El grupo socialista en el congreso de los Diputados ha presentado diversas enmiendas a la ley para luchar contra el fraude, entre las que se encuentra la relativa a los pagos en efectivo superiores a mil euros entre particulares y profesionales.
Según informa Servimedia, la enmienda suprimiría el límite de dos mil quinientos euros fijados en el proyecto de ley para el supuesto de que el pagador sea una persona física, y siempre y cuándo no actúe en calidad de empresario o profesional.
Con el objetivo de combatir la economía sumergida, el proyecto de ley impulsado por el ministerio (dirigido actualmente por María Jesús Montero, planteaba reducir dicho límite a mil euros, pero sólo en el caso de las operaciones entre profesionales, permitiendo seguir aplicando el límite de dos mil quinientos cuando se trate de pagos de particulares. Sin embargo, ahora los partidos que conforman el Ejecutivo de coalición plantean rebajar el límite a mil euros para los pagos en efectivo en los que “alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional”, lo que afectaría a los pagos de particulares a profesionales.
Por otro lado, la enmienda establece, al igual que el Proyecto de ley, que el límite en el importe para poder pagar en efectivo será “de diez mil euros o su contravalor en moneda extranjera cuando el pagador sea una persona física que justifique que no tiene su domicilio fiscal en España y no actúe en calidad de empresario o profesional”, reduciéndolo desde los quince mil euros actuales.
En cuanto a la sanción a quien incumpla estos límites, consistirá, según la enmienda, en una multa proporcional del 25 por ciento de la base de la sanción, que será la cuantía pagada en efectivo.
Otros grupos parlamentarios han presentado también enmiendas sobre los pagos en efectivo en la misma línea que PSOE y Unidas Podemos para aplicar a los particulares el límite de mil euros, como el Grupo Plural y ERC, que también abogan por rebajar a cinco mil euros el límite en el caso de las personas físicas con domicilio fiscal fuera de España, algo que también defiende Ciudadanos en una enmienda.