Paula Maddox
El 31 de marzo de 2020, el gobierno de España adoptó una serie de medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al virus de la COVID-19, entre las que se encontraba la moratoria del pago del alquiler.
Sin embargo, la filial del fondo buitre Goldman Sachson, Encasa Cibeles, podría haber incurrido en un claro delito al hacer una interpretación abusiva del Real Decreto-ley 11/2020.
Al menos así lo denuncian la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA y sus respectivos abogados.
En un comunicado que Encasa Cibeles ha hecho llegar a los inquilinos, la empresa indica que podrán «acogerse al aplazamiento y fraccionamiento de la renta del alquiler aquellos arrendatarios de Encasa que, encontrándose al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales –incluyendo el pago de las rentas y cantidades asimiladas-, cumplan además con los criterios fijados por el Real Decreto-Ley».
De este modo, dejan fuera a aquellos arrendatarios que deban el pago del alquiler de alguna mensualidad anterior.
Respuesta de las asociaciones
«El Real Decreto Ley no establece de ningún modo que sólo las personas al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales puedan disfrutar de las ayudas que establece el mismo. Por tanto, entendemos que su comunicación puede incurrir en delito, al establecer condiciones diferentes de las que marca el Real Decreto-Ley», han denunciado las asociaciones en respuesta a Encasa Cibeles.
Así mismo, la asociación AVVI subraya que los buenos deseos expresados por Encasa Cibeles en su comunicación a las familias arrendatarias, «llegan bastante tarde».
«Especialmente para aquellas familias a las que, a lo largo de estos ya casi siete años, ustedes han denunciado por diversos motivos como teóricas finalizaciones de contrato o impagos, así como a quienes consiguieron expulsar de sus legítimas viviendas, ya fuera desahuciándolas o por la imposición de condiciones inasumibles», recalca la entidad.
Por tanto, las asociaciones defienden que es a la Agencia de Vivienda Social, sucesora del Ivima, a quien corresponde «cualquier actuación respecto del alquiler». De este modo, aseguran que Encasa Cibeles «no está legitimada para reclamar renta ni cuantía alguna relacionada con ninguno de los inmuebles objeto de la adquisición anulada».
«Entendemos que su carta no es mas que un lavado de cara, con el que pretenden aprovechar este momento tan delicado para las familias, con la intención de aparecer como propietarios legales, sensibles y comprometidos, eso si, obviando que hoy día deberían estar devolviendo las viviendas a la Comunidad de Madrid, con lo que podríamos recuperar nuestros derechos como legales adjudicatarios de las mismas, lo que sí sería una solución para nuestras familias», sentencian.
