El Parlamento Europeo aprobó este jueves 25 de marzo de 2021 una resolución en la que los eurodiputados señalan que las infracciones del Estado de derecho pueden afectar a la buena gestión del presupuesto, y advierten que si la Comisión (CE) no cumple la normativa aplicable y no toma «todas las medidas adecuadas» para proteger los intereses financieros y valores de la Unión, la Cámara «considerará que se ha producido una omisión y, en consecuencia, emprenderá acciones contra la Comisión, de conformidad con el artículo 265 del Tratado».
El texto insiste en que la legislación vigente sobre Estado de derecho debe respetarse y «no puede depender de la adopción de directrices», que la Comisión asegura que está preparando. En todo caso, dichas directrices deben estar listas antes del 1 de junio de 2021, y el Parlamento deberá ser consultado antes de adoptarlas.
Los eurodiputados reiteran la importancia de aplicar el mecanismo que condiciona los fondos de la UE al respeto del Estado de derecho sin más dilación, sobre todo por el efecto que puede tener ya en el fondo de recuperación.
Esta resolución resume las conclusiones de los eurodiputados tras el debate en el pleno durante la pasada sesión plenaria, en el que recordaron a la Comisión que el mecanismo de condicionalidad está en vigor desde el 1 de enero 2021.
Casi todos los oradores subrayaron que el reglamento es vinculante, con independencia de la posición acordada por el Consejo Europeo sobre la cuestión, que no tiene peso legal, y a pesar de los recursos presentados ante el Tribunal de Justicia de la UE, que no conllevan la suspensión de la aplicación de la norma.
El mecanismo de condicionalidad del Estado de derecho es una herramienta para proteger el presupuesto comunitario del posible mal uso por parte de Gobiernos que no respetan los principios democráticos de la UE.