Las centrales sindicales Confederación General del Trabajo de Grecia (GSEE) y la Confederación de Sindicatos de Empleados Públicos (Adedy) han convocado una huelga general este miércoles, 9 de abril, que ha paralizado el país.
Bajo el lema ‘O sus ganancias o nuestras vidas’, es la tercera huelga general de 24 horas en algo más de tres meses, convocada tanto para el sector público como el privado, con el objetivo de exigir aumentos salariales y medidas contra la carestía general de la vida.
No hay vuelos y los barcos de pasajeros permanecen amarrados en los puertos. Tampoco circulan trenes ya que a las movilizaciones se han sumado los trabajadores ferroviarios, quienes, dos años después del trágico accidente de trenes de febrero de 2023 que causó la muerte de 57 personas, siguen exigiendo medidas para garantizar la seguridad en la vía férrea.
El metro y los tranvías de Atenas realizan itinerarios solo durante siete horas para permitir así el desplazamiento de las personas que asistan a las manifestaciones en el centro de la capital.
«Trabajo con derechos para vivir con dignidad», señalan pancartas que enarbolan los manifestantes llegados a la plaza Klafthmonos, desde donde tienen previsto marchar hacia el Parlamento griego. También se esperan movilizaciones en otras urbes.
Durante las últimas semanas, delegados sindicales han recorrido el país llamando a sumarse a la convocatoria a la clase trabajadora griega.
Los sindicatos exigen incrementos salariales sustanciales, el retorno a una jornada laboral de 35 horas semanales repartidas en cinco días, y la derogación de leyes que han flexibilizado el mercado laboral, como la reciente ampliación a una semana de seis días en ciertos sectores.
También reivindican la adopción de medidas «concretas» para atajar la carestía generalizada y la crisis de la vivienda.
Una de las razones más significativas de este paro general es precisamente la pérdida de poder económico de los trabajadores en un contexto económico muy difícil que lleva arrastrándose desde hace décadas.
Grecia ocupa el segundo puesto más bajo en la Unión Europea (UE), en cuanto a poder adquisitivo salarial, (datos Eurostat en 2024) solo superando a Bulgaria.
No obstante, el Gobierno heleno que preside el conservador Kyriakos Mitsotakis, anunció recientemente su decisión unilateral, sin consulta con los interlocutores sociales, un insuficiente aumento del salario mínimo (880 euros) de cincuenta euros. Una decisión que, según los sindicatos, dista mucho de garantizar un nivel de vida digno.
Casi dos décadas después de la crisis financiera de 2008 que afectó considerablemente a la población griega, de la ulterior y terrorífica intervención de la Troika (UE, BCE y FMI), el grueso de los trabajadores griegos se encuentran en condiciones laborales precarias, que aún no han recuperado de manera sustancial sus derechos laborales ni su poder adquisitivo.
Durante los años de la crisis financiera que afectó a Grecia entre 2010 y 2018, los salarios se recortaron hasta un 40 %.
Aunque la austeridad ha terminado oficialmente, sus consecuencias estructurales siguen profundamente arraigadas en la gobernanza del mercado laboral.
El Instituto Laboral de la GSEE constata que la clase trabajadora del país se ha visto obligada a reducir su consumo en un 10% de media con respecto al año anterior. El 60% de los trabajadores no pueden cubrir sus gastos mensuales de manutención; el 90% está recortando el consumo de alimentos básicos y el 50% de los inquilinos gasta más del 40 % de sus ingresos familiares en alquiler y calefacción.
