El sindicato CC.OO. insta a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento a asegurar la protección de la salud y la detección del coronavirus del personal que trabaja en centros donde los servicios públicos están privatizados.

Según el sindicato, hace quince días solicitó a las administraciones públicas madrileñas «que se protegiera la salud y se efectuaran pruebas de detección de COVID-19 al personal de los servicios públicos esenciales, como la limpieza hospitalaria, la ayuda a domicilio, la vigilancia privada, el saneamiento urbano, lavanderías y el mantenimiento de infraestructuras críticas».

Pero CCOO advierte de que estas medidas «no se han producido y la pandemia ha seguido avanzado». Por ello, el sindicato ha vuelto a solicitar la protección del personal.

Por otro lado, el 25 de marzo de 2020, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, anunciaba que se iban a facilitar pruebas de detección del coronavirus para los servicios esenciales de la capital. Entonces, CCOO ya exigió que este tipo de test se ampliase a todo el personal de la Comunidad y de forma independiente del carácter funcional.

Ante tal solicitud, el sindicato asegura que «desgraciada e irresponsablemente, la administración, tanto municipal como regional, ha hecho caso omiso a estos requerimientos o los ha puesto en la cola de espera, en el mejor de los casos».

Todos los sectores

Pero el sindicato recuerda que el personal de servicios de limpieza de edificios y locales es otro de los colectivos afectados por la ausencia de medidas de protección adecuadas.

A ellos se suma el servicio de limpieza hospitalaria que, según Comisiones Obreras «es un colectivo que ha trabajado en condiciones precarias, de alto riesgo de contagio y sufriendo una merma por infección confirmada o aislamiento de su personal, de entre el 40 y el 50 por ciento, según el centro hospitalario». A esto, añade, que «este colectivo ha sido discriminado y, en algunos casos, obligado a reutilizar material durante días y a trasladar residuos biosanitarios, saltándose todos los protocolos establecidos».

Otro problema que pone sobre la mesa es la falta de capacidad de adaptación de las administraciones públicas ante la crisis sanitaria de COVID-19, pues «no se produce en la Comunidad de Madrid ni en el ayuntamiento capitalino, donde se mantienen en posiciones fijas, mientras los escenarios de la epidemia y su atención varían».

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