El Juzgado de lo Social número 29 de Madrid ha sentenciado a favor de una empleada del Ayuntamiento de Aranjuez, revocando las modificaciones no justificadas de sus funciones impuestas por el gobierno local. La directora de Medio Ambiente, activa miembro de la ejecutiva comarcal de CCOO y delegada de prevención, ha sido protegida judicialmente frente a acciones que se consideran acosadoras por parte del concejal del Partido Popular (PP) José González Granados.
Desde junio de 2020, cuando González Granados asumió la responsabilidad del Área Municipal de Medio Ambiente, la trabajadora ha experimentado una campaña de desvalorización y obstrucción, motivada por diferencias políticas y sindicales. Esta situación escaló hasta el punto de requerir la activación en tres ocasiones del protocolo de acoso del municipio, debido a la continua degradación de sus condiciones laborales y el traslado forzoso a una dependencia lejana.
El sindicato CCOO de Madrid ha expresado su repudio ante estas acciones, catalogándolas de inaceptables y exigiendo la renuncia del concejal implicado. A su vez, el sindicato ha denunciado la falta de acción por parte del ayuntamiento ante las sentencias judiciales firmes que ordenan la restitución de las condiciones de trabajo de la afectada.
La situación de la trabajadora se agravó con el archivamiento de sus denuncias y la falta de seguimiento del protocolo de acoso establecido, llevando a la Inspección de Trabajo a proponer una sanción al Ayuntamiento de Aranjuez por violaciones graves al Estatuto de los Trabajadores.
El caso de la directora de Medio Ambiente de Aranjuez pone en relieve la tensión entre las obligaciones laborales y los derechos de los empleados frente a las dinámicas de poder político, instando a una reflexión sobre la importancia de los mecanismos de protección contra el acoso en el ámbito laboral y la necesidad de cumplimiento de las decisiones judiciales.
