Por tercera noche consecutiva ha estallado la rebelión en barrios populares y numerosas ciudades de Francia. La declaración del toque de queda y el envío de miles de policías no ha impedido la extensión de la violenta protesta contra la violencia policial tras la muerte del joven Nahel, cuando un policía le disparó a bocajarro en un control de tráfico el pasado 27 de junio 2023.
El policía que mató de un tiro a bocajarro a Nahel, de diecisiete años, argumentó que se trató de un caso de negarse a obedecer (refus d’obtemperer), pero un video amateur ha permitido restablecer la verdad sobre lo sucedido, las amenazas de muerte proferidas por el policía y su falsa versión de los hechos.
El choque provocado en la opinión pública por la difusión de ese video ha obligado al presidente Macron, quien se encuentra hoy en Bruselas y debe regresar para presidir una reunión de crisis después de que 667 personas hayan sido detenidas en los disturbios de la pasada noche, a calificar los hechos de «inexplicables e injustificados».
Los abogados de la familia del joven Nahel reclaman justicia y piden que los policías responsables de este crimen sean juzgados por «homicidio voluntario». El policía que mató a Nahel ha sido detenido, lo que es bastante raro, pues en general los policías, aún procesados, se benefician de libertad condicional.
Como analiza Basta, medio informativo independiente en Internet, lamentablemente no se trata de un hecho aislado. Desde el 2017, en que bajo la presidencia de Hollande el gobierno de Bernard Cazeneuve promulgó una ley autorizando el uso de un arma letal si el policía consideraba su vida en peligro, se han multiplicado las victimas en manos de la policía por «negarse a obedecer». La libre interpretación de esa ley por los elementos más ultraderechistas de la policía francesa ha abierto la caja de pandora de las más variadas violencias policiales desproporcionadas e injustificables.
Con Emmanuel Macron, y su ministro del interior Gerald Darmanin, la situación se ha agravado todavía más pues ambos han acelerado la criminalización de toda protesta social y sindical, haciendo crecer las alas y las pretensiones de la ultraderecha racista en el seno de la policía. De la represión contra los gilets jaunes, contra las manifestaciones sindicales en la movilización contra la ley de pensiones, a la violenta represión contra el movimiento ecologista, Macron y su gobierno han dado luz verde a la violencia policial y al sindicato ultraderechista minoritario en el seno de la policía nacional.
Como analiza Basta, en 2021 y 2022, se han multiplicado de forma exponencial el número de víctimas de la violencia policial desproporcionada, aunque la violencia policial, y la discriminación racial en los barrios populares periféricos son por desgracia una realidad desde hace muchos años.
Hace ya veintiocho años, en 1995, el cineasta Mathieu Kassovitz denunciaba esa situación en su película «La haine» (el odio). Desde entonces los «errores» (bavures) policiales se han sucedido regularmente, mientras que la policía y los gobiernos sucesivos niegan sistemáticamente esa violencia policial racista. En escasas ocasiones han prosperado los procesos iniciados contra los policías responsables de crímenes deliberados o no, lo que alimenta un sentimiento justificado de rebelión contra la impunidad.
Veinte años atrás la muerte a manos de la policía de dos adolescentes, Zyed y Bouna, en Clichy sous bois, periferia de París, provocó una verdadera insurrección en 2005 en los barrios populares. La chispa ha vuelto a hacer estallar el polvorín este 27 de junio de 2023, con la muerte de Nahel.
Violentos incidentes se han señalado en numerosas localidades periféricas: Nanterre, Suresenes, Geanvilliers, Colombes, Asnieres, Villeneuve, Clichy, Courbevoie, Mantes la Jolie, Montfermeil, Mureaux, Vitry, Argenteuil, Colmar. La situación era todavía muy tensa este jueves 29 de junio, en que se ha celebrado en Nanterre una multitudinaria marcha blanca en memoria del joven Nahel.
EL gobierno de Macron, que ha acentuado en los últimos meses su derechización y su acercamiento con la ultraderecha en el parlamento, se encuentra ahora atrapado por el odio racista de los neofascistas cada vez más activos, pero se ve obligado a condenar lo que aparece como una ejecución sumaria e injustificada, para evitar la confluencia entre la insurrección de los barrios periféricos con las luchas sociales y ecológicas en curso.
Mientras Macron llama a la calma y al apaciguamiento, la oposición de izquierdas y las organizaciones que defienden las libertades públicas y los derechos humanos, se han solidarizado con la familia de Nahel, reclamando justicia y reparación.
Como ha destacado Jean Luc Melenchon, este crimen, como antes las muertes de Steve, Adama, Fraisse, Chouviat, o Redouanne, plantea la necesidad de una completa refundación de la policía nacional, para acabar con el cáncer racista y neofascista de una minoría que la gangrena.
