Los datos constatados sobre espionaje a periodistas que aparecen en el sumario del caso Villarejo/BBVA han motivado la reacción de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), que condenan esta práctica por suponer un ataque a la libertad de acceso a las fuentes y poner en riesgo la transparencia informativa.
Las asociaciones destacan la especial gravedad de esas intervenciones sobre correos y llamadas entre periodistas y empleados del banco, así como pinchazos de los teléfonos móviles, efectuados de forma sistemática durante cerca de un década, tal como refleja el sumario.
Para las asociaciones se trata de una forma de actuar que pone en riesgo la correcta relación entre empresas y medios de comunicación, así como el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a ser informado de todo ciudadano: «con este tipo de actitudes se busca influir en la información que llega a lectores, inversores, accionistas y mercados, con el objetivo de sacar provecho para algunos directivos».
Las asociaciones profesionales exigen a las compañías que respeten el trabajo de los periodistas y subrayan que sus directores de comunicación deben mantenerse vigilantes para favorecer que la información que generan sea veraz y transparente.
Y concluyen con una declaración de confianza en la Justicia y en que las autoridades supervisoras determinarán las responsabilidades que puedan derivarse de este caso.