La Unión Europea debe emitir recomendaciones anuales por país que, llegado el caso, activarán el mecanismo de protección de la democracia, procesos sancionadores y la condicionalidad presupuestaria, según una resolución aprobada este miércoles 7 de octubre de 2020 en el Parlamento Europeo que plantea la creación de un mecanismo que permita proteger y reforzar la democracia, el estado de derecho y los derechos fundamentales.
Los eurodiputados reiteran en la argumentación de esta resolución la preocupación por «el aumento y la consolidación de tendencias autocráticas e iliberales», que se han visto agravadas por la COVID-19, así como por «la corrupción, la desinformación y la captura del Estado» en varios países de la Unión Europea.
También advierten de que la Unión no cuenta con el instrumental adecuado para hacer frente a «una crisis sin precedentes y creciente de sus valores fundacionales», apuntan a la incapacidad del Consejo para lograr avances significativos en los procedimientos en curso en virtud del artículo 7 del Tratado y concluyen que esta situación está «permitiendo una divergencia continuada».
Para proteger el orden jurídico de la Unión Europea, los derechos fundamentales de sus ciudadanos y su credibilidad internacional, hay que evitar el deterioro de los valores contemplados en el artículo 2 del TUE. Para conseguirlo de forma eficaz, los eurodiputados proponen un instrumento que se aplique de forma equitativa, objetiva y justa a todos los Estados miembros sin obviar los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad.
Ciclo de seguimiento anual de los valores de la Unión
El «ciclo de seguimiento anual» es un nuevo concepto que incluiría aspectos de prevención y corrección a partir de unas recomendaciones específicas para cada país, con calendarios y objetivos vinculados a medidas concretas —desde procedimientos en virtud del artículo 7 a procedimientos de infracción, pasando por la imposición de condiciones a la hora de repartir el presupuesto (una vez en vigor)—.
La propuesta del Parlamento consolidaría y reemplazaría los mecanismos actuales, incluido el reciente Informe de la CE sobre el Estado de Derecho.
«Nuestra propuesta sustituye y complementa a varios instrumentos que no han demostrado su eficacia, introduciendo un único «ciclo de seguimiento anual». Si las infracciones graves no se tratan correctamente, podrían imponerse medidas correctivas, sin duda más eficientes que el confuso marco actual, especialmente si queda condicionado el desembolso de fondos. Un acuerdo entre las instituciones mandaría una señal inequívoca de que la Unión Europea se toma en serio la protección de sus fundamentos constitucionales», afirma el ponente Michal Šimečka (Renew, Eslovaquia).
Los eurodiputados esperan ahora que la Comisión presente una propuesta a partir de esta resolución porque el Parlamento lleva desde 2016 reclamando un mecanismo permanente para proteger la democracia y el Estado de derecho. Desde 2018, la Eurocámara no ha dejado de insistir en que este nuevo instrumento debería blindar el presupuesto de la Unión cuando uno de sus Estados miembros no respeta el Estado de derecho de forma sistemática. Los eurodiputados toman como modelo las recomendaciones del Semestre Europeo.
