El Europarlamento celebra el acuerdo político sobre el paquete en torno al presupuesto de la UE a largo plazo, que incluye el nuevo mecanismo de condicionalidad al respeto del Estado de derecho, y subraya su «importancia histórica», aunque desafía la declaración que suspende el mecanismo de condicionalidad del presupuesto a la espera de la aprobación del Tribunal de Justicia de la UE porque según el Tratado, el Consejo Europeo «no ha de ejercer función legislativa alguna».
El Parlamento Europeo recuerda que la resolución sobre el marco financiero plurianual 2021-2027, el Acuerdo Interinstitucional, el Instrumento de Recuperación y el Reglamento relativo al Estado de derecho, fueron aprobados por el pleno con 496 votos a favor, 134 en contra y 65 abstenciones.
La condicionalidad debe aplicarse desde el 1 de enero
El PE sostiene que el contenido de las conclusiones del Consejo Europeo del 11 de diciembre, que señalan que la Comisión no debe aplicar el nuevo mecanismo sobre Estado de derecho hasta que el Tribunal de Justicia de la UE haya tomado una decisión sobre el instrumento, es «superfluo», y que el acuerdo entre el Parlamento y el Consejo, recuerdan los eurodiputados, deja claro que la norma se aplicará desde el 1 de enero.
Según el Tratado, el Consejo Europeo «no ha de ejercer función legislativa alguna», y los eurodiputados creen, por tanto, «que no se puede considerar que una declaración política del Consejo Europeo constituya una interpretación de la legislación».
Asimismo, la Comisión «debe ser plenamente independiente» y las conclusiones del Consejo «no pueden ser vinculantes para la Comisión a la hora de aplicar los actos jurídicos».
El Parlamento deplora que la exigencia de contar con unanimidad en el Consejo ha retrasado la adopción del marco financiero y la decisión de recursos propios, entre otros textos legislativos.
La próxima Conferencia sobre el Futuro de Europa deberá abordar esta cuestión, señala la resolución.
Reglamento sobre los fondos europeos
El miércoles 16 de diciembre de 2020, el Parlamento Europeo aprobó el reglamento diseñado para evitar la utilización de fondos comunitarios por gobiernos de la UE que no respetan el Estado de derecho.
La nueva norma establece la posibilidad de suspender los pagos a los países en los que la vulneración del Estado de derecho compromete la gestión del dinero europeo. La UE garantiza al mismo tiempo que los beneficiarios finales de las ayudas no serán los perjudicados.
«Lo hemos logrado. Ya es ley. Ninguna declaración puede cambiar esto. El régimen de condicionalidad nos permitirá vigilar el uso de fondos de la UE contra los valores de la UE», señaló el co-ponente Petri Sarvamaa (PPE, Finlandia).
«El Parlamento logró incluir los elementos clave en el reglamento, y el texto permanece sin cambios. Esperamos que la Comisión, como guardiana de los Tratados, empiece a aplicarlo de manera independiente el próximo 1 de enero. Es lo que los europeos esperan», añadió.
«La UE no funciona ‘a la carta’, no se puede conservar los derechos sin respetar los deberes. Es una comunidad basada en valores comunes que los Estados miembros y los ciudadanos deben respetar. El mecanismo que vincula el presupuesto comunitario al respeto del Estado de derecho adoptado hoy es un gran logro del Parlamento», afirmó la co-ponente Eider Gardiazabal (S&D, España).
«El Parlamento consiguió que las sanciones presupuestarias previstas en el reglamento se dirijan a los infractores y no a los perceptores finales de las ayudas. Los estudiantes, los investigadores, las empresas y las ONG no se verán afectados, gracias a la cláusula de salvaguardia que incluimos para protegerlos», concluyó.
¿Cómo funcionará?
La Comisión, tras determinar que se ha producido una infracción, propondrá la activación del mecanismo de condicionalidad contra el Gobierno de un Estado miembro, y procederá a suspender o congelar los pagos desde las arcas comunitarias a dicho Gobierno.
El Consejo tendrá entonces un mes para votar sobre las medidas propuestas (tres meses en casos excepcionales), por mayoría cualificada.
Los eurodiputados lograron acortar el plazo que tendrán las instituciones para tomar medidas, una vez identificados los riesgos para el Estado de derecho, hasta un máximo de 7-9 meses (desde los 12-13 meses inicialmente previstos).
La norma será aplicable ante infracciones puntuales o sistémicas
Gracias al Parlamento, el texto no sólo se aplicará en caso de mala gestión directa de los fondos derivados de corrupción o fraude. También servirá para hacer frente a infracciones sistémicos de los valores fundamentales, como la democracia o la independencia de la judicatura, cuando esas vulneraciones afecten -o amenacen hacerlo- a la gestión de los fondos europeos.
En las negociaciones, los eurodiputados también consiguieron introducir una disposición específica que clarifica los tipos de vulneraciones cubiertas, mediante un listado de ejemplos, como amenazas a la independencia de los jueces, ausencia de correcciones de decisiones arbitrarias o ilegales, y limitación de la posibilidad de recursos legales.
Protección del beneficiario final
Los receptores de los fondos, como estudiantes, agricultores y ONG, podrán reclamar el pago de las ayudas a través de una web de la Comisión, que se asegurará de que no son castigados por las acciones de sus gobiernos. La Comisión también podrá efectuar correcciones financieras reduciendo los pagos pendientes al Estado en cuestión.
Tras la adopción por el Parlamento, el nuevo reglamento se aplicará a todos los fondos de la UE bajo gestión compartida a partir del 1 de enero de 2021.
