Un informe de Greenpeace y Liberties analiza las restricciones llevadas a cabo en varios países de la Unión Europea (UE) en los meses de primavera, cuando la pandemia provocada por la COVID-19 obligó a imponer medidas restrictivas en prácticamente todos los países europeos, y señala cómo que en algunos países se pudo ir a los bares pero no manifestarse pacíficamente.
La investigación relativa a España la ha llevado a cabo Rights International Spain (RIS), miembro fundador de Liberties, y muestra cómo los Gobiernos de la UE han impuesto restricciones desproporcionadas a las libertades cívicas, así como obstaculizado el activismo, la protesta pacífica y la participación democrática[1].
Más de la mitad de los Gobiernos de la UE no han logrado salvaguardar el derecho de las personas a reunirse o protestar pacíficamente. Por ejemplo, en Bélgica, mientras que las tiendas y los centros comerciales pudieron reabrir en mayo y los bares y restaurantes en junio, la prohibición absoluta de las reuniones no se revisó hasta julio.
Varios Gobiernos han restringido el acceso público a la información y la participación en la toma de decisiones, como Alemania, Países Bajos, Polonia, Rumanía, Eslovenia y España. Algunos fueron incluso más allá y también tomaron medidas drásticas contra el derecho a la libertad de expresión, con Hungría y Rumania como los ejemplos más asombrosos.
En España, solo durante el estado de alarma se han impuesto más de un millón de sanciones al amparo de la ley mordaza, y el informe destaca la falta de claridad a la hora de autorizar o prohibir concentraciones. Por ejemplo, con motivo del 1 de mayo, se permitió una «manifestación de coches» en Zaragoza mientras se prohibía una similar en Vigo. Las redes sociales también han sido objeto de un control excesivo, que incluso ha llevado a la detención de personas por publicar chistes sobre la pandemia.
«Los derechos fundamentales como la libertad de expresión, asociación y acceso a la información brindan a las personas las herramientas que necesitan para garantizar que los Gobiernos actúen en su mejor interés. No solo cuando se enfrentan a una crisis de salud pública, sino también para abordar la crisis climática y ecológica, el mayor desafío de nuestro tiempo. Es responsabilidad de la Comisión Europea y de los Estados como el español actuar de forma determinante para promover y proteger la calidad de las democracias europeas, empleando, si fuese necesario, los mecanismos sancionadores disponibles en relación a los Gobiernos que limitan gravemente estos derechos y libertades», ha declarado Javier Raboso, portavoz de la campaña de Democracia de Greenpeace.
Por su parte Eirene de Prada, investigadora de RIS ha declarado que «uno de los aspectos más preocupantes observados durante el estado de alarma decretado en España es el abuso de una Ley como la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana que acumula severas críticas por parte de organismos nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos. El uso de la conocida como ley mordaza durante la vigencia del estado de alarma -que el gobierno del PSOE y Unidas Podemos se había comprometido a reformar previamente a la pandemia- ha provocado un aluvión de multas por desobediencia a la autoridad y de identificaciones de ciudadanos -en algunos casos acudiendo a técnicas rechazables de perfil étnico- que infringen los derechos fundamentales de la ciudadanía y cuyo abuso y desproporción no quedan amparadas por el estado de alarma».
Tanto Greenpeace como Liberties exigen que la Comisión Europea refleje estas preocupantes violaciones de los derechos fundamentales en el informe sobre el Estado de derecho que se espera que publique en los próximos días[2].
El informe destaca que en muchos países de la UE, las restricciones relacionadas con la pandemia son simplemente las últimas de una serie de medidas para obstruir la participación pública[3].
«Pedimos a todas las instituciones de la UE que actúen con urgencia para restaurar y promover la participación pública en la democracia, de modo que las personas puedan garantizar que sus gobiernos respondan y trabajen para ellos en todo momento, incluso durante una pandemia», ha concluido García Raboso.
Notas:
- (1) El informe se basa en una investigación específica en Alemania, los Países Bajos, Rumanía, Eslovenia y España, así como en fuentes públicas.
El período de referencia para la investigación se extiende desde el momento en que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró una pandemia mundial a principios de marzo hasta finales de julio de 2020.
La investigación dirigida fue realizada por German Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF), Dutch Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM), Asociación Rumana para la Defensa de los Derechos Humanos – Comité de Helsinki (APADOR-CH), Instituto Esloveno para la Paz – Instituto de Relaciones Sociales Contemporáneas. y Estudios Políticos en Eslovenia y Rights International Spain (RIS). - (2) Se espera que la Comisión publique su primer informe anual sobre el Estado de derecho a finales de septiembre. Según la Comisión, su objetivo es “supervisar los acontecimientos importantes, tanto positivos como negativos, relacionados con el Estado de derecho en los Estados miembros”.
- (3) Libertades (mayo de 2020), la UE tiene muchas herramientas sobre la mesa para promover los derechos y la democracia – Informe Libertades; Unidad de Greenpeace para la UE (mayo de 2020), Erosión del espacio de la sociedad civil en la UE.