los mercados
- Telefónica cerró 2024 con una deuda neta cercana a 27.000 millones.
- El Gobierno, a través de la SEPI, ostenta un diez por ciento del capital desde 2024, lo que añade un componente político a cualquier ajuste.
- Los analistas reclaman recortes de costes y mayor rentabilidad del negocio español, lastrado por la competencia en fibra y móvil.
Las dudas sobre el nuevo plan de ajuste
Portavoces de la compañía insisten en que «no hay ninguna decisión firme» y recuerdan que cualquier ERE requeriría negociación con los sindicatos y el visto bueno del Gobierno.
Sin embargo, mensajes internos y filtraciones en prensa apuntan a un «escenario base» de cinco mil salidas a partir del tercer trimestre.
Protección parcial hasta 2027
El 87 por ciento de la fuerza laboral de Telefónica España —unas 16.000 personas— está amparada por el CEV, que obliga a la empresa a buscar fórmulas «no traumáticas» antes de un despido colectivo. Ello no impide a la dirección abrir un ERE, pero sí condiciona sus términos económicos y temporales.
La voz de los trabajadores
Víctor Manuel Pascual García, secretario general de CCOO en el grupo, denuncia que a la plantilla le están llegando estos datos por la prensa: «No podemos obviar que esta concentración se dará en un contexto de incertidumbre generado por las diferentes comunicaciones que apuntan a que la dirección estaría analizando un nuevo plan de despidos colectivos, cuestión sobre la que ni CCOO ni el resto de la representación de las personas trabajadoras ha recibido información alguna».
El dirigente sindical califica además de «ataque a la conciliación» la reciente decisión de limitar el teletrabajo y el programa Smart Work: «Telefónica reduce por debajo de lo firmado la opción de trabajar en remoto, lo que agrava el malestar interno».
El papel del Gobierno y los inversores
Fuentes del Ministerio de Economía recuerdan que la participación estatal «exige una gestión responsable del talento» y que cualquier ERE tendrá que justificarse sobre «ganancias de eficiencia claramente demostrables y socialmente aceptables».
Al mismo tiempo, los fondos que controlan más del 40 por ciento del capital —entre ellos BlackRock y CaixaBank— avalan el ajuste si mejora el cash-flow y el dividendo.
Calendario de movilizaciones
Las protestas arrancan el 21 de mayo a las 12:00 con una convocatoria de CCOO ante la sede corporativa de Distrito Telefónica, en Madrid. El objetivo es «visualizar la unidad de todos los territorios» porque está prevista la asistencia de delegados sindicales de todo el país y colectivos de apoyo, para forzar a la dirección a desmentir o, en su caso, negociar cualquier medida de recorte.
Reacciones políticas y sociales
Los grupos parlamentarios de Sumar y Esquerra Republicana han pedido la comparecencia de Murtra en la Comisión de Economía del Congreso, mientras que el PP insta al Gobierno a «no interferir» en la gestión empresarial.
Oenegés de derechos digitales, asociaciones de consumidores y plataformas vecinales alertan del impacto del cierre de centros de trabajo en economías locales, especialmente en municipios donde la compañía es el principal empleador.
