Greenpeace sostiene que el Acuerdo de Asociación entre la UE y los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay), que complementa al Acuerdo de Libre Comercio firmado entre ambos bloques el año pasado, dejaría el pacto bilateral sin cláusulas sancionables que obliguen a ambas partes a respetar los compromisos de protección medioambiental ni los adquiridos en el Acuerdo de París, según documentos filtrados que muestran, además, la posible creación de órganos y procedimientos de toma de decisión que operan fuera del escrutinio democrático.
La filtración afecta a un documento de negociación (no público y fechado el 18 de junio de este año) del Acuerdo de Asociación UE-Mercosur, que establece las condiciones bajo las cuales cualquiera de las partes podría sancionar a la otra o suspender el acuerdo. Pero en ninguna parte en estas condiciones existe el requisito de respetar los compromisos para hacer frente a la emergencia climática o para proteger la naturaleza, dos preocupaciones centrales identificadas por los críticos del acuerdo comercial, dada la destrucción continua de la selva amazónica, los humedales del Pantanal, los bosques del Gran Chaco y otros ecosistemas en los países del Mercosur.
«En estos documentos solo se recoge la idea de que ‘sería bueno’ que se protegiera el medioambiente, algo que no está a la altura y debe ser desechado», ha declarado Miguel Ángel Soto, portavoz de Greenpeace España, para quien «la mera omisión de mecanismos de sanción por incumplimiento de los compromisos adquiridos, para detener la destrucción de la naturaleza y abordar la crisis climática, muestra la poca consideración que este acuerdo tiene hacia los retos globales a los que nos enfrentamos. Así, el acuerdo UE-Mercosur aceleraría la destrucción de la Amazonía, desatando el caos climático y aniquilando innumerables especies. En el siglo veintiuno, los acuerdos comerciales deben incluir, en su núcleo, mecanismos vinculantes de protección de las personas y la naturaleza”.
Tanto antes como después de la aprobación del Acuerdo de Libre Comercio, en 2019, gobiernos y parlamentos europeos han mostrado sus reservas ante los impactos derivados que tendría. El gobierno de Austria ha expresado una fuerte oposición al acuerdo; Irlanda demanda cláusulas vinculantes en materia de protección ambiental; el presidente francés, Macron ha afirmado que el acuerdo debe estar en línea con el Acuerdo de París y no contribuir a una mayor deforestación y ha recordado que los productos agrícolas importados desde el Mercosur han de cumplir con la normas sanitarias y medioambientales de la UE; en Bélgica, Valonia ha mostrado su preocupación por el impacto en la agricultura familiar y de tipo ecológico; y Luxemburgo quiere compromisos adicionales en la lucha contra el cambio climático y la deforestación. Incluso algunos miembros del gobierno alemán han expresado su preocupación por el acuerdo en relación con la deforestación actual en el Amazonas, aunque Alemania parece decidida a impulsarlo. Los agricultores europeos también se han unido para oponerse al acuerdo.
Lejos de estas declaraciones y preocupaciones de otros países y líderes europeos, el gobierno de coalición de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias sigue apoyando la firma de este acuerdo, a pesar de que en mayo de 2018 la Ejecutiva Federal del PSOE aprobó unos Principios para los Acuerdos Comerciales en los que, expresamente, condiciona estos tratados a la firma del Acuerdo de París y a la inclusión de salvaguardas en materia de derechos laborales, de género, de lucha contra la corrupción y el blanqueo de capitales, etc. Precisamente, el pasado martes 6 de octubre, los eurodiputados españoles del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo se abstuvieron durante una votación sobre este acuerdo. Pese a su abstención, la enmienda, en cuyo texto se decía que “el acuerdo EU-Mercosur no se puede aprobar en su estado actual”, fue apoyada por la mayoría de los europarlamentarios.
«El PSOE nos tiene acostumbrados a convertir estos principios en papel mojado. Desde que Pedro Sánchez es presidente de Gobierno ha dado su apoyo a los acuerdos comerciales entre la UE y Japón, Singapur, EEUU (más conocido como TTIP 2.0.) y con los países del Mercosur» ha declarado Miguel Ángel Soto, portavoz de Greenpeace España.
El acuerdo de asociación fomenta las inversiones del sector financiero, incluido el Banco Europeo de Inversiones, pero no es necesario que estas inversiones cumplan con los criterios de sostenibilidad, lo que deja la puerta abierta a la financiación para la agricultura industrial que daña el clima y la destrucción de hábitats naturales vitales(1).
Próximos pasos para UE-Mercosur
Antes de que pueda comenzar el proceso de aprobación, debe corregirse y traducirse a todos los idiomas de la UE. Este proceso ha estado en marcha durante varios meses. A continuación, la Comisión Europea debe presentar una propuesta para que el Consejo decida firmar el acuerdo. Esto podría hacerse a la mayor brevedad, en el Consejo de Asuntos Exteriores (Comercio) del 9 de noviembre de 2020. Dado que el acuerdo comercial forma parte del Acuerdo de Asociación, esto requerirá la aprobación unánime del Consejo antes de que pueda pasar al Parlamento Europeo para su aprobación.
Sin embargo, los documentos filtrados también revelan que el Acuerdo de Asociación UE-Mercosur crea estructuras que se encuentran fuera de los procesos democráticos y excluye al Parlamento Europeo y a los parlamentos nacionales de la toma de decisiones. Según el texto negociado, si se escinde el Acuerdo de Asociación del Acuerdo de Libre Comercio, el ‘Consejo de Asociación’ y los ‘Comités de Asociación’ del acuerdo tienen el poder de adoptar decisiones e interpretaciones vinculantes del acuerdo sin un escrutinio democrático ni la participación de la UE y los parlamentos nacionales.
Para Greenpeace, los acuerdos de comercio e inversión deben tener en cuenta los límites planetarios, garantizando el uso equitativo, sostenible y responsable de los recursos naturales(2). Estos acuerdos deben defender el principio de «quien contamina paga», garantizando que la sociedad no tenga que pagar los costes medioambientales del comercio y la inversión. También deben ser propuestos, negociados, acordados y revisados de manera transparente y democrática, y no de la forma en que lo están llevando a cabo las instituciones europeas. Además, deben reforzar y no erosionar la agenda internacional de protección del clima, la biodiversidad, el trabajo digno y los derechos humanos.
Notas:
- Sobre los impactos esperados en caso de firmarse el acuerdo, en julio de 2019 Greenpeace ya denunció que el acuerdo comercial UE-Mercosur agravará la destrucción ambiental.
- Greenpeace, 2018: 10 principios para los acuerdos de comercio.
