El Tribunal Supremo ha desestimado un recurso que el Ejecutivo regional presidido por Isabel Díaz Ayuso puso contra el Real Decreto del Gobierno presidido por Pedro Sánchez que regulaba el currículo básico de Bachillerato para todo el Estado, (RD 243/2022) que coincidió en el tiempo con el desarrollo y aprobación del Decreto con la regulación madrileña de esa etapa, informa CCOO.
Para CCOO de Madrid esta sentencia, que desestima la pretensión de la presidenta Díaz Ayuso de anular la regulación estatal básica del Bachillerato, es un varapalo al discurso y la línea política del Gobierno regional porque evidencia que éste ha utilizado y sigue utilizando la educación como arma de confrontación y oposición política al gobierno central, en vez de ocuparse de los problemas reales, del sistema educativo en la Comunidad de Madrid.
Señala el Sindicato que el Gobierno del Partido Popular en Madrid lleva décadas aplicando su política de privatizaciones, segregación escolar y recortes a la escuela pública, con resultados nefastos, sobre todo en lo que se refiere a desigualdad, un indicador en el que Madrid se sitúa a la cabeza de las comunidades autónomas y al nivel de los países con peores resultados en cohesión.
Agrega que Díaz Ayuso ha mantenido esa utilización de la educación para favorecer el negocio económico e ideológico que se mueve en torno a ella, pero ha encontrado, especialmente en la legislatura recién terminada, otro uso que ha aprovechado en todas las ocasiones que se han presentado: la educación como arma de confrontación política, batalla ideológica y oposición al Gobierno de España, estrategia que ha quedado en evidencia tras conocer los argumentos del Tribunal Supremo para desestimar el recurso que el Ejecutivo regional puso contra el Real Decreto que regulaba el currículo básico para todo el Estado.
Los argumentos del Tribunal Supremo para desestimar el recurso dejan más en evidencia esa estrategia, ya que el Gobierno regional planteaba que la regulación básica del currículo, la que establece el gobierno del Estado para todas las comunidades autónomas en su Real Decreto, agota y completa la regulación sin dejar margen a la regulación autonómica.
Sin embargo, Madrid, como el resto de comunidades, sí podía completar ese currículo, porque, de hecho, lo hizo al aprobar el Decreto 64/2022, que coincidió en el tiempo con el anuncio de este recurso, y en el que la Comunidad de Madrid niega sus propios argumentos al recoger, en el preámbulo, que está ejerciendo cumplidamente su competencia con pleno respeto a los principios de buena regulación. También desestima el Tribunal el argumento de los mantras ideológicos de la norma estatal.
La sentencia del Supremo sostiene que Madrid silenció la existencia de una norma autonómica y que tampoco documentó ni presentó pruebas, sino un reproche general a la norma estatal extrayendo ejemplos, pero sin asumir la responsabilidad de probar esos reproches y lanzando en cambio a la consideración de la Sala «toda esa masa de materias, con sus contenidos mínimos y criterios de evaluación».
Incluso, aunque la Comunidad de Madrid, solicitó incorporar las observaciones que hicieron la Real Academia de la Historia y algunos colegios profesionales a la norma estatal en la fase de información pública, la propia Comunidad no ha tenido ni siquiera en consideración esas observaciones y alegaciones, ni en la demanda ni en las conclusiones.
Desde CCOO de Madrid ya se planteó en la fase de elaboración del decreto autonómico lo absurdo de este recurso y que se estaba utilizando la regulación del currículo para avivar un enfrentamiento convirtiendo la educación en campo de batalla, y para el sindicato ahora queda claro que el recurso no respondía a razones objetivas sino que no era más que el escenario para desplegar sus críticas.
El entonces consejero, Enrique Ossorio, dijo que recurrían la norma por la «carga ideológica» y porque «no contribuye a adquirir competencias», criticando especialmente expresiones relacionadas con la identidad, la sostenibilidad ecológica o el género y anunciando que las eliminarían del currículo madrileño, reforzando los «contenidos teóricos de las asignaturas».
De hecho, el texto eliminaba menciones expresas a la ciudadanía democrática, los derechos humanos, la madurez afectivo-sexual, la defensa del medio ambiente, la igualdad, o la prevención de la violencia, ignorando que esas referencias están alineadas con las recomendaciones de la Unión Europea y la Unesco para que el currículo se adapte a los retos de la sociedad actual.
Incluso este decreto de la Comunidad fue más allá, modificando las condiciones en que se hace la evaluación y se toman las decisiones de promoción del alumnado, estableciendo criterios apriorísticos que limitan la capacidad de decisión del profesorado y estableciendo la toma de decisiones por mayorías cualificadas, contrariamente a lo que plantea la Ley.
Todo esto ocurría en una apuesta creciente desde Madrid por ser la oposición al Gobierno del Estado, entre anuncios y declaraciones sobre asuntos que quedan fuera de la responsabilidad regional como la defensa del currículo para todo el Estado, la prueba única de la EVAU, la incorporación a algunos currículos del derecho a la Educación en castellano (fuera de lugar en una región sin lengua propia), la prórroga de los conciertos para sortear la normativa estatal, la modificación de los procedimientos de evaluación y criterios para la promoción y titulación en las diferentes etapas, extendiendo caos y confusión a la comunidad educativa e incluso a otras comunidades.
Por ello CCOO denuncia el uso sesgado y partidista, que ha convertido la educación en un arma de los intereses políticos del PP y exige que la Comunidad de Madrid respete la normativa estatal y se ocupe de los problemas reales de la educación madrileña: la elevada segregación fruto de una privatización disparada, la falta de apoyos al alumnado que lo necesita, la desigualdad, el bajísimo nivel de inversión y de coste del alumno o alumna y la falta de plazas públicas en las etapas no obligatorias.
