El fichaje del capitán Juan Vicente Bonilla por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y la denuncia del teniente Juan Sánchez Yepes ante el juez Santiago Pedraz han reavivado la sospecha de que un núcleo de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil actúa como «UCO patriótica», filtrando datos y abriendo investigaciones prospectivas para desestabilizar al ejecutivo de Pedro Sánchez y apuntalar la estrategia del Partido Popular, según una investigación desarrollada por El Plural
Contexto de la investigación
La alarma saltó el 18 de mayo de 2025 cuando ElPlural.com publicó que Moncloa teme la existencia de una red policial paralela tras comprobar el ascenso de Bonilla —ex jefe de Fuentes Humanas de la UCO— a gerente de Seguridad del Servicio Madrileño de Salud. El nombramiento se produjo el 31 de octubre de 2023 con un sueldo anual de 84.268 euros.
Ese movimiento confirmó la línea principal de la denuncia que el teniente Yepes había registrado a finales de marzo en el Juzgado Central de Instrucción n.º 5: la existencia de un grupo interno, bautizado «UCO patriótica», que —siempre según el denunciante— habría direccionado atestados, ocultado pruebas y filtrado expedientes con el fin de beneficiar al Partido Popular.
Cuatro elementos que alimentan la sospecha
- Filtraciones selectivas a medios conservadores (37 errores y omisiones detectó la Abogacía del Estado en un informe sobre la Fiscalía General).
- Investigaciones prospectivas con objetivos políticos —casos Kitchen y Koldo como precedentes.
- Contravigilancia a dirigentes socialistas, incluida la promoción de un supuesto informe «demoledor» contra Santos Cerdán adelantado por Telemadrid (16 de mayo).
- Cobertura política explícita: José María Aznar animó en 2024 a «utilizar cualquier técnica» con su frase «El que pueda hacer, que haga», y el portavoz popular Miguel Tellado prometió «todos los medios» para «acabar con este Gobierno».
La denuncia que pone nombre a la «UCO patriótica»
En su escrito de 44 folios (pieza secreta 12/2025), el teniente Yepes declara que Bonilla y otros agentes accedían sin autorización a bases de datos internas de la Guardia Civil y elaboraban informes ad hoc para alimentar procedimientos oportunamente filtrados. Entre los delitos que enumera figuran organización criminal, prevaricación, cohecho y revelación de secretos.
«Ocultaban información crítica y programaban diligencias para favorecer al Partido Popular», sostiene el denunciante, que aporta capturas de chats y listados de búsquedas en SIGO y ASIS.
El hilo económico: Gaslow y Mena Energy
Una investigación paralela, destapada por Estrella Digital el 9 de abril de 2025, conecta a Bonilla y Yepes con los empresarios de hidrocarburos Gaslow y Mena Energy. Un informe reservado detalla pagos de 1,2 millones en comisiones y describe cómo la UCO habría presionado para expulsar a competidores mediante atestados «de encargo».
El papel de la Comunidad de Madrid
Bonilla, puente entre Ayuso y la UCO
El boletín oficial de Defensa número 84 (2 de mayo 2023) registró el paso de Bonilla a servicios especiales, un estatus que facilita la contratación en la Administración autonómica sin perder la condición de guardia civil. Ese puente habría mantenido contactos operativos con el GOIC (Grupo de Obtención de Información Centralizada) —nuevo nombre del histórico Grupo Fuentes—, corazón de la investigación de delitos económicos de la UCO.
Fuentes del Ejecutivo madrileño defienden que «cumple con los requisitos legales» y niegan funcionamiento irregular alguno. Sin embargo, en Moncloa se interpreta el fichaje como palanca de influencia sobre investigaciones sensibles que afectan a figuras del PP y de su entorno.
Voces internas de la Guardia Civil
Diversos mandos consultados por ElPlural —bajo anonimato— admiten «preocupación por los errores involuntarios repetidos» y por la «hipótesis verosímil” de una cadena de mando paralela. Citan, entre otros ejemplos, la filtración de un borrador de denuncia contra la presidenta madrileña y la difusión anticipada de un correo del novio de Ayuso.
Reacciones políticas y sociales
- PSOE y Sumar han solicitado en el Congreso la creación de una comisión de investigación sobre actuaciones irregulares de unidades de élite de la Guardia Civil.
- PP y Vox tildan la acusación de «cortina de humo» para tapar el caso Koldo; recuerdan que las diligencias están «bajo secreto”.
- Sindicatos policiales como AUGC reclaman «transparencia total» y piden a Interior que refuerce la unidad de Asuntos Internos.
- ONG de derechos humanos alertan de un «riesgo sistémico» si fuerzas de seguridad se emplean con fines partidistas.
Qué está en juego
Riesgos institucionales
- Neutralidad de la Guardia Civil.
- Confianza ciudadana en las investigaciones de alto nivel.
- Competencia leal en sectores estratégicos —energía, licitaciones públicas— si se confirman los nexos empresariales.
Preguntas pendientes
- ¿Ordenará el juez Pedraz una pieza separada específica sobre la «UCO patriótica”?
- ¿Cuántos agentes activos o en excedencia colaboran con Bonilla?
- ¿Existió coordinación directa con dirigentes nacionales del PP o se circunscribe al ámbito madrileño?
- ¿Cómo se financiaba la presunta estructura (puestos, comisiones, contratos)?
Próximos pasos judiciales
El magistrado ha citado para finales de junio y julio a Bonilla, a tres mandos de Asuntos Internos y a dos peritos en ciberseguridad. Anticorrupción solicitará entonces la posible apertura de pieza separada y la adopción de cautelares (retirada de pasaporte y prohibición de contacto con testigos).
«Si los peritajes avalan la autenticidad de los chats y las trazas de acceso, hablaremos de algo más grave que malas prácticas: se podría abrir una línea por organización criminal», avanza un fiscal consultado.
Lo que falta por esclarecer
| Ámbito | Situación actual |
|---|---|
| Escrito íntegro de Yepes | Sigue bajo secreto; sólo se conocen fragmentos y conclusiones. |
| Trazas de acceso a bases de datos | Pericial pendiente; clave para probar revelación de secretos. |
| Imputaciones políticas | Ninguna formal; la denuncia habla de «presiones», no de órdenes escritas. |
| Dimensión económica | Necesaria auditoría de contratos y flujos de fondos vinculados a Gaslow y Mena Energy. |
Conclusiones provisionales
- Convergencia política y económica. La denuncia y las últimas exclusivas revelan un entramado donde intereses partidistas y beneficios empresariales convergen en la actuación de un grupo reducido de guardias civiles.
- La Comunidad de Madrid es la bisagra. El paso de Bonilla al SERMAS constituye la pieza documental que conecta la actividad policial con el poder autonómico.
- El riesgo sistémico exige controles. La credibilidad de los cuerpos de seguridad y del sistema judicial depende de transparentar los hechos y depurar responsabilidades si las pruebas se confirman.
- La investigación periodística empuja el proceso. Sin las filtraciones contrastadas por ElPlural y Estrella Digital, parte de la trama seguiría oculta. La continuación de ese trabajo será esencial para la rendición de cuentas.
