El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de Naciones Unidas ha instado a España a abolir la segregación educativa de personas con discapacidad y a garantizar una educación inclusiva y de calidad en el sistema general de educación.
En un informe hecho público este 2024, el Comité destaca la persistencia de la escolarización en centros especiales y unidades específicas en centros ordinarios, y subraya la necesidad de adoptar un plan integral que promueva la inclusión efectiva en todas las comunidades autónomas.
El informe del CDPD se elaboró tras la investigación iniciada en virtud del artículo 6 del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Durante su décimo octavo período de sesiones en 2017, el Comité concluyó que España presentaba graves deficiencias en la implementación de una educación inclusiva, y en marzo de 2024, se llevó a cabo un diálogo de seguimiento en Ginebra, donde el Estado español presentó sus avances y desafíos en este ámbito.
Desde 2017, España ha implementado diversas iniciativas para mejorar la inclusión educativa de personas con discapacidad:
- Modificación del artículo 49 de la Constitución (2024)
- Aprobación de la Ley Orgánica 3/2020 (LOMLOE)
- Ley Orgánica 3/2022 de ordenación e integración profesional
- Real Decreto 659/2023 sobre formación profesional
- Estrategia Española sobre Discapacidad y Primer Plan de Acción Estrategia Española en Trastorno del Espectro del Autismo 2023-2027
- Marco Estratégico de Protección, Promoción y Revitalización de la Lengua de Signos Española 2023-2030
- Estudios sobre la transformación de escuelas en espacios inclusivos (2022-2023)
Evaluación del Comité
El Comité reconoce que España ha hecho esfuerzos significativos en materia legislativa y de políticas públicas. Sin embargo, observa con preocupación la persistencia de la segregación educativa y la falta de un compromiso firme y sostenido para garantizar una educación inclusiva en todo el territorio nacional.
El informe destaca la necesidad de un Pacto de Estado que asegure la estabilidad de los avances en educación inclusiva.
Educación para menores con discapacidad
El informe valora las iniciativas del Estado español, pero expresa preocupación por la falta de sostenibilidad en el compromiso hacia la educación inclusiva. La promoción de la educación especial por parte de algunos grupos parlamentarios y comunidades autónomas es un indicador de esta problemática.
Considera que la LOMLOE, aunque introduce medidas para la transformación del sistema educativo, sigue permitiendo la segregación de alumnos con necesidades educativas especiales en centros específicos, lo cual es incompatible con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El Comité critica la postura del Tribunal Constitucional que considera la inclusión educativa solo como un principio y no como un derecho, permitiendo la segregación en centros especiales.
El Tribunal Constitucional permite la segregación cuando los ajustes razonables no son considerados viables, lo cual contradice el mandato de prohibir la exclusión del sistema general de educación.
El Comité observa que las evaluaciones psicopedagógicas a menudo resultan en la exclusión de alumnos con discapacidad del sistema general de educación, perpetuando la segregación.
Educación inclusiva frente a segregación educativa
Personas con discapacidad intelectual y autismo son las más afectadas por la segregación educativa, representando un alto porcentaje de los alumnos en centros especiales.
El Comité urge al Estado español a adoptar y aplicar de manera urgente un plan integral de educación inclusiva, con la participación activa de organizaciones de personas con discapacidad.
El informe subraya que la educación inclusiva es un derecho de las personas con discapacidad y no de sus padres o tutores, y que debe garantizarse en el sistema general de educación.
El Comité destaca la necesidad de campañas de sensibilización sobre los derechos de las personas con discapacidad a la educación inclusiva y de calidad.
Inversión en educación
El informe critica que se continúe destinando recursos a la educación especial segregadora y llama a redirigir los fondos hacia el desarrollo de apoyos individualizados en el sistema general de educación.
El Comité insta a garantizar que los estudiantes con discapacidad puedan titularse en la educación secundaria obligatoria y acceder a la educación universitaria sin discriminación.
El Comité enfatiza la importancia de mejorar la accesibilidad en los centros educativos y las herramientas digitales para garantizar una educación inclusiva y de calidad.
Conclusiones
El Comité observa que España tiene los recursos necesarios para avanzar en la educación inclusiva, pero lamenta la persistencia de la segregación educativa y el riesgo de retrocesos en la implementación del derecho a la educación inclusiva.
Recomendaciones
- Derogar leyes que perpetúen la segregación educativa.
- Revisar y aprobar leyes que reconozcan la educación inclusiva como un derecho.
- Revisar la jurisprudencia para alinearla con la Convención.
- Adoptar un plan integral de educación inclusiva.
- Eliminar reglamentos y normas que permitan la segregación.
- Promover la accesibilidad y los apoyos individualizados en el sistema general de educación.
- Implementar programas de formación y campañas de sensibilización.
- Consultar activamente con organizaciones de personas con discapacidad.
Seguimiento del Comité
El Comité continuará con el seguimiento de la situación en España y ha solicitado un informe de seguimiento para marzo de 2029 sobre la implementación de las recomendaciones de este informe de 2024.
