El pleno del Parlamento Europeo ha encargado este jueves 10 de junio de 2021 al presidente David Sassoli que, a más tardar en dos semanas, pida a la Comisión que cumpla sus obligaciones en virtud del Reglamento sobre condicionalidad de transferencia de fondos comunitarios a países miembro que no cumplan sus obligaciones en materia de derechos humanos y libertades fundamentales.
En una resolución aprobada con 506 votos a favor, 150 en contra y 28 abstenciones, los eurodiputados señalan que el citado Reglamento entró en vigor el 1 de enero de 2021 y se aplica también al Instrumento de Recuperación. A pesar de ello, la Comisión no ha propuesto ninguna medida en esa dirección y no ha respetado el plazo concedido por el PE en su resolución de 25 marzo para presentar directrices sobre la aplicación de la norma. Esto «constituye una base suficiente para emprender acciones legales contra la Comisión», afirma el texto.
La Cámara insta a la Comisión a reaccionar rápidamente a las graves violaciones que se están produciendo de los principios del Estado de Derecho en algunos Estados miembros, que están provocando un serio peligro para la distribución justa, legal e imparcial de los fondos de la Unión. También debe utilizar todos los instrumentos a su disposición, incluido el procedimiento previsto en el Artículo 7 del Tratado, el Marco del Estado de Derecho y los procedimientos de infracción, para hacer frente a las violaciones persistentes de la democracia y los derechos fundamentales en toda la Unión, entre ellos los ataques contra la libertad de los medios de comunicación y contra los periodistas, y contra las libertades de asociación y de reunión.
Reglamento sobre condicionalidad
El Reglamento sobre condicionalidad busca proteger los fondos de la UE frente al mal uso por parte de los gobiernos nacionales. Entró en vigor el 1 de enero, pero hasta la fecha no se han presentado medidas para aplicarlo en la práctica.
El Consejo Europeo pidió a la Comisión que retrasara su aplicación para permitir a los países apelar ante el Tribunal de Justicia (algo que ya han hecho Polonia y Hungría), y hasta que la Comisión preparara orientaciones específicas.
En una resolución aprobada en marzo de 2021, el Parlamento subrayó que las conclusiones del Consejo Europeo sobre este asunto no tienen peso jurídico, fijó el 1 de junio como fecha límite para la adopción de esas orientaciