La Policía Nacional ha detenido a 79 personas que facilitaban la obtención fraudulenta de la nacionalidad española a niños de madres marroquíes que accedían a la ciudad autónoma en estado avanzado de gestación, aprovechando la exención de visado y el Acuerdo de Buena Vecindad, para dar a luz en el Hospital Comarcal de Melilla.
La red facilitaba el contacto con hombres de nacionalidad española, en su mayoría de origen marroquí, que a cambio de cantidades que oscilaban entre los 1500 y 3000 euros, acudían junto a ellas y los recién nacidos al Registro Civil de Melilla manifestando que eran los padres biológicos.
De esta manera los menores obtenían automáticamente el certificado de nacionalidad con el que sus madres les solicitaban la documentación española, DNI o pasaporte, hecho que, por otro lado, les permitía a ellas iniciar los trámites para conseguir su autorización de residencia por circunstancias excepcionales como progenitor de menor de nacionalidad española.
La regularización de la situación de madres e hijos permitía, además, la posibilidad de solicitar con posterioridad la reagrupación familiar para los verdaderos padres de los menores, normalmente ciudadanos de un tercer estado sin documentación para acceder al espacio Schengen.
Las pesquisas llevadas a cabo por los agentes han arrojado un total de 117 personas implicadas en esta trama, entre las que hay madres de recién nacidos, padres ficticios e intermediarios. Para desmantelar la trama se ha desarrollado un operativo policial a nivel nacional en el que han participado más de 150 agentes, logrando la detención de 51 personas en Melilla y 28 más en la península, a las que se les imputan delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, falsedad documental y pertenecía a organización criminal. Para las otras 38 personas se han dictado órdenes de búsqueda y detención.
Revocación de nacionalidades
Tras estos hechos, la Delegación del Gobierno en Melilla va a iniciar los trámites administrativos necesarios para la extinción de las autorizaciones de residencia de las madres de los menores y se ha instado a la Fiscalía de Melilla para que se adopten las medidas oportunas con el fin de revocar la nacionalidad española de los menores.