Amnistía Internacional ha hecho público un informe que pone de manifiesto que la aplicación policial de las medidas de confinamiento por la COVID-19 en toda Europa ha afectado desproporcionadamente a las minorías étnicas y los grupos marginados, que han sufrido actos de violencia, controles de identidad discriminatorios, cuarentenas forzosas y multas.
El informe la Actuación policial durante la pandemia abarca doce países europeos y pone al descubierto una inquietante tendencia a los prejuicios raciales relacionada con la preocupación por el racismo institucional presente en las fuerzas policiales de Bélgica, Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, España, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Rumania, Reino Unido y Serbia.
El informe refleja asimismo otros motivos de preocupación más generales planteados en las protestas del movimiento «Black Lives Matter» (La vida de las personas negras importa).
«La violencia policial y la preocupación por el racismo institucional no son cuestiones nuevas, pero la pandemia de la COVID-19 y la aplicación coercitiva de las consiguientes medidas de confinamiento han sacado a la luz su grado de extensión», ha afirmado Marco Perolini, investigador de Amnistía Internacional sobre Europa Occidental, quien considera que «Europa debe abordar urgentemente la triple amenaza de la discriminación, el uso ilegítimo de la fuerza y la impunidad policial».
Discriminación policial contra minorías étnicas
La aplicación policial de las medidas de confinamiento ha afectado desproporcionadamente a las zonas más empobrecidas, que a menudo cuentan con una mayor proporción de población perteneciente a minorías étnicas. En Sena-Saint-Denis, la zona más empobrecida de Francia continental y habitada mayoritariamente por personas negras o de origen norteafricano, el número de multas por incumplir el confinamiento triplicó el del resto del país, pese a que las autoridades locales manifestaron que las medidas de confinamiento se habían respetado allí igual que en otras zonas. En Niza, un barrio mayoritariamente habitado por personas de clase obrera y etnias minoritarias se vio sometido a toques de queda nocturnos más prolongados que el resto de la ciudad.
El uso ilegítimo de la fuerza por parte de la policía se produjo con frecuencia durante los controles de identidad y las operaciones de dar el alto y registrar que formaban parte de las medidas de confinamiento aplicadas policialmente.
En Reino Unido, uno de los pocos países europeos en los que se recopilan datos desglosados étnicamente sobre la aplicación de la ley, la policía de Londres registró entre marzo y abril de 2020 un incremento del 22 por ciento en las operaciones de dar el alto y registrar. En ese periodo, el porcentaje de población negra que fue sometida a operaciones de registro aumentó aproximadamente un 33 por ciento.
El proyecto Evidence Lab de Amnistía Internacional verificó treinta y cuatro vídeos de toda Europa que mostraban que la policía utilizó la fuerza de forma ilegítima, y en muchos casos totalmente innecesaria.
Violencia policial en España y Francia
En un vídeo publicado en Internet el 29 de marzo 2020 puede verse a dos agentes encargados de hacer cumplir la ley dar el alto a un joven, aparentemente de ascendencia norteafricana, en una calle de Bilbao (España). Pese a que el joven no parece representar amenaza alguna para ellos, los agentes lo empujan con violencia y lo golpean con una porra. Mientras los dos agentes mantienen al hombre inmovilizado contra la pared con las manos a la espalda, la madre del joven aparece y les dice a los agentes de policía que su hijo tiene problemas de salud mental. Un agente la golpea entonces con la porra y, luego, tres de ellos la reducen en el suelo.
Según el análisis llevado a cabo por Amnistía Internacional, los agentes encargados de hacer cumplir la ley no utilizaron el mínimo de fuerza necesaria y, de hecho, es cuestionable que fuera necesario algún tipo de fuerza absoluta. Algunas de las personas del vecindario que grabaron el vídeo fueron multadas por el «uso no autorizado» de imágenes de miembros de las fuerzas de seguridad.
