El Comité de Peticiones del Parlamento Europeo votó a favor de mantener abierta la petición de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras de Castilla y León contra las políticas de la Junta con respecto al Diálogo Social. Al mismo tiempo, pedirá más información al Gobierno autonómico formado por PP y el ultraderechista Vox, por los ″ataques” producidos.
Los secretarios generales en Castilla y León de Comisiones Obreras, Vicente Andrés, y de UGT, Faustino Temprano, intervinieron este martes 19 en el citado Comité de Peticiones para defender una petición sobre la supuesta aplicación incorrecta de la legislación de la Unión Europea en el diálogo social en la comunidad castellanoleonesa, con denuncias como la “destrucción” del Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla).
La petición, como ha explicado la presidente del Comité, la europarlamentaria del PP, Dolors Montserrat se mantiene abierta gracias a los votos de los grupos de izquierdas y liberales (del que forma parte Ciudadanos), frente a los 12 de los conservadores europeos más el grupo ultra Conservadores y Reformistas (al que pertenece Vox).
Asimismo, se ha propuesto a la Comisión que, ya que todavía no ha remitido el informe escrito sobre este asunto, solicite más información a la Junta de Castilla y León.
Los representantes sindicales declararon en el Comité la situación en cuanto a las políticas del Gobierno autonómico desde la entrada de Vox y pese a que han reconocido que durante los treinta años anteriores esta materia tuvo un funcionamiento “ejemplar” en la comunidad, ahora, explicó Vicente Andrés (CC OO), mientras se avanza en diálogo social con consejerías dirigidas por representantes del PP, con el consejero de Empleo, que recuerda que “es el que tiene que velar por el diálogo social según el Estatuto de Autonomía”, se lo está “saltando día sí, día no”.
Así, apostilló: “no es que no se avance en nuevos acuerdos, es que acuerdos firmados por el propio presidente de la Junta de Castilla y León que tiene que cumplir el consejero de Empleo, no cumple absolutamente nada”.
Por su parte, Temprano (UGT) mostró su satisfacción por la resolución aprobada, pero también ha señalado su preocupación ante el que es “el problema de fondo: que la parte de ultraderecha del gobierno de la Junta va en contra de los sindicatos de clase, de las libertades y de la democracia”, y ha añadido que “a la UGT siempre la va a tener enfrente”.
Tras la intervención inicial de los dos representantes sindicales para explicar su queja sobre la quiebra del funcionamiento del diálogo social “por la vía de los hechos” desde la llegada de la “extrema derecha” con el consejero de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Vox, Mariano Veganzones.
Posteriormente, la representante del departamento de Empleo de la Comisión, Diana Krumpana, explicó que han “tomado nota” de la situación pero que las instituciones europeas, por el momento, no tienen responsabilidad sobre el Diálogo Social en los estados miembros.
Eso sí, ha apuntado que toman nota de la petición y consideran que teniendo en cuenta ″las competencias regionales que se apliquen en cada país” consideran que las medidas que tome la Junta castellanoleonesa “deben atenerse a las reglas. Si se vulnera la legislación regional o nacional, son los estados miembro y sus autoridades judiciales, los que tienen que garantizar el cumplimiento de ese ordenamiento jurídico”, aclaró.
De este modo, Krumpana ha considerado que los sindicatos castellanosyleoneses han “seguido los procedimientos correctos” al dirigirse a los tribunales regionales.
En el debate posterior entre los grupos políticos se ha intensificado el intercambio dialéctico, especialmente con el europarlamentario de Vox, Jorge Buxadé que ha sido llamado al orden por la presidenta del Comité después de que la representante de Izquierda Verde, Esther Sanz Selva haya criticado su falta de respeto.
La eurodiputada socialista Cristina Maestre ha planteado una propuesta de resolución, en defensa del diálogo social en la Unión Europea como “valor esencial de los valores democráticos y de derecho” que, ha advertido, se ven “amenazados con el Gobierno de la ultraderecha, de PP y de Vox”, en Castilla y León.
Maestre ha calificado como “muy, muy serio que una parte del gobierno de Castilla y León, en referencia al PP, consienta que la otra parte (Vox), silencie y ejerza medidas de represión contra los sindicatos, intentando aniquilarlos”.
Además, reconoció que se conculca el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, los valores recogidos en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, así como la propia Ley de Participación Institucional de la comunidad autónoma y los derechos básicos de los trabajadores y ciudadanos.
Al mismo tiempo, ha afeado a los representantes del PP que permiten que se dejen de gastar los fondos europeos destinados a la promoción del empleo y la formación de los trabajadores.
