El Parlamento Europeo aprobó esta semana, a propuesta del Partido Popular Europeo (PPE) y con los votos de la extrema derecha, retrasar un año la implementación del Reglamento Europeo de Deforestación (EUDR), inicialmente previsto para entrar en vigor el 30 de diciembre de 2024.
La aplicación de la ley europea de deforestación, que busca cerrar el mercado a productos procedentes de tierra deforestada, debe retrasarse así un año rompiendo así una ley medioambiental.
La votación reflejó el aplazamiento y la adopción de varias enmiendas por 371 votos a favor, 240 en contra y 30 abstenciones. Los cambios a la ley fueron apoyados por el Partido Popular Europeo (PPE) y los tres grupos de extrema derecha, Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), Patriotas por Europa (PE) y Europa de las Naciones Soberana (ESN) lo que es ya conocida como ‘la mayoría venezolana’.
Los diputados liberales de Renew Europe votaron divididos, mientras que la izquierda votó en contra de las enmiendas.
Los grandes operadores y comerciantes tendrían que respetar las obligaciones derivadas de este reglamento a partir del 30 de diciembre de 2025, mientras que las pequeñas y micro empresas tendrían hasta el 30 de junio de 2026.
Se adoptaron ocho enmiendas, propuestas especialmente el PPE, que suponen un vacío de la futura ley europea. Se incluye la creación de una nueva categoría de países que plantean el riesgo de la deforestación, además de las tres categorías existentes de riesgo: menor, normal y alto riesgo.
Los países clasificados como de ‘no riesgo’, definidos como países con desarrollo estable o creciente de la superficie forestal, se enfrentarían a requisitos significativamente menos estrictos, ya que existe un riesgo insignificante o inexistente de deforestación y eso incluirá a casi todos los países de la Unión Europea.
La Comisión tendrá que finalizar un sistema de evaluación comparativa por países a más tardar el 30 de junio de 2025.
La medida supone de facto que se permita una mayor destrucción de los bosques dentro y fuera de Europa, ya que las empresas están prácticamente exentas de controles críticos, abriendo la puerta a abusos. Greenpeace, WWF y grupos ecologistas critican que se opte por una ley de deforestación «diluida».
El EUDR se adoptó en 2023 después de un proceso de elaboración de dos años y con el apoyo del PPE. Se contemplaba que los productos de carne de vacuno, cacao, café, aceite de palma, caucho, soja y madera, y sus productos derivados no deben provenir de tierras deforestadas, y los importadores deben garantizar la plena trazabilidad.
La legislación fue propuesta por la Comisión Europea para romper el vínculo entre la demanda europea y la deforestación global, ya que el consumo de ciertos productos en la UE es responsable de, aproximadamente, el diez por ciento de la deforestación global.
Ahora se enmienda y se retrasa esta ley europea, gracias a la presión de las grandes empresas. La nueva fecha permitirá a los productores agrícolas y ganaderos adaptarse a esta normativa, con requisitos mucho menos estrictos.
