El Gobierno ha aprobado este 6 de abril de 2021 en Consejo de Ministros un acuerdo, que debe ser ratificado por la Conferencia Sectorial de Igualdad, por el que autoriza la ejecución por las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, del Plan España te Protege contra las Violencias Machistas, destinado a la creación de servicios de atención integral veinticuatro horas a víctimas de violencia sexual.
Los centros serán puestos en marcha gracias a la financiación del Plan de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, con un importe inicial este año de 19,8 millones de euros, llegando a una inversión total de 66 millones.
Para la ministra de Igualdad, Irene Montero, este es «el primer paso para que nuestro país cuente con Centros de Atención Integral las veinticuatro horas del día para las mujeres víctimas de violencias sexuales y lo haremos de la mano de las Comunidades Autónomas».
De esta forma, ha afirmado, «cumplimos con el Convenio de Estambul para la lucha contra la violencia contra las mujeres y con la Ley de Libertad Sexual, que incluye la creación de estos centros», y con el «mandato de proteger a todas las víctimas de todas las violencias machistas, lanzando un mensaje claro a todas las mujeres de este país: os creemos, no estáis solas».
Los centros de atención a víctimas de violencia sexual veinticuatro horas atenderán a mujeres mayores de dieciséis años víctimas y supervivientes de violencia sexual, tanto si la violencia se ha producido de forma reciente, como en el pasado. Para acceder a ellos, no será necesaria la interposición de una denuncia y el enfoque estará centrado en la víctima y superviviente. El trabajo en estos centros, se adaptará a las demandas, tiempos y necesidades de las víctimas y las personas profesionales del centro tendrán formación especializada en género, enfoque de género, derechos humanos, interseccionalidad, violencia contra las mujeres, violencias sexuales, trauma, crisis y emergencia.
Estándares internacionales
Los estándares internacionales de derechos humanos establecen que los estados tienen el deber de poner a disposición de las víctimas de todas las formas de violencias sexuales recursos y servicios especializados en violencia sexual para ofrecer información, atención integral, acompañamiento a las instituciones (policiales, sanitarias, judiciales, de servicios sociales, etc.) y asistencia jurídica especializada.
En este sentido, el Convenio de Estambul establece en su artículo veinticinco la obligación de «permitir la creación de centros de ayuda de emergencia para las víctimas de violaciones y de violencias sexuales, apropiados, fácilmente accesibles y en número suficiente, para hacerles un reconocimiento médico y médico forense, y darles un apoyo vinculado al traumatismo y consejos».
El Grupo de Expertos en la lucha contra la Violencia contra la mujer y la violencia doméstica (GREVIO), ya recomendó al Gobierno en el primer informe de evaluación llevado a cabo en España a «tomar medidas que establezcan un número suficiente de centros de ayuda de emergencia para las víctimas de violencia sexual».
Con el objetivo de adaptar la normativa europea a las recomendaciones del grupo de expertas del GREVIO, el Anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual ya recoge en su artículo 32 el derecho a la atención integral especializada: «Las mujeres víctimas de violencias sexuales tienen derecho a una atención de emergencia y crisis y de recuperación en el largo plazo que les ayude a superar las consecuencias físicas, psicológicas, sociales o de otra índole derivadas de la violencia».