Mauritania ha impedido que habitantes de sus vecinos del occidente de África puedan viajar a Europa, principalmente España, mediante una política de contención y represión cargada de violaciones de los derechos humanos, denunció este 27 de agosto 2025 Human Rights Watch (HRW), informa la IPS desde Nairobi.
Lauren Seibert, investigadora sobre derechos de las personas refugiadas y migrantes de HRW, dijo que «durante años, las autoridades mauritanas aplicaron un modelo represivo de control migratorio —lamentablemente común en el norte de África— violando los derechos de personas migrantes africanas de otras regiones».
Sin embargo, «las reformas recientes en Mauritania muestran que es posible adoptar un enfoque diferente. El gobierno debería profundizar en estos esfuerzos, fortalecer la supervisión de las fuerzas de seguridad y poner fin a las expulsiones colectivas».
La investigación de HRW mostró que, desde 2020 y al menos hasta comienzos de 2025, las fuerzas de seguridad mauritanas cometieron graves violaciones de derechos humanos contra personas migrantes y solicitantes de asilo, principalmente de África occidental y central, cuando intentaban salir del país o cruzarlo en tránsito.
Su informe, titulado «‘Me acusaron de intentar ir a Europa’: abusos en el control migratorio y la externalización de la Unión Europea (UE) en Mauritania», documenta abusos cometidos por la policía, guardia costera, marina, gendarmería y ejército de Mauritania en operativos fronterizos y de control migratorio.
Esos abusos incluyen tortura, violación y otras formas de violencia; acoso sexual; detenciones y arrestos arbitrarios; condiciones inhumanas de detención; tratos racistas; extorsión y robos; y expulsiones sumarias y colectivas.
La represión y violaciones se vieron agravadas por el respaldo de la Unión Europea y España -de manera bilateral- a la externalización del control migratorio en Mauritania, mediante años de apoyo a las autoridades fronterizas y de migración del país africano.
HRW dijo que en su investigación entrevistó a 223 personas, de las cuales 102 migrantes y solicitantes de asilo de seis países africanos, así como funcionarios, activistas de la sociedad civil, abogados, familiares, víctimas y otros testigos.
Decenas de personas que estuvieron detenidas en centros para migrantes gestionados por la policía de Mauritania describieron condiciones y tratos inhumanos, como falta de alimentos, saneamiento deficiente, adolescentes detenidos con personas adultas sin vínculo familiar, y agresiones por parte del personal de seguridad.
Entre 2020 y mediados de 2025, la policía expulsó a decenas de miles de personas de distintas nacionalidades hacia zonas remotas de las fronteras con Malí y Senegal, donde la escasa ayuda y la inseguridad las expusieron a graves riesgos. En la primera mitad de 2025 Mauritania expulsó a más de 28.000 personas.
Por ejemplo, Marco Gibson, ciudadano liberiano, relató que el ejército mauritano lo detuvo junto a un grupo de más de cuarenta personas migrantes cerca de la frontera norte del país en diciembre de 2024, cuando intentaban dirigirse hacia el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos.
«El ejército mauritano nos golpeó con palos y un látigo de goma. Nunca había visto una actitud tan brutal», relató Gibson. Luego, la policía lo expulsó a él y a unas veinte personas más, incluidos menores, hacia la localidad de Gogui, en la sureña región de Nioro du Sahel, fronteriza con Malí y lejos de las costas mauritanas.
Días después, atacó Nioro, un grupo armado islamista de los que actúan a través de las fronteras de la árida región del Sahel, al sur del desierto del Sahara. La expulsión forzosa hacia fronteras en peligro es una de las penalidades aplicadas por autoridades militares y policiales mauritanas contra los migrantes.
Ruta migratoria atlántica
Entre 2020 y 2024, un número creciente de migrantes y solicitantes de asilo probaron suerte con la «Ruta Atlántica», viajando en frágiles embarcaciones (piraguas) desde el noroeste de África -Mauritania, pero también Senegal, Gambia y Marruecos- hacia las islas Canarias, en España, frente a las costas occidentales del continente.
Algunas huían de conflictos o persecuciones en sus países -incluidas muchas personas de Malí, donde el conflicto armado interno se ha intensificado-, mientras que otras buscaban escapar de la pobreza y encontrar empleo.
El año pasado una cifra récord de 46.843 personas llegó en barco a las islas Canarias. En la primera mitad de 2025, ya se habían registrado unos 11.500 arribos. También hay datos de que entre 1500 y 1800 personas perecieron en naufragios.
También en 2024, Mauritania firmó un nuevo acuerdo de cooperación migratoria con la Unión Europea (UE), a cambio de 240 millones de dólares, para reducir la migración irregular, similar a otros acuerdos de la UE con Túnez y Egipto.
España incrementó su apoyo bilateral con el mismo objetivo, al tiempo que mantiene desplegados agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Mauritania para asistir a las autoridades en el control migratorio.
En respuesta a HRW, el gobierno mauritano rechazó las acusaciones y señaló medidas recientes para mejorar el respeto a los derechos, como la prohibición de las expulsiones colectivas y la adopción, en mayo de 2025, de «nuevos procedimientos operativos con sólidas garantías de derechos y protección».
Por su parte, la Comisión Europea indicó en su respuesta a HRW que su asociación con Mauritania «está sólidamente anclada» en el respeto de los derechos, y destacó el respaldo de la UE a los procedimientos operativos centrados en los derechos.
