Greenpeace España ha hecho pública este 8 de abril de 2020 una reflexión sobre la necesidad de evitar las medidas que provocaron el aumento de la desigualdad y la exclusión social, el desprecio a la protección de la salud ambiental o la pérdida del liderazgo en sectores como el de las energías renovables, tras la crisis económica de 2008.
En un documento titulado «De la Gran Recesión a la crisis del COVID-19: lecciones aprendidas», Greenpeace hace un breve recorrido por la respuesta gubernamental a la «Gran Recesión», que se produjo tras la debacle económica y social provocada por la quiebra de Lehman Brothers y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria en España.
“Aunque la actual crisis provocada por la pandemia y la anterior crisis de 2008 tienen desencadenantes diferentes y son de naturaleza distinta, la gran amenaza a la que nos enfrentamos en las próximas semanas y meses es que los sectores más vulnerables de la sociedad vuelvan a ser los que paguen los platos rotos”, ha señalado Miguel Ángel Soto, portavoz de Greenpeace España.
El documento hace un recorrido por los recortes en políticas sociales y ambientales; el hachazo a las energías renovables y aplazamiento de la transición energética; la desprotección del territorio y destrucción de la biodiversidad y mala gestión de los recursos hídricos; el olvido de la economía circular en favor del beneficio empresarial y de exonerarlos de su responsabilidad como productores de residuos; las ruinosas infraestructuras de transporte sin justificación económica ni social; la marginación del mundo rural; el rescate a las entidades financieras y olvido de las personas; y la aprobación de las leyes mordaza como respuesta a la contestación social.
Según este informe, además de los recortes de servicios públicos como sanidad o educación, las partidas presupuestarias destinadas al medio ambiente se recortaron en un 56,5 por ciento en los Presupuestos Generales del Estado, con el resultado de la falta de financiación para la protección medioambiental, el abandono de políticas de mejora de la gestión de los recursos del litoral, hídricos, forestales o pesqueros; y la precarización de colectivos, como la guardería forestal o los bomberos forestales.
En el sector energético, los recortes retroactivos, moratorias e impuestos, llevaron a que el sector de las energías renovables en España pasara de ocupar el primer puesto mundial en crecimiento, en liderazgo industrial y know how, en exportación de tecnologías, bienes y servicios, a encontrarse con un bloqueo regulatorio y económico que llevó a la destrucción y parón en seco del sector, con el posterior “impuesto al sol”.
Este parón y caos regulatorio supuso pasar de los 142 000 empleos en 2008 a 74 000 en 2017 (la mitad), con sus correspondientes implicaciones sociales y económicas directas sobre la balanza fiscal y comercial, por la altísima dependencia energética del exterior en combustibles fósiles que alcanzó el 81 por ciento.
Entre otras medidas ruinosas que se promovieron durante la burbuja, y bajo unas previsiones de demanda sobreinfladas, figuran la construcción de aeropuertos sin aviones y autopistas radiales sin tráfico de vehículos. Estas obras innecesarias, disfrazadas de impulso económico, fueron un gran favor a nuestras grandes empresas constructoras. Pero en 2014, bajo la gran recesión, el Gobierno tuvo que presentar un plan de rescate de las autopistas radiales de peaje, lo que supuso un coste para las arcas públicas de 3400 millones de euros.
Estas inversiones aumentaron, además, la dependencia del coche en el conjunto del país, agravando los problemas de congestión y calidad del aire que sufren las ciudades, y que suponen enormes costes sanitarios y en forma de sanciones europeas por exceso de contaminación atmosférica.
Otra de las enseñanzas de la pasada crisis es que una vez tomadas las decisiones, como la aprobación de la «ley mordaza» con las reformas del código penal y la ley de seguridad ciudadana, cuesta mucho recuperar las libertades perdidas, por lo que sería conveniente mesurar las medidas actuales que recortan los derechos civiles en nombre de la seguridad.
Sostiene Miguel Ángel Soto que «la reconstrucción económica y social no puede ser un retorno al status quo. Ahora toca poner a las personas y el planeta en el centro. Necesitamos un impulso renovado a la transición energética, la descarbonización de la economía, cambios profundos en las cadenas de valor, con nuevos objetivos en los sistemas de transporte, financiero, agroalimentario, etc. El dinero público debe de ser invertido para comenzar una transformación hacia una sociedad en los que nos cuidemos las personas en el marco de la asunción de los límites planetarios y el justo reparto de los recursos».
Y agrega que «si la actual crisis está enseñando algo, es la importancia de disponer de un buen sistema de salud público, el papel estratégico de colectivos y sectores antes marginados en presupuestos y políticas y hoy ensalzados por sostener a la población durante la crisis».
En consecuencia, Greenpeace valora las medidas de choque tomadas por el Gobierno en los últimos días para amortiguar el golpe en los trabajadores, empresas o los alquileres de las viviendas, y considera necesaria la aprobación de un ingreso mínimo vital que garantice la seguridad a todas las personas.
Considera positivo también «aunque todavía insuficiente», que se impida la interrupción de suministros energéticos y de agua en todos los hogares mientras se prolongue el estado de alarma, y que se extienda la cobertura del bono social eléctrico a trabajadores autónomos que hayan cesado su actividad o que hayan reducido su facturación en un 75 por ciento como consecuencia del brote del COVID-19.
Y recuerda que sigue pendiente una profunda reforma del modelo de bono social para que sea una herramienta efectiva de protección y prevención de la pobreza energética.
