El Cementerio Sur de Madrid acoge este sábado 19 de diciembre 2020 un acto para rendir homenaje a la memoria de Samba Martine en el noveno aniversario de su fallecimiento y un mes después de que el Estado español reconociera la responsabilidad patrimonial que tenía en su muerte, por mala praxis del Ministerio de Interior, del Ministerio de Migraciones y de la empresa que prestaba el servicio médico en el CIE de Aluche.
Este acto sigue a las movilizaciones que se produjeron este 18 de diciembre, Día Internacional de las Personas Migrantes, en el que en una acción colectiva con seis columnas reducidas para respetar las medidas de precaución y cuidados por la pandemia salieron de diferentes plazas céntricas de Madrid para concentrarse en la Puerta del Sol, a fin de reivindicar el respeto a todas las personas migrantes y el reconocimiento de sus derechos.
Este viernes también se celebró una mesa online «Samba y los CIE, nueve años después» que contó entre otras personas con la catedrática de Derecho Penal UCM, Margarita Martínez Escamilla, el exjuez de control CIE en Madrid, Ramiro García de Dios; y el actor Juan Diego Botto, autor de la obra «Un Trozo invisible de este mundo».
Más de 40 artistas han enviado su tributo creativo a «Una flor para Samba», una iniciativa creada en el marco del proyecto «Museo situado» nacido del trabajo de colectivos sociales del barrio de Lavapiés y el Reina Sofía.
Este año de pandemia dejó en evidencia como ningún otro la importancia que las personas migrantes tienen en la construcción de nuestras sociedades. Fueron ellas quienes asumieron una parte sustancial de los denominados trabajos «esenciales», cuando hubo que quedarse en casa para cuidar de la salud de familiares.
Fueron también ellas las que impulsaron gran parte de las redes de cuidados mutuos, que han permitido sobrevivir en este tiempo difícil a muchas personas.
Miles de mujeres dedicadas a los cuidados y al sector del trabajo doméstico no han sido reconocidas ni en la cobertura de los erte ni en el Ingreso Mínimo Vital. Tampoco el Gobierno ha accedido a un proceso de regularización extraordinario para las miles de personas que se expusieron frente a la pandemia pese a no tener papeles, y ni siquiera se ha dignado a normalizar el proceso de citas de extranjería que lleva más de un año colapsado, impidiendo la apertura de procesos de regularización, dificultando la renovación de las autorizaciones y convirtiendo el derecho que compete a todas las personas migrantes, en un negocio del que se lucran unos pocos.
Colectivos de la Red Solidaria de Acogida señalan que «hemos estado seis meses con los centros de internamiento (CIE) cerrados, con los procesos de deportación forzosa inoperativos y la experiencia demuestra que los únicos inconvenientes vinculados a la extranjería han sido generados por las propias políticas de seguridad del Estado, empeñado en frenar el tránsito de las personas migrantes y refugiadas en enclaves determinados como son Ceuta, Melilla y ahora las Islas Canarias».
