Más de una treintena de organizaciones han remitido cuatro cartas a los ministerios de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Vivienda, Sanidad y Derechos Sociales y Agenda 2030, expresando su preocupación por la situación de pobreza energética que sufre el país y reclamando medidas a corto y medio plazo, informa CCOO.
Motivada por la Semana contra la Pobreza Energética, que tendrá lugar del 17 al 23 de febrero, la principal demanda de las misivas es garantizar el acceso a los suministros básicos como un derecho.
Para ello, reclaman la prohibición de la interrupción de los suministros esenciales (energía y agua) por impago, sin aplicar el principio de precaución, tal y como se recoge desde el año 2015 en Cataluña gracias a la Ley 24/2015. Ésta prohíbe a las empresas suministradoras interrumpir el servicio a las personas y familias en situación de riesgo de exclusión residencial, sin consultar previamente a los Servicios Sociales municipales o comarcales.
En las cartas, las organizaciones firmantes denuncian que las medidas de protección del Gobierno a las personas vulnerables tienen un carácter temporal y reclaman un marco legal estable «que avance en el Derecho a la Energía».
También señalan que la Estrategia Nacional Contra la Pobreza Energética (2019-2024) sólo se ha implementado parcialmente y reclaman cuatro medidas urgentes, a implementar este año 2024 y tres medidas a medio plazo. Las medidas urgentes reclamadas son:
- Que se garantice el acceso a los suministros básicos como derecho, prohibiendo el corte de suministros por impago, sin aplicar el principio de precaución que ya funciona en Cataluña.
- Ampliación y automatización de la concesión del bono social mientras se crea una tarifa social accesible.
- Cambiar la regulación para que las comercializadoras de energía que lo soliciten puedan ofrecer el bono social.
- Creación de una mesa de trabajo con estas entidades para la elaboración de la futura Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética (2024-2029).
Las medidas que se reclaman a medio plazo son: La creación de los mecanismos y programas necesarios para que las personas en situación de vulnerabilidad accedan a las ayudas en materia de renovables, rehabilitación y eficiencia energética; Una nueva ley de eficiencia energética que desbloquee procesos de mejora en las viviendas vulnerables; Y finalmente, incluir medidas para prevenir y paliar la pobreza energética de verano en la nueva estrategia.
