El sindicato italiano CGIL ha convocado una huelga general para oponerse al proyecto de Presupuestos Generales para 2026 presentado por el gobierno de Giorgia Meloni. La central sindical considera que las cuentas profundizan en la austeridad, refuerzan un sistema que «abandona a los pobres» y consolidan ventajas fiscales para quienes más tienen, mientras amplían la precariedad de trabajadores y familias.
Su secretario general, Maurizio Landini, reclama diálogo real y una reforma fiscal orientada a la justicia social.
Las razones sindicales para la movilización
Unas cuentas que, según la CGIL, aumentan la desigualdad
La CGIL sostiene que el presupuesto mantiene vetado cualquier impuesto a las grandes fortunas y se alinea con los intereses de corporaciones financieras, bancos y gigantes tecnológicos. Para Landini, Italia está ante «una ley de austeridad» que agrava la brecha social. «Este presupuesto deja a los pobres más pobres y refuerza a los superricos», denuncia el líder sindical, quien advierte de que la falta de protección para la clase trabajadora amenaza la cohesión social.
Reclamo urgente de diálogo social
Landini insiste en que el Ejecutivo debe «abrir un diálogo serio» con los sindicatos y escuchar las demandas de los sectores que sufren el impacto de la inflación y la pérdida de poder adquisitivo. Acusa al gobierno de evitar el debate con los interlocutores sociales y de impulsar una política económica «desconectada de la vida real de la gente».
Una protesta legítima ante el desprecio institucional
Ante las ironías del gobierno sobre la utilidad de la huelga, Landini defiende que la movilización responde a un derecho democrático: «No atacamos a nadie; reivindicamos cambios concretos para que la gente pueda vivir mejor». La central sindical subraya que la protesta busca frenar un retroceso social que considera peligroso para el conjunto del país.
Reacciones y apoyos internacionales
Varios actores sociales europeos han destacado la relevancia de la protesta italiana y su impacto en el debate continental sobre el futuro del trabajo, la fiscalidad y los derechos sociales.
- Comisiones Obreras (CCOO) advierte de que el debilitamiento del diálogo social «erosiona la democracia» y recuerda que la justicia fiscal constituye un pilar para sostener salarios y derechos laborales.
- UGT señala que unos presupuestos que privilegian a grandes empresas en detrimento del empleo digno «rompen el equilibrio social» y generan desigualdad estructural.
- Amnistía Internacional alerta de que los recortes en áreas esenciales pueden agravar la vulneración de derechos económicos y sociales entre los sectores más vulnerables.
Estos pronunciamientos refuerzan la posición de la CGIL: la cuestión no es solo económica, sino de derechos humanos y de equidad.
Una llamada a reconstruir el contrato social
La huelga general forma parte de una estrategia de presión sindical que busca un cambio de rumbo en las políticas públicas italianas. Landini insiste en la necesidad de «un proyecto de país que no deje a nadie atrás», en el que el empleo digno, la redistribución y los servicios públicos constituyan la base de un modelo social más equitativo.
Mientras el Parlamento debate los presupuestos, la movilización revela un malestar extendido entre trabajadores y familias que consideran que las medidas del gobierno de Meloni no solo no aliviarán las dificultades actuales, sino que profundizarán la precariedad.
