El desahucio practicado la mañana del 8 de julio contra Sheila P., madre soltera y víctima de violencia de género, y sus tres hijos menores, en la avenida Carmen Laforet, en Torrejón de Ardoz, ha encendido una agria disputa institucional.
El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, remitió una carta a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, de indignación por la actuación del Ejecutivo autonómico; la respuesta del jefe de gabinete de la dirigente popular, Miguel Ángel Rodríguez, llegó horas después con reproches por «falta de respeto».
La familia residía en una vivienda de la Agencia de Vivienda Social (AVS) —titularidad autonómica— cuya adjudicación definitiva estaba aún sin regularizar. La madre, que percibe únicamente el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y asume los suministros del piso, había solicitado prórrogas y fórmulas para abonar un alquiler social que la AVS, según su versión, nunca llegó a aceptar. Sheila figura como única empadronada en la vivienda y sus hijos están escolarizados en colegios del municipio.
En su misiva de tres páginas, fechada el 14 de julio, Martín Aguirre acusa a la Comunidad de Madrid de desalojar «a una familia vulnerable sin ofrecer una alternativa habitacional estable, garantizada y real» y califica la actuación de los responsables de Política Social y Vivienda como «falta de humanidad».
El delegado recuerda que el Ayuntamiento de Torrejón solo ha podido ofrecer una ayuda provisional «francamente insuficiente» y advierte de que, si no se articula una solución antes del 17 de julio, «Sheila estará en la calle».
El argumento central del representante del Gobierno se apoya en el Convenio de Estambul y en la ley autonómica de violencia de género, que reconocen a las supervivientes como colectivo de especial protección. «No hablamos de una disputa competencial —escribe—, sino de una familia vulnerable a la que han dejado sin techo y de la que no pueden ni deben desentenderse las administraciones».
Martín Aguirre apela a la «cooperación leal y efectiva» entre instituciones y ofrece la participación de la Delegación en un plan integral para ese bloque de viviendas.
La contestación de Miguel Ángel Rodríguez, en un folio con membrete de la Presidencia, es escueta y demoledora: «Hemos recibido su carta de 14 de julio, que no voy a enviar a la presidenta de la Comunidad de Madrid para su conocimiento por su falta de respeto», afirma el jefe de gabinete, para instar al delegado a dirigirse con «el decoro que implica su cargo» y advertirle: «Si no es capaz de entender lo que usted representa, no vuelva a enviar cartas con esa mala educación».
Fuentes del entorno de Ayuso sostienen que la ejecución se ajustó a derecho tras varios requerimientos judiciales y recuerdan que la AVS mantiene «más de 22.000 viviendas sociales ocupadas legalmente».
No obstante, colectivos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) del Corredor del Henares señalan que el procedimiento «ignoró las recomendaciones de los juzgados de paralizar desalojos de familias con menores durante el verano» y piden la inmediata restitución de la unidad familiar.
La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) denuncia que el caso revela una «doble vulneración»: por tratarse de una víctima de violencia machista, amparada por los protocolos del Ministerio de Igualdad, y por ocupar vivienda pública, donde la administración «tiene la obligación de ofrecer alquiler asequible antes de recurrir al desahucio».
Además del conflicto institucional, el desalojo reabre el debate en la Asamblea de Madrid sobre la gestión de las 23.000 viviendas de la AVS. La oposición (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos) pedirá la comparecencia urgente del consejero de Vivienda en la próxima Diputación Permanente. «Queremos saber cuántos inmuebles vacíos tiene la Comunidad y por qué no se activó la mesa de emergencia social», adelanta la diputada socialista Cristina González.
El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz afirma estar «buscando una solución transitoria» y propone sufragar un alojamiento temporal mediante el fondo de contingencia municipal. Sin embargo, la familia —actualmente acogida en casa de una amiga— teme que esa opción «sea solo un parche» y clama por la recuperación de su piso o, al menos, un contrato de alquiler social.
Juristas consultados explican que la Ley estatal por el Derecho a la Vivienda, aprobada en 2023, insta a las comunidades a coordinarse con los servicios sociales para evitar lanzamientos de hogares con menores o víctimas de violencia machista. «La Generalitat de Catalunya y el Gobierno de Navarra han establecido protocolos claros; Madrid sigue sin implementarlos», lamenta la abogada especializada en vivienda Alicia Sánchez.
La tensión también se percibe en el seno del Gobierno central. El Ministerio de Derechos Sociales estudia personarse como mediador, dado que la familia reúne los requisitos de vulnerabilidad extremada previstos en el decreto estatal antidesahucios que, aunque decae en diciembre, permite solicitar prórrogas de seis meses.
Pese a las críticas, desde la Puerta del Sol se insiste en que se actuó «conforme a la legalidad» y se apunta que «cualquier decisión sobre recolocación corresponde ahora al consistorio y al Ministerio de Vivienda». Fuentes jurídicas recuerdan, no obstante, que la Comunidad es propietaria del inmueble y, por tanto, «mantiene la llave de la solución».
Al cierre de esta edición, ni la presidenta Ayuso ni el consejero de Vivienda habían hecho declaraciones públicas. Sheila, por su parte, confía en que la presión social permita revertir la situación antes de que sus hijos pierdan el curso escolar: «Solo pido un techo y estabilidad para ellos; llevo años luchando contra la violencia y no quiero que vuelvan a sentir miedo».
La evolución del caso pondrá a prueba la capacidad de diálogo entre administraciones en un contexto de emergencia residencial que, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, deja en la región más de tres mil lanzamientos al año, la mitad por impago en vivienda pública.
Queda por ver si la tormenta política se transforma en una solución concreta para Sheila y sus hijos o si, como tantas otras veces, el ruido eclipsa el derecho fundamental a una vivienda digna.
