La Comisión Europea ha presentado oficialmente un controvertido plan para etiquetar el gas fósil y la energía nuclear como sostenibles en el marco del reglamento sobre la taxonomía, iniciativa que la responsable de la campaña de finanzas sostenibles de Greenpeace en la UE, Ariadna Rodrigo, califica de «intento de robo»
«Me gustaría denunciar un intento de robo, por favor. Alguien está intentando quitar miles de millones de euros a las energías renovables y destinarlos a tecnologías que o bien no hacen nada para combatir la crisis climática, como la nuclear, o bien empeoran activamente el problema, como el gas fósil. La persona sospechosa está en la sede de la Comisión Europea y se ha disfrazado de alguien a quien hay que tomar en serio en la crisis del clima y la naturaleza».
Este plan incentivaría cientos de miles de millones de euros en inversiones privadas que se alejarían de las energías limpias como las renovables para dirigirse al gas fósil, agravando la crisis climática, o a la energía nuclear.
Además de producir residuos radiactivos peligrosos e inmanejables, los reactores nucleares tardan tanto en construirse que no pueden entrar en funcionamiento lo suficientemente rápido como para contribuir a alcanzar los objetivos climáticos de la UE para 2030, que según los científicos son necesarios para evitar los peores efectos de la crisis climática.
Para Meritxell Bennasar, responsable de Taxonomía en Greenpeace España, «la Comisión Europea está socavando la credibilidad de la taxonomía europea y en definitiva del Pacto Verde, y todo por razones políticas».
«Esta propuesta es contraria a la ciencia y es una burla a las pretensiones de liderazgo mundial de la UE en materia de clima y medio ambiente. La inclusión del gas y la energía nuclear en la taxonomía es cada vez más difícil de explicar como otra cosa que un regalo a dos industrias desesperadas con poderosos amigos políticos, y representa el mayor ejercicio de lavado verde de todos los tiempos», denuncia Greenpeace.
La Plataforma de Financiación Sostenible, un organismo formado por más de cincuenta expertos del mundo empresarial, académico y de la sociedad civil que asesora a la Comisión Europea sobre su agenda verde, afirma en su respuesta oficial que las disposiciones sobre energía nuclear, especialmente los residuos radiactivos, violan un principio clave de la taxonomía que pretende garantizar que cualquier tecnología incluida «no perjudique significativamente» seis objetivos medioambientales de la UE.
El Grupo de Inversores Institucionales sobre el Cambio Climático, cuyos miembros representan más de cincuenta billones de euros en activos bajo gestión, también ha dicho que las propuestas de la Comisión sobre el gas «canalizarían el capital hacia actividades no compatibles con el compromiso de la UE de neutralidad climática para 2050».
Los abogados ambientalistas de la ONG Client Earth han dicho que la inclusión en la taxonomía del gas fósil, la principal fuente de emisiones energéticas de Europa, sería incompatible con varias leyes de la UE, incluida la Ley del Clima de 2021. Al parecer, varios gobiernos y organizaciones están planeando impugnar la inclusión del gas y la energía nuclear en la taxonomía.
Criterio de los eurodiputados
El plan de la Comisión se enfrentará a una reacción inmediata por parte de los eurodiputados, a los que se ha excluido del proceso y se les ha negado la posibilidad de examinar este controvertido paquete hasta ahora.
El plazo para que se produzca una votación en el europarlamento sobre este asunto es de cuatro meses, aunque Meritxell Bennasar indica que podría extenderse a seis meses, y la aprobación o denegación de la propuesta será en bloque, a pesar de que las presiones para la inclusión de estas energías en la taxonomía tiene dos orígenes: Francia apoya la inclusión de la nuclear y Alemania el gas fósil.
Greenpeace pide a los eurodiputados que voten en contra de esta propuesta. Se necesita una mayoría del Parlamento Europeo de 353 eurodiputados, para rechazarla.
Greenpeace también pide a todas las instituciones financieras de la UE que no clasifiquen las inversiones en energía nuclear y gas como ambientalmente sostenibles, y que sean transparentes y se basen en la ciencia a la hora de tomar decisiones de inversión en energía y clima.
