En un controvertido retroceso de los derechos laborales, el gobierno conservador de Grecia ha aprobado[1] una legislación que impone nuevamente la jornada laboral de seis días a la semana en ciertos sectores económicos.
Esta medida contrasta con las negociaciones en España y otras partes de Europa que buscan precisamente la reducción de la jornada laboral, generando una fuerte oposición interna y preocupación por sus impactos sociales y económicos.
El presidente de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, y la ministra de Trabajo, Niki Kerameus, argumentan que la extensión de la jornada laboral es necesaria para abordar la escasez de mano de obra y aumentar la flexibilidad en varios sectores económicos. Aseguran que esta medida contribuirá a revitalizar la economía griega y a mejorar la competitividad del país en el ámbito europeo.
Sin embargo, esta decisión ha suscitado dudas significativas sobre los derechos laborales de los trabajadores que no acepten voluntariamente la ampliación de la jornada. La ley no especifica claramente las protecciones para aquellos que opten por no participar en esta medida, lo que podría llevar a situaciones de coerción o represalias laborales.
La actual situación debe entenderse en el contexto de los ajustes macroeconómicos impuestos por la Troica europea entre 2010 y 2018. Durante ese período, Grecia fue obligada a implementar reformas estructurales severas para recibir ayuda financiera, incluidas recomendaciones para extender la jornada laboral como una forma de aumentar la productividad y reducir el desempleo.
A pesar de estos argumentos, existen serias dudas sobre la efectividad de la ampliación de la jornada laboral para resolver los problemas económicos de Grecia. La emigración de más de medio millón griegos entre 2010 y 2022 ha exacerbado la escasez de personal cualificado en sectores clave, forzando al país a regularizar inmigrantes ilegales para cubrir la demanda laboral.
Además, la medida podría tener efectos colaterales negativos, como un mayor coste fiscal si los nuevos salarios superan los tramos actuales del IRPF, incrementando la carga impositiva sobre los trabajadores y las empresas.
La derecha política y empresarial europea ha mostrado su apoyo a la legislación griega, presentándola como un modelo a seguir para mejorar la competitividad económica.
No obstante, esta postura entra en contradicción con las tendencias progresistas en otros países, como España, donde se están implementando medidas para reducir la jornada laboral y mejorar la calidad de vida de los trabajadores.
En conclusión, mientras Grecia adopta una postura regresiva en cuanto a derechos laborales, otros países europeos exploran alternativas más progresistas que podrían ofrecer soluciones más sostenibles a largo plazo.
- Fuente: análisis original de Jens Bastián, miembro del Centro de Estudios Turcos Aplicados (CATS) de la Fundación Ciencia y Política (SWP) en Berlín publicado en IPG Journal.
