La plataforma que integra el Tercer Sector (PTS) en España, compuesta por veintiocho mil oenegés, ha denunciado la decisión del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 de recortar la financiación de las oenegés estatales de acción social.
La crisis económica causada por la COVID-19, ha asolado especialmente a las personas con discapacidad y a los colectivos del tercer sector, que son los más vulnerables de la sociedad.
El presidente de la plataforma, Luciano Poyato, ha asegurado que durante el estado de alarma, cuando los servicios sociales han estado desbordados, las entidades del Tercer Sector de Acción Social han sido factor «clave» en la ayuda a las personas en situación de vulnerabilidad social y el reconocimiento a esta labor se debería mostrar, en su opinión, con garantías económicas y jurídicas para que puedan mantener la capacidad de respuesta demostrada.
Actualmente, con los recortes que se han estipulado, en concreto con el total recaudado a través del 0,7 por ciento del IRPF, que corresponde a un total del 80 por ciento por las comunidades autónomas y un veinte por el Estado, según la resolución del Tribunal Constitucional, no se hace un reparto equitativo.
En el encuentro, la Secretaría de Estado de Derechos Sociales se ha comunicado a los representantes de la PTS que las entidades estatales podrán gestionar el catorce por ciento de lo recaudado en el IRPF, una cifra que no se corresponde con el veinte por ciento fijado sobre el total para acción social, que asciende a 283 millones de euros.
«Esta reducción del veinte al catorce por ciento supone una pérdida de 14,5 millones de euros, que servirían para garantizar la solvencia de las entidades sociales estatales y para seguir trabajando en favor de las personas que verdaderamente lo necesitan», ha indicado Poyato. «Esta disminución sustancial de los fondos sociales de este año, se repetiría en los siguientes, y terminará desapareciendo cualquier participación del Estado y de las organizaciones de acción social a nivel estatal en el 0,7 por ciento del IRPF».
De ser así, se verá afectada la distribución de los recursos, dado que al recortar la financiación en casi un veintitrés por ciento se dejarán de atender otros proyectos que tienen que ver con la cooperación y los medioambientales.
El presidente ha asegurado que «esta política unilateral de recortes sociales sobre fondos ya consolidados en plena pandemia, contrasta con la nula aportación por el Ministerio de Derechos Sociales de nuevos recursos financieros para atender las nuevas necesidades exacerbadas por la crisis de masiva de salud pública».
En relación con el 0,7% del Impuesto de Sociedades, la secretaría de Estado ha informado que la distribución de los recursos se verá también modificada y las entidades de Acción Social estatales verán recortada su financiación en este caso en casi un veintitrés por ciento, ya que esta cuantía irá destinada a proyectos de cooperación y medioambientales.
Actualmente, las entidades sociales están atendiendo a más de seis millones de personas al año en una situación de financiación pública “muy precaria”, por lo que esta última medida de recorte impide que el Tercer Sector pueda contribuir como hasta ahora en la atención social de los grupos más vulnerables. “Si no existe compromiso y medidas adecuadas de apoyo y refuerzo no podremos defender los derechos de las personas que más lo necesitan, ni avanzar en el proceso de reconstrucción social del país”, han comentado.
Manifiesta el rechazo de la PTS a estas decisiones tomadas por el Ministerio y asegura que las entidades sociales estatales no deben verse afectadas hasta poner en riesgo su misión social, sobre todo en este momento, cuando la reconstrucción social y económica es alarmante.
Por su parte, fuentes de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales han asegurado que según sus previsiones la casilla de fines sociales del IRPF y Sociedades ascendería a trecientos noventa y cinco millones de euros, lo que suponen ciento treinta y un millones más. El único cambio es que además este año, el reparto se hará entre organizaciones ecologistas y de cooperación internacional. Incluyen entre otras, organizaciones como Cruz Roja Valencia y Cáritas Galicia a quienes apoyarán junto con otras entidades de varias comunidades autónomas. Todas, hoy, añaden, tienen necesidades derivadas de la crisis por la Covid-19.