En un informe publicado este 27 de febrero 2024, Amnistía Internacional afirma que la «ley de propaganda» dictada en Hungría en 2021 —que coarta el diálogo y limita la representación de las personas LGBTI en los centros educativos y en los medios de comunicación— ha tenido una profunda repercusión en las personas y grupos LGBTI, afianzando los estereotipos negativos y las actitudes discriminatorias y restringiendo el derecho a la libertad de expresión.
From freedom to censorship: Consequences of the Hungarian Propaganda Law revela cómo la «ley de propaganda» ha tenido en el transcurso de tres años un efecto intimidatorio generalizado en los medios de comunicación, la publicidad y la industria editorial, cuyas consecuencias han percibido ampliamente los grupos y las personas LGBTI+.
«La ‘ley de propaganda’ ha generado un ambiente de temor y ha limitado el acceso a la información, en especial a la gente joven. El temor a las sanciones ha tenido un efecto intimidatorio que está frenando a la ciudadanía a la hora de impartir, buscar y recibir información sobre orientación sexual e identidad de género. La ‘ley de propaganda’ también ha contribuido a generar estereotipos negativos y actitudes discriminatorias hacia la población LGBTI», ha afirmado Eszter Mihály, responsable del área LGBTI de Amnistía Internacional Hungría.
Agrega que «en el último decenio, el gobierno húngaro y los medios de comunicación respaldados por el Estado han llevado a cabo una campaña contra los derechos de la población LGBTI utilizando una retórica centrada en estigmatizarla y señalando a quienes en la sociedad civil defienden la igualdad».
Desde la aprobación de la ley, el acceso a información esencial y a otros contenidos relacionados con temas LGBTI es más difícil, en especial para niños, niñas y jóvenes.
La ley contempla una prohibición —redactada de forma imprecisa— de «representar y promocionar» las «identidades de género y orientaciones sexuales diversas» en determinadas formas de comunicación pública —entre ellas la educación pública, los medios de comunicación, la publicidad, y algunas actividades comerciales— que ha provocado temor entre quienes trabajan en estos sectores. Muchas personas y organizaciones han dejado de participar en el debate público y de difundir información sobre estas cuestiones por temor a procedimientos judiciales y a posibles campañas de desprestigio en los medios de comunicación afines al gobierno.
El informe concluye que algunas empresas de medios de comunicación y librerías de Hungría se autocensuran con el fin de evitar sanciones penales, y que autores y autoras, agencias creativas y organizaciones de la sociedad civil están tratando de lidiar con las imprecisas disposiciones de esta ley.
Aunque en un principio esta ley no se aplicó de forma generalizada, la situación cambió a comienzos de 2023, cuando las autoridades empezaron a abrir cada vez más procedimientos judiciales contra librerías que vendían libros con personajes LGBTI.
Las personas del sector entrevistadas por Amnistía Internacional expresaron su preocupación por la forma en que las autoridades estaban interpretando la ley y por la incertidumbre a la hora de modificar su actividad comercial con el fin de evitar multas y otras sanciones.
Krisztián Nyáry, autor y director creativo de Líra Ltd, explicó a Amnistía Internacional: «Se podría incluir una advertencia en todos los libros infantiles que dijera que sólo van dirigidos a los padres y todo seguiría igual. Pero, estos libros tienen que ir también cubiertos de una película de plástico y no se pueden vender cerca de los centros educativos. Por tanto, incluso las librerías y editoriales que respetan esta ley se quedan en un limbo y se enfrentan a sanciones».
La «ley de propaganda» también ha supuesto que la emisión de programas de televisión y películas en los que aparecen personajes LGBTI sólo esté permitida pasadas las nueve de la noche. Como consecuencia, quienes dirigen estos medios han tenido que adaptar su programación y contenido en streaming para evitar posibles sanciones.
Péter Kolosi, jefe de contenidos de la cadena comercial televisiva RTL, explicó a Amnistía Internacional que su canal había trasladado la hora de emisión de ciertos programas a franjas horarias más tardías y que ni siquiera se planteaba emitir cierto tipo de contenidos. Y que quienes redactaban los guiones y dirigían los programas habían tenido que hacer cambios en su trabajo para garantizar que cumplían la ley. Añadió además: «Esta ley es inaceptable y discriminatoria y creo que en realidad ha introducido la censura —un nuevo tipo de censura— en los medios de comunicación».
La «ley de propaganda» ha dado lugar a acciones judiciales contra algunos proveedores de contenido y libreros. Una cadena de librerías tuvo que pagar multas por tener en la sección infantil libros acordes a cada edad en los que aparecían parejas del mismo sexo y se multó a otra librería por exponer un libro en el que figuraba un personaje transgénero sin indicar que era un ejemplar para personas adultas.
Los escritores han tenido que reclasificar sus obras de literatura juvenil y ofrecerlas en la categoría de adultos. Una persona contó a Amnistía Internacional que en su sector se enfrentaban a cada vez más amenazas y hostigamiento en las redes sociales por el simple hecho de escribir sobre personajes LGBTI.
La escritora Dóra Papp explicó a Amnistía Internacional que había recibido amenazas en las redes sociales de forma nunca vista antes de la aprobación de la ley; por ejemplo, cuando alguien la amenazó con escupirla durante una firma de libros.
Según relató a Amnistía Internacional: «Esto me ha dejado tocada. Después de tantos años asistiendo a firmas de libros en las que me encantaba conocer a los lectores, de pronto el miedo se instaló en mí, porque no sabía hasta qué punto tomarme en serio la amenaza».
También describe cómo el efecto intimidatorio ha afectado a los nuevos escritores y escritoras. «Me han hablado del miedo que tienen y de que, o bien no se atreven a terminar el libro en el que están trabajando, o bien temen publicar sus obras en Hungría.
Las conclusiones de Amnistía Internacional indican que la ley restringe de forma indebida el derecho de las personas a la libertad de expresión —que incluye el derecho de los niños y las niñas al acceso a la información— de un modo que ni está previsto en la legislación ni es necesario o proporcionado. No tiene ningún objetivo legítimo y, por tanto, es incompatible con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos.
«La ‘ley de propaganda’ es ilegal y ha tenido repercusiones negativas de gran alcance sobre el derecho a la libertad de expresión de las personas mediante restricciones generalizadas en los medios de comunicación, la publicidad y las industrias editoriales, entre otros», afirma Eszter Mihály.
Agrega que «esta ley no tiene cabida en Hungría y está fomentando el aumento de la estigmatización y los estereotipos negativos de las personas LGBTI. Debe ser derogada de inmediato y deben tomarse medidas para reparar el daño que ha causado.»