Una demanda presentada por la empresa estadounidense Energy Transfer contra Greenpeace ha escalado a un nivel crítico, con el jurado del condado de Morton en Dakota del Norte, EEUU, solicitando una indemnización superior a los 660 millones de dólares.
La disputa tiene implicaciones para la libertad de expresión y el derecho a la protesta, fundamentales en la lucha medioambiental, y Greenpeace ha decidido recurrir al sistema judicial europeo para defender su causa.
En juego derechos fundamentales
El veredicto emitido por el jurado estadounidense condena a Greenpeace Internacional y a sus filiales en Estados Unidos a pagar más de 660 millones de dólares a Energy Transfer.
Esta demanda forma parte de una serie de acciones judiciales impulsadas por grandes corporaciones contra organizaciones medioambientales, con el objetivo de silenciar la disidencia y las protestas pacíficas.
Energy Transfer, una de las principales compañías de energía en EEUU, demandó a Greenpeace por su oposición al oleoducto Dakota Access, un proyecto que generó una fuerte resistencia por parte de las comunidades indígenas y activistas medioambientales.
Según Greenpeace, estas demandas son un claro ejemplo de lo que se conoce como «SLAPP» (Stratégic Lawsuit Against Public Participation), un tipo de litigio que busca intimidar y agotar los recursos de las organizaciones sin ánimo de lucro a través de elevados costos legales.
Greenpeace responde con la legislación europea
A pesar de la derrota en el tribunal estadounidense, Greenpeace ha recurrido a los tribunales europeos para defender su derecho a la protesta y denunciar el abuso de poder por parte de las grandes corporaciones.
En febrero de 2025, Greenpeace Internacional presentó una demanda ante los tribunales de los Países Bajos, basándose en la Directiva anti-SLAPP de la Unión Europea, que protege a las organizaciones de la sociedad civil frente a litigios abusivos.
Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España, indica que «es un momento triste para el activismo y la desobediencia civil, pero este veredicto no es el final de nuestra lucha. Vivimos tiempos oscuros, pero ahora Greenpeace es más necesario que nunca».
La importancia de la lucha contra los SLAPP
Los casos de SLAPP no son aislados. Otras grandes petroleras, como Shell, Total y ENI, han intentado utilizar el sistema judicial para sofocar las críticas y las protestas en contra de sus actividades.
Greenpeace ha logrado defenderse exitosamente en algunos de estos litigios. Por ejemplo, en 2024, la organización ganó un caso contra TotalEnergies en Francia, y en diciembre de 2024, logró que Shell retirara una demanda similar en el Reino Unido.
La directora ejecutiva de Greenpeace International, Mads Christensen, expresó su preocupación por el creciente uso de los tribunales como herramienta de represión: «Estamos presenciando un desolador regreso a la práctica imprudente que alimentó la crisis climática, profundizó el racismo ambiental y priorizó las ganancias de los combustibles fósiles por encima de la salud pública y un planeta habitable», afirmó.
El impacto global de las demandas SLAPP
Este tipo de demandas no solo tiene un impacto económico, sino también un efecto psicológico y estratégico en las organizaciones sociales. El propósito de las SLAPP es claro: desgastar a los activistas y a las organizaciones medioambientales hasta que se vean obligados a abandonar su lucha.
Sin embargo, organizaciones como Greenpeace siguen luchando por defender los derechos fundamentales, como la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica, que son esenciales para la democracia.
Sushma Raman, directora ejecutiva de Greenpeace USA, también destacó la gravedad de la situación: «Todo esto forma parte de un renovado impulso por parte de las grandes corporaciones para utilizar nuestros tribunales como arma y silenciar la disidencia. Todos deberíamos estar preocupados por el futuro de la Primera Enmienda y por demandas como esta, cuyo objetivo es destruir nuestro derecho a la protesta pacífica y la libertad de expresión».
La resistencia de Greenpeace ante las amenazas corporativas
Greenpeace ha dejado claro que no se rendirá ante las amenazas legales de las grandes corporaciones. Con el apoyo de la legislación europea y la solidaridad de miles de personas en todo el mundo, la organización sigue luchando por un futuro en el que el medio ambiente y los derechos humanos sean prioritarios frente a los intereses económicos de las grandes empresas.
En este contexto, el juicio contra Greenpeace por parte de Energy Transfer resalta la importancia de defender la libertad de expresión y el derecho a la protesta en todos los rincones del mundo. La batalla legal está lejos de terminar, y Greenpeace continuará luchando en los tribunales y en las calles para garantizar un futuro más justo y sostenible para todos.
