Emmanuel Macron, aislado en su Palacio del Eliseo, ha alcanzado el récord de ser hoy el presidente-monarca más detestado de la quinta república, superando incluso al ya olvidado Nicolas Sarkozy. La previsible crisis social, política e institucional ha estallado y el Consejo Constitucional deberá pronunciarse en los próximos días sobre la legitimidad de la acción presidencial, al aprobar por decreto una contra reforma de las pensiones sin voto del parlamento.
El presidente de los multimillonarios se encuentra hoy aislado en su propio país y aislado a nivel internacional, ya que la brutal violencia policial ordenada por él circula con pruebas fotográficas y videos a través del mundo entero. Los medios informativos dominantes y sus «editorialistas» al servicio de Macron, no logran ya disimular o ignorar la información que llega hasta Europa, Australia o los Estados Unidos.
La confluencia de luchas sobre reivindicaciones sociales y ecológicas múltiples que parecía difícil hace todavía algunos meses ha sido ahora posible como respuesta a la actitud antidemocrática del gobierno y del jefe del Estado, con la abusiva utilización del 49’3 y de la violencia policial como única respuesta al movimiento sindical unitario.
Defensa del sistema de pensiones, lucha contra la inflación galopante e incontrolada, contra el aumento del precio del carburante, defensa del Estado de derecho y sus instituciones frente a la impunidad de la violencia policial, lucha de la juventud, estudiantes y trabajadores contra la precariedad, pero también las reivindicaciones ecologistas contra los efectos de la crisis climática y la guerra del agua que alcanzó un punto culminante en la reciente manifestación de Sainte Soline.
El 25 de enero en una manifestación de 25.000 personas en Sainte Soline, centro oeste de Francia, contra la construcción de una mega cuenca de agua, la represión policial ha provocado más de cuatrocientos heridos, varios en estado grave, dos manifestantes en estado de coma y un tercero mutilado de una mano por la explosión de una granada.
La desproporcionada violencia policial pone de nuevo sobre el tapete la cuestión de la disolución de la BRAV, los llamados voltigeurs, equipados esta vez con vehículos motorizados estilo Mad Max.
La lucha contra la privatización del agua y por las reivindicaciones ecológicas se ha incorporado así con fuerza y determinación a este movimiento social global en curso que reclama a gritos hoy la dimisión del autoritario Emmanuel Macron.
En las manifestaciones de este 28 de marzo en París, como en otras ciudades, hemos asistido de nuevo a escenas de incontrolada violencia policial, ilustradas ampliamente en internet. De la misma manera la represión es la única respuesta del gobierno a los piquetes de huelga que se refuerzan y radicalizan.
Al optar por la represión policial contra el movimiento social, ecológico y sindical, Macron se opone hoy al ochenta por ciento de los franceses que según los sondeos de opinión sostienen hoy la lucha contra su proyecto de las pensiones. Según un sondeo Odoxa, setenta por ciento de los franceses piensan que es el gobierno el que tiene la culpa de los desbordamientos y violencias en las manifestaciones.
La doctrina de «mantener el orden» de Macron y Darmanin es condenada unánimemente en Francia y en Europa por todas las organizaciones de defensa de los derechos humanos.
Mientras Macron apuesta por la conocida formulación de «Yo o el caos», su ministro del interior, Gerald Darmanin, tiende la mano a la extrema derecha en el Parlamento, matizando la diferencia entre la ultraderecha y la extrema derecha. Olvidando la presidencial consigna «todos contra Le Pen» que llevo a su reelección, el jefe del Estado y su gobierno han pasado ahora a tender la mano a una alianza evidente con Le Pen y la extrema derecha.
Un representante de la patronal francesa, Geoffroy Roux de Bezieux, entrevistado por France Info el lunes 27 de marzo, ha estimado incluso, en su voluntad de no ceder a las reivindicaciones de la intersindical que «la eventual llegada al poder de Le Pen, aprovechándose de la situación, es un riesgo necesario».
La respuesta es, sin equívocos, que la patronal prefiere a los neofascistas en el poder, antes que ceder a la presión del movimiento social. La alianza Macron Le Pen ya no es una hipótesis, es una realidad en el Parlamento y en la doctrina de «mantenimiento del orden establecido», así como en su futuro proyecto de ley sobre la inmigración.
