Enfermeras que trabajan aún con enfermos de COVID-19 en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Príncipe de Asturias (HUPA) de Alcalá de Henares, uno de los hospitales de la Comunidad de Madrid que mayor carga asistencial ha soportado durante la pandemia, no saben si sus contratos se van a renovar (alguno vence el 31 de mayo) y tienen que abandonar la habitación en la residencia de estudiantes privada CRUSA de Alcalá de Henares, en la que han estado alojadas a un precio reducido y que estaba pactado hasta finales de junio.
Isabel es enfermera de UCI, sevillana y vive en Zaragoza. El 12 de marzo, ante las peticiones desesperadas de la Comunidad de Madrid para conseguir enfermeras que reforzaran las plantillas de los hospitales para luchar contra el coronavirus, se ofreció a venir. Al día siguiente estaba trabajando en el Hospital Príncipe de Asturias, sabía que se la jugaba y se vino aún sabiendo el riesgo que corría y dejando su casa y a su familia. Su contrato vence el domingo 31 de mayo, aún no sabe si lo renuevan. Sigue «agotada moral y físicamente» trabajando en la UCI con enfermos contagiados por el virus. Si finalmente alargan su contrato no sabe dónde podrá alojarse a un precio que no sea inalcanzable.
Patricia es enfermera de UCI, viene de Granada. El 23 de marzo se vino a Madrid cuando «la gente se moría a chorros». Acudió al llamamiento porque la necesitaban «no es momento de pensar –le dijo a su familia- yo creo que es momento de actuar» Lo hizo sabiendo que solo era un contrato de tres meses y con cláusula de rescisión, sabiendo que «nos la jugabamos». Pero nunca se imaginaron el sufrimiento, la angustia, la falta de medios y el «agotamiento que aún sigue». Su contrato acaba el 30 de junio.
«Les damos igual, somos de usar y tirar. Apelan a tus sentimientos diciendo que os necesitamos porque Madrid está prácticamente en llamas. Venimos a apoyar ésto y ahora sobras, y ya está. Te vas y a nadie le importa tu situación, lo que has pasado, lo que has dejado atrás. Sentimos una gran falta de consideración con los profesionales. En la siguiente pandemia muchos no vamos a venir y eso no es algo que beneficie a nadie».
Mientras tanto, la residencia que les renueva el contrato mes a mes, les amenaza con echarlas si no se trasladan a una habitación compartida con seis personas más. Es lo único que les ofrecen para mantener, hasta el 30 de junio, su alojamiento por cien euros mes. Ya no tienen la posibilidad de alojarse en los hoteles, ofertados en el pico de la pandemia. Tampoco pueden alquilar una vivienda compartida porque los arrendadores les exigen garantías y contratos de, al menos, un año.
Todo lo vivido: «el estrés, la incertidumbre, la falta de material de protección adecuado, el colapso, el miedo, el agotamiento, los contratos que mes a mes hemos ido esperando a que nos renovaran. Estamos cansadas y no nos vemos capaces de superar otra vez esto. Nos sentimos que otra parte más nos da la espalda. Nosotras vinimos a apoyar Madrid y nosotras no nos sentimos apoyadas».
Incertidumbre laboral
Otra de sus compañeras termina su contrato el 31 de mayo. Ella ha optado por renunciar a la prórroga, si la hubiere, y por abandonar Madrid. En el País Vasco le ofrecen un contrato con mejores condiciones económicas y más estable. Un compromiso que va más allá del 31 de diciembre, que es, como mucho, lo que se ha comprometido la Comunidad de Madrid con los sindicatos a ampliar los contratos de refuerzo COVID.
CCOO pidió contratos de tres años no solo por dar estabilidad y evitar la temporalidad y precariedad laboral en las plantillas del SERMAS, si no porque el déficit de personal sanitario y no sanitario en la Comunidad de Madrid viene siendo una reclamación histórica del sindicato.
El sindicato argumenta que con esta política de personal, los sucesivos gobiernos regionales, han contribuido a mermar la calidad de la atención sanitaria, a incrementar las listas de espera y a reducir capacidad de hospitalización por no tener personal para atender más camas, a pesar de la creciente demanda asistencial. Una situación que, sin duda, ha contribuido a empeorar la actuación durante la pandemia.
Los responsables Sanitarios No tienen vergüenza !!