En otro vídeo aparece Samir, un ciudadano egipcio de veintisiete años residente en Francia desde hace diez, que salta al río Sena en Île-Saint-Denis (Francia) tras haber sido perseguido por la policía el 26 de abril de 2020. Se oye a los agentes de policía utilizar un término despectivo para referirse a la población árabe (“bicot”) y burlarse de él, y un agente le dice a otro: «Deberías haberle atado un peso al tobillo». Posteriormente, Samir fue golpeado por los agentes en el furgón policial y estuvo retenido bajo custodia. No llegó a ser acusado de delito alguno, pero recibió la orden de abandonar el país. Los dos agentes identificados fueron suspendidos por los insultos racistas.
Asentamientos romaníes sometidos a cuarentenas militarizadas
En una demostración de discriminación contra la población romaní de Bulgaria y Eslovaquia, los gobiernos de estos dos países declararon cuarentenas obligatorias en los asentamientos romaníes. En Eslovaquia, además, las autoridades encargaron a las fuerzas armadas que las hicieran cumplir. En este sentido, Amnistía Internacional considera que no es adecuado que las fuerzas armadas apliquen medidas de salud pública, y que estas fuerzas deben utilizarse únicamente en situaciones de aplicación de la ley en las que haya un motivo claro que muestre que los agentes de policía resultan insuficientes. En los casos en cuestión no existe tal motivo.
Durante las cuarentenas obligatorias impuestas en Bulgaria, más de cincuenta mil personas romaníes quedaron aisladas del resto del país y sufrieron graves carencias de alimentos. Una encuesta reveló que los ingresos medios de los barrios romaníes disminuyeron un 61 por ciento entre marzo y mayo de 2020.
En Burgas, las autoridades emplearon drones con sensores térmicos para tomar a distancia la temperatura de la población residente en asentamientos romaníes y controlar sus movimientos. De igual forma, las autoridades de la localidad de Yambol utilizaron aviones para «desinfectar» el barrio romaní, donde se había declarado un brote de la COVID-19 y donde se aplicó una estricta cuarentena que continuó incluso después de que se levantara el estado de excepción en el resto del país.
Medidas contra los campos de persona refugiadas y migrantes
Las personas solicitantes de asilo, refugiadas y migrantes que viven en campos y alojamientos compartidos también han sido objeto de cuarentenas selectivas en Alemania, Chipre y Serbia, y de desalojos forzosos en Francia y Grecia.
Por ejemplo, bajo el estado de excepción declarado en Serbia, las autoridades impusieron un régimen especial en el que los centros gubernamentales que acogían a personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo fueron objeto de medidas específicas. Estos centros quedaron así sometidos a una estricta cuarentena las veinticuatro horas del día, mientras el ejército controlaba su cumplimiento del toque de queda.
«El gobierno debe poner fin a las cuarentenas obligatorias y los desalojos forzosos de las personas romaníes, refugiadas y migrantes que viven en asentamientos y campos informales. En lugar de ello, debe proteger el derecho a la vivienda y a la salud de todas las personas», ha afirmado Barbora Černušáková, investigadora de Amnistía Internacional sobre Europa Oriental.
Personas sin hogar
Las personas en situación de falta de vivienda también soportaron medidas punitivas durante el confinamiento. En Italia, la ONG Avvocato di Strada recopiló al menos diecisiete casos en los que personas sin hogar recibieron multas por no poder cumplir las medidas relativas al autoaislamiento y las restricciones de circulación. En Francia, España y Reino Unido, los agentes encargados de hacer cumplir la ley impusieron multas a decenas más de personas sin hogar.
«Las autoridades deben abordar la preocupación por el racismo institucional, los prejuicios raciales y la discriminación en la policía que han caracterizado su respuesta a la pandemia de COVID-19. Es hora de que esas prácticas cesen y de que Europa se enfrente al racismo que tiene en casa», ha añadido Barbora Černušáková.
