Las familias de más de 350 viviendas de San Fernando de Henares que han sufrido grietas desde que se inaugurara la línea 7B de Metro se concentraron este 9 de septiembre 2021 ante la sede del Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso para pedir un «plan integral de intervención y realojo» porque están «muy asustadas porque las grietas van a más y la Comunidad de Madrid no pone remedio».
«La presidenta de la Comunidad de Madrid no puede seguir escondiendo la cabeza como un avestruz ante un problema tan grave como este. En una Comunidad verdaderamente libre cuando unos ciudadanos y ciudadanas sufren un daño ese daño es resarcido, y si ese daño ha sido generado por una administración pública, esa administración debe hacerse cargo, debe dar la cara, [y en este caso] se debe sentar con los alcaldes de San Fernando de Henares y de Coslada y coordinar las diferentes áreas de Gobierno para buscar las soluciones que resuelvan el problema».
De esta manera se expresaba Quique Villalobos, presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), que lleva diez largos años apoyando la justa lucha de estos hogares, ante la sede del Ejecutivo autonómico.
En la concentración estuvieron también el alcalde de San Fernando de Henares, Javier Corpa, varios concejales de la corporación municipal, así como representantes de CCOO, UGT y diputados de formaciones de izquierda de la Asamblea de Madrid.
«Son múltiples las viviendas afectadas, tres de ellas están actualmente desalojadas, y probablemente se tengan que desalojar más viviendas en fechas próximas, dado que no sólo el problema persiste después de tantos años, sino que se agrava mientras la Comunidad de Madrid no da una solución definitiva a un problema que la propia Comunidad de Madrid generó, por una pésima gestión de la ampliación de la Línea 7b Metro. Desde que se construyó la línea, más de 350 viviendas han sufrido grietas en sus casas», sostiene la plataforma en un comunicado que ha hecho público esta mañana durante su protesta.
«Actualmente,-continúa el manifiesto- las viviendas cercanas al pozo de ventilación, en el entorno de la calle Rafael Alberti, están en una situación muy grave y con un gran riesgo. Algunas viviendas han tenido que ser desalojadas y es preocupante la situación de otras. Las obras que están siendo acometidas actualmente por el Gobierno regional en el entorno del pozo de ventilación han puesto en evidencia nuevas afecciones y, además, han agravado otras existentes, siendo prioritaria intervención urgente, puesto que nuestras vecinas y vecinos tienen miedo y están muy asustados/as porque las grietas van a más y la Comunidad de Madrid no pone remedio. Tienen las paredes, el suelo y el techo con enormes grietas y temen que se les pueda caer encima, suponiendo un máximo riesgo para su salud y sus vidas. El suelo de sus casas se desplaza y muchas puertas se encajan y no abren bien. Cada vez hay más daños en las casas, se caen los baldosines, las ventanas se descuadran y no encajan, se rajan las paredes. Hay vecinos que han abandonado sus viviendas y los que siguen tienen miedo de que un día se les caiga la casa encima. Hay que sumar que además de afectar a los vecinos y vecinas que residen en las viviendas afectadas, hay negocios que tienen que cerrar su actividad económica por el riesgo de derrumbe que tienen en sus locales».
A pesar de la gravedad de esta situación y de las reiteradas peticiones del alcalde de San Fernando y la plataforma de afectados, la presidenta Isabel Díaz Ayuso, aún no se ha reunido con el regidor, y las actuaciones de la Consejería de Transportes e Infraestructuras han resultado completamente insuficientes para resolver el problema. Un buen número de viviendas sigue con desperfectos desde hace años y las actuales obras de consolidación de la red de Metro a su paso por San Fernando de Henares están generando nuevas grietas y otros daños.
Por todo ello, la plataforma de afectados ha reclamado un «plan integral de intervención y realojo de forma gradual y adaptativa, ajustándose siempre a las necesidades concretas de los afectados».
Y han indicado que «en vista de lo sucedido durante los últimos años, los vecinos no están dispuestos a asumir medidas parciales de ningún tipo» por lo que solicitan «un paquete de indemnizaciones por los daños físicos y psicológicos causados tras más una década de abandono institucional y mala praxis por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid».