La nueva legislatura acaba de empezar en Francia y la extrema derecha neofascista que obtuvo dos vicepresidencias del parlamento gracias a los diputados macronistas y LR, ha enviado de vuelta el ascensor al abstenerse en el voto de censura presentado por la oposición de izquierdas contra el Gobierno de Elisabeth Borne.
El RN (ex frente nacional neofascista) que se proclamaba «primera fuerza parlamentaria de oposición a Macron», muestra en realidad el más absoluto desprecio por su propio electorado al servir de muleta al gobierno minoritario de Elisabeth Borne.
Macron y su gobierno solicitando el apoyo tácito de los neofascistas para evitar la dimisión han consumado el idilio entre la política neoliberal de Emmanuel Macron y la política neofascista de Marine Le Pen en materia de seguridad e inmigración.
Durante los cinco últimos años la política de Macron en interior y justicia ha estado marcada por su porosidad con la extrema derecha muy implantada en el seno de la policía nacional. De los 89 diputados RN en el parlamento, cuatro son policías, revela hoy Le Canard Enchainé. Según recientes estadísticas sobre la tipología del electorado en Francia, 69 por ciento de la policía nacional vota a favor de la extrema derecha.
El titular de interior Darmanin, quien en sus debates con Le Pen, estimaba «demasiado floja» la política represiva de su interlocutora, acaba de hacer una declaración o propuesta inmediatamente aplaudida por la extrema derecha: «Expulsar de Francia a todo extranjero que haya cometido actos graves». Marine Le Pen ha saludado con satisfacción esta mano tendida por Darmanin.
En el parlamento la izquierda reconstruida entorno a la Unión Popular es hoy la primera fuerza de oposición y de combate social y ecológico contra la política de austeridad de Macron al servicio de los lobbies y de las multinacionales.
El trabajo desplegado por los diputados de Nupes es colosal y se extiende a todos los ámbitos. Propuestas para bloquear los precios y yugular la inflación, aumentar los salarios y las pensiones, hacer pagar la crisis a los millonarios del CAC 40, contra la evasión fiscal, contra el liberticida pase sanitario, en defensa de los servicios públicos y del derecho del trabajo, que Macron busca destruir con lobbies en favor de Uber, o con gabinetes privados americanos como Mckinsey, destinados a reemplazar las competencias del Estado nación.
Las revelaciones de los diarios Le Monde, y The Guardian, sobre la implicación de Macron en el lobby de apoyo a Uber para desregular el mercado del trabajo en Francia, vienen a confirmar sus intenciones. De la misma manera el escándalo Mckinsey, y el recurso masivo a gabinetes privados norteamericanos para reemplazar las competencias del Estado, o antes la venta de Alsthom a General Electric, muestran que Macron defiende los intereses de las multinacionales contra el propio Estado francés.
La legislatura de los «godillots» (2017/2022) ha sido reemplazada por un parlamento en el que las palabras debate y oposición, todavía tienen sentido. El gobierno de Macron, privado de mayoría absoluta, descubre lo que significa la democracia parlamentaria, y se ve obligado a avanzar paso a paso, pidiendo permiso antes a la derecha LR y a los neofascistas del RN.
El poder absoluto de Macron está fisurado y su gobierno no obtendrá siempre la autorización de sus «aliados». Ejemplo el voto la pasada noche sobre el pase sanitario, en el que el gobierno pedía un cheque en blanco a la oposición para decidir en solitario, ha sido rechazado por el voto de la izquierda, del LR y del RN.
Si la lucha parlamentaria de la izquierda es muy útil y ejemplar, no cabe duda de que va a ser necesaria una poderosa movilización social fuera del parlamento para oponerse a la anunciada política de destrucción del derecho laboral, de los servicios públicos, del sistema de jubilaciones y de seguridad social, que Macron va a intentar hacer pasar proyecto por proyecto, a sabiendas de que no dispone de mayoría absoluta y es hoy el rehén de ochenta diputados neofascistas a los que pretendía combatir.
Las organizaciones sindicales, con excesiva timidez, anuncian manifestaciones para el mes de septiembre una vez pasado el periodo veraniego. Este 14 de julio, son los «gilets jaunes» los que han anunciado ya su movilización y las huelgas por aumentos salariales se multiplican. El gobierno Macron persiste en su política de «limosnas» para los más necesitados, pero rechazando el aumento del salario mínimo, mientras la inflación aumenta provocada por la especulación.
