El Consejo de Ministros, en sesión extraordinaria celebrada este 25 de octubre de 2020, ha aprobado la declaración del estado de alarma inicial de quince días, extensible a seis meses cuando el Gobierno presente la solicitud al Parlamento el próximo martes, para responder ante la situación de especial riesgo causada por la COVID-19 en España.
El plazo de seis meses se considera necesario, en base a criterios científicos y recomendaciones de los expertos, para empezar a superar tanto la segunda ola actual de la pandemia como su etapa más dañina, informa La Moncloa.
El estado de alarma se configura como la disposición legal que permite fijar limitaciones de movilidad y de contactos de tal modo que las comunidades autónomas que lo consideren necesario puedan aplicarlo con pleno amparo constitucional.
La declaración responde a la petición de diez comunidades autónomas: Euskadi, Asturias, Extremadura, La Rioja, Cataluña, Navarra, Cantabria, Comunidad Valenciana, Castilla-la Mancha, Baleares y la Ciudad Autónoma de Melilla, tras la propuesta del Gobierno de España.
Los presidentes y presidentas autonómicos serán las autoridades competentes delegadas en sus respectivos territorios, y podrán decidir el nivel de aplicación de las medidas de este Decreto según su situación.
Limitación de la circulación
Se estable la prohibición general de la movilidad nocturna entre las 23:00 horas y las 06:00 horas de la mañana, pudiendo cada comunidad autónoma modular su inicio entre las 22:00 y las 00:00 horas y su fin entre las 5:00 y las 7:00 de la mañana. Su aplicación será para todo el país salvo para Canarias, debido a su mejor situación epidemiológica.
En ese periodo, solo será posible la circulación por causas justificadas como la adquisición de medicamentos, cumplimiento de obligaciones laborales, cuidado de mayores o menores de edad y regreso al domicilio.
Además, las comunidades autónomas podrán decidir limitar la entrada y salida de sus territorios, para todo el perímetro de la comunidad o para un ámbito inferior. Igualmente, podrán limitar la permanencia de personas en espacios públicos o privados a un máximo de seis personas, salvo que se trate de convivientes.
Tanto en el caso de las limitaciones a la entrada y salida de sus territorios como en el número máximo de personas en grupos, serán los presidentes y presidentas autonómicos los que decidan si estas medidas laa aplican a sus territorios, en todo o en parte, siendo ellos y ellas las autoridades competentes delegadas.
Criterios de actuación
Las comunidades autónomas decidirán sus actuaciones en base a los indicadores y criterios acordados el pasado jueves por el Consejo Interterritorial de Salud, relativos al número de infecciones, capacidad asistencial y de salud pública, y también a las características y vulnerabilidad de la población.
Según esos criterios, se establecen cuatro niveles de riesgo para cada territorio: bajo, medio, alto o extremo. Los principales criterios son los siguientes:
En primer lugar, el número de casos detectados por cada cien mil habitantes en los últimos catorce días. Una incidencia por debajo de veinticinco casos por cien mil habitantes se considera de riesgo bajo; por encima de veinticinco se estima de riesgo medio.
Una incidencia de 150 casos se considera de riesgo alto, y si la incidencia supera los 250 casos por cada cien mil habitantes se considera de riesgo extremo.
Este indicador se completa con los niveles de incidencia de los últimos siete días, la incidencia específica en los mayores de 65 años, que es el colectivo más vulnerable a la COVID-19, el nivel de positividad de las pruebas que se hacen en todos y cada uno de los territorios y el porcentaje de casos con trazabilidad; es decir, que se conozca exactamente cuál es el origen de la infección.
En segundo lugar, el grado de ocupación de los servicios hospitalarios y las camas UCI. Se considerará riesgo muy alto si el número de camas ocupadas por pacientes de COVID-19 supera el 15 por ciento en hospitalización global y el 25 por ciento en el caso de las camas de UCI.
Refuerzo de la coordinación
El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se reunirá cada semana, para que sus miembros, esto es, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y todos los consejeros de salud de cada comunidad, evalúen la situación semanalmente y establezcan una respuesta sanitaria coordinada.
Además, como ha venido ocurriendo hasta la fecha, el ministro de Sanidad comparecerá cada quince días ante el Congreso de los Diputados para dar cuenta de la situación epidemiológica de España y de las medidas que se están aplicando para frenar la pandemia.
Hasta la fecha, el Ministerio de Sanidad ha mantenido 182 reuniones con las comunidades autónomas y se han repartido 296 millones de material sanitario, de los que 221 millones han ido destinados a todas ellas.
Recursos de las comunidades autónomas
Las comunidades autónomas disponen de dieciséis mil millones de euros del Fondo No Reembolsable establecido por el Gobierno para ayudarlas a combatir los efectos de la pandemia, financiar el incremento del gasto sanitario, del gasto educativo, compensar la caída de ingresos y sentar las bases de la recuperación económica y social.
También tienen a su disposición 5686 efectivos de las Fuerzas Armadas para hacer labores de rastreo, de los que 1740 ya están incorporados.
Además, se ha constituido una reserva estratégica común que cuenta con más de 512 millones de mascarillas quirúrgicas, 57,6 millones de mascarillas FFP2 y cerca de dos millones de test de antígenos.