La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo está estudiando cómo puede organizar y acumular, en su caso, el medio centenar de querellas y denuncias presentados contra el Gobierno de Pedro Sánchez por posibles delitos derivados de la gestión de la pandemia por la COVID-19.
Es el paso previo para comenzar a estudiar la causa y decidir si hay indicios suficientes de actuación delictiva para abrir una investigación penal, informa Servimedia.
La Sala de lo Penal del Supremo tiene sobre la mesa treinta denuncias y dieciocho querellas, pero son cifras que van variando al paso de los días. Muchas de ellas han sido presentadas por sindicatos médicos y de enfermería, de funcionarios, asociaciones de consumidores, familiares de personas afectadas por la enfermedad, particulares o partidos políticos, como Vox.
Se dirigen contra el presidente del Gobierno, contra todos los miembros de su gabinete y contra altos cargos del Ministerio de Sanidad y, en especial, contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.
Querellas y denuncias no tienen la misma naturaleza. Las denuncias se presentan por unos hechos que se consideran delictivos, mientras que la querella se dirige contra personas concretas a las que se considera autoras de una determinada conducta criminal.
Antes de decidir sobre la admisión a trámite, el Supremo acordará si impone una fianza a los querellantes para continuar con el procedimiento, que suele rondar los doce mil euros. En caso de ser así, y de resultar consignada, el alto tribunal dará traslado a la Fiscalía para que informe de si ve argumentos para la apertura de una investigación judicial, tras lo cual decidirá si las admite a trámite.
El objetivo del TS es organizar en grupos las distintas iniciativas para remitirlas a la Fiscalía que deberá estudiarlas y tomar posición sobre la competencia del alto tribunal para estudiarlas, sobre la posibilidad de acumular y sobre la solidez de los indicios delictivos a fin de emprender una acción penal por actuación delictiva del Gobierno o, cuando menos, negligente.
En algunos casos, las acusaciones se extienden desde el presidente del Gobierno hasta todo su gabinete ministerial, que son acusados de un amplio catálogo de delitos que van desde el homicidio por imprudencia grave a la prevaricación, pasando por los delitos contra los derechos de trabajadores por no proporcionar medios de protección, el de lesiones o el de omisión del deber de socorro.
Varias de las querellas inciden sobre la falta de material de protección a los profesionales sanitarios durante las primeras semanas de pandemia, otras tienen que ver con el retraso en la toma de decisiones para frenar los contagios, tales como cierre de fronteras, suspensión de vuelos con países de riesgo o celebración de manifestaciones, como la del 8M.
