La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) mantiene una campaña bajo el lema «La vivienda es un derecho, no un negocio», con el objetivo de denunciar la grave situación del acceso a la vivienda en la capital y grandes municipios de la región, y exigir medidas urgentes a las administraciones públicas.
La iniciativa se enmarca en el contexto de la creciente especulación inmobiliaria, el aumento desmedido de los precios de alquiler y la falta de vivienda pública, problemáticas que afectan especialmente a los sectores más vulnerables de la sociedad madrileña.
La FRAVM, que agrupa a más de 280 asociaciones vecinales de Madrid, lleva años al frente de la lucha por los derechos sociales en la capital, y uno de los temas que más preocupa a la entidad es la vivienda.
En un contexto en el que los precios de alquiler y compra se han disparado, muchas familias madrileñas enfrentan dificultades para encontrar una vivienda digna y asequible. Según datos recientes, el 90 por ciento de los hogares en Madrid no pueden permitirse adquirir una vivienda a precio de mercado, mientras que los alquileres han alcanzado cifras históricas.
Este panorama ha generado una creciente sensación de precariedad habitacional. En este sentido, la FRAVM subraya que la vivienda no puede ser vista como una mercancía más en el mercado, sino como un derecho humano fundamental.
«La vivienda es un derecho, no un negocio», enfatizan en su campaña, que busca movilizar a la ciudadanía y presionar a las autoridades locales y autonómicas para que adopten medidas que garanticen el acceso a una vivienda digna y asequible para todos.
Entre las reivindicaciones que la FRAVM incluye en su campaña, destaca la exigencia de una mayor inversión en vivienda pública.
Actualmente, Madrid se sitúa muy por debajo de otras grandes ciudades europeas en cuanto al porcentaje de vivienda social disponible, lo que agrava la crisis habitacional.
Según la federación, el parque de vivienda pública en la Comunidad de Madrid no llega al uno por ciento, mientras que en ciudades como Viena o Ámsterdam este porcentaje supera el veinte por ciento.
Alquiler disparatados
Asimismo, la organización vecinal reclama la regulación del mercado de alquiler, con la implementación de medidas que frenen la especulación y protejan a los inquilinos frente a los abusos.
La FRAVM aboga por la declaración de zonas de mercado tensionado, una medida que el Gobierno central ha puesto en marcha pero que ha sido rechazada por la Comunidad de Madrid.
Esta medida permitiría limitar las subidas de alquiler en áreas donde los precios han crecido de manera desproporcionada, como ocurre en distritos como Centro, Chamberí o Salamanca, donde los alquileres han aumentado más del treinta por ciento en los últimos cinco años.
El fenómeno de la gentrificación, que ha expulsado a muchos vecinos de los barrios históricos de Madrid debido al incremento de los precios, es otra de las preocupaciones de la federación.
En barrios como Lavapiés, Malasaña o La Latina, la llegada de inversiones especulativas, la proliferación de viviendas turísticas y la falta de regulación efectiva han provocado una transformación radical del tejido social.
La FRAVM señala que esta dinámica no solo expulsa a las familias trabajadoras, sino que también debilita la cohesión social y la identidad de los barrios.
Para contrarrestar este proceso, la federación propone la creación de mecanismos de control y supervisión del mercado de alquiler turístico, similar a la propuesta que el Gobierno central ha anunciado recientemente, que incluye la obligatoriedad de un número de identificación para las viviendas de alquiler turístico y la creación de una Ventanilla Única Digital para su gestión.
Además, insisten en la necesidad de fomentar formas alternativas de acceso a la vivienda, como el cooperativismo en cesión de uso, un modelo que ha demostrado ser eficaz en otros países europeos y que podría tener un impacto positivo en Madrid.
La campaña «La vivienda es un derecho, no un negocio» también llamad a la movilización social. La FRAVM ha convocado una serie de manifestaciones y acciones de protesta para visibilizar el problema habitacional y exigir soluciones, como la multitudinaria celebrada el pasado 13 de octubre en la capital.
En definitiva, la FRAVM plantea un modelo de ciudad donde el derecho a la vivienda esté garantizado y se priorice el bienestar de las personas por encima de los intereses económicos.
La federación confía en que la presión social consiga revertir la situación y que las autoridades locales y autonómicas tomen las medidas necesarias para garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible en Madrid.
