Los ministros de Justicia de España y Francia, Juan Carlos Campo y Éric Dupont-Moretti, han firmado este 15 de marzo de 2021 un convenio de doble nacionalidad, en el marco de la Cumbre Franco-Española que ha reunido a los presidentes y a varios ministros de ambos países.
Campo ha puesto de relieve que el convenio de doble nacionalidad «salda una deuda histórica con el exilio republicano y refuerza los derechos de ciudadanía de nuestros compatriotas en el marco de la UE» porque supone «la consolidación de las libertades europeas» y «que los ciudadanos españoles, allí, y los franceses, aquí, mejoren sus condiciones en el país de residencia».
El ministro francés, por su parte, ha resaltado que «el convenio tiene una dimensión simbólica, por una parte, para los exiliados españoles y, por otra, será muy bien recibido por la comunidad francesa».
La declaración conjunta firmada también incide en este asunto: «Gracias a este convenio muchos ciudadanos, franceses y españoles, sumando ambas nacionalidades, podrán, de ahora en adelante, demostrar su vínculo con sus dos naciones y dar fe de los fuertes vínculos que nos unen».
Cooperación en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado
Otro de los temas destacados en la reunión bilateral ha sido la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. Tanto Dupont-Moretti como Campo han estado de acuerdo en calificar de ejemplar la cooperación en esta materia y han reiterado su determinación de seguir haciéndolo a este «altísimo nivel».
En la declaración se recuerda «la ejemplaridad en la lucha contra el terrorismo de ETA» y se valora la trascendencia de cooperar en la lucha contra el terrorismo, de cualquier origen, en particular el terrorismo yihadista. «Es necesario fortalecer la cooperación y evitar esas situaciones que tanto sufrimiento producen», ha dicho el ministro español.
Ambos ministros han puesto en valor la actividad de la ORGA, en España, y la AGRASC, dos oficinas dedicadas a la recuperación y gestión de activos, mediante la incautación de bienes, en el ámbito de la delincuencia organizada. «Su papel es recuperar activos para devolver a la sociedad lo que la criminalidad le ha sustraído», ha dicho el ministro Campo.
Por otro lado, los ministros han insistido en que es clave «mantener una cooperación ambiciosa, recurriendo cada vez más a instrumentos europeos de asistencia penal, tales como los equipos conjuntos de investigación».
Transformación digital de la Justicia
El segundo tema destacado por los dos ministros ha sido la transformación digital de la Justicia, que calificaron como «un objetivo común y prioritario». Para ello, han explicado que van a reforzar la cooperación. Los fondos Next Generation, de los que disfrutarán los dos países, permitirán la consecución de los objetivos de transformación digital de la Justicia.
A pesar de que los ministros no han podido tratar en el encuentro todos los temas de la agenda, han querido incluir en la declaración conjunta la cuestión de la cooperación europea en dos asuntos importantes relacionados con la investigación de los delitos: la prueba electrónica y la retención de datos.
La Declaración pone de manifiesto que ambos países son partidarios de buscar una solución a nivel europeo, ambiciosa, eficaz y respetuosa de los derechos fundamentales, en la lucha contra la criminalidad. Por una parte, consideran que deberían establecerse mecanismos de cooperación sencillos y operativos en lo que se refiere a la prueba electrónica que «permitan a las autoridades de investigación reunir pruebas decisivas».
Por otra, valoraron la gran importancia que tiene contar con los datos de conexión en la investigación de delitos que, debido a diversa jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ahora no cuenta con legislación que la soporte. Por esa razón, han insistido en «la necesidad de permitir una amplia conservación de estos datos», limitando el acceso a éstos «lo estrictamente necesario para garantizar una lucha eficaz contra el terrorismo y contra cualquier otro tipo grave de delincuencia».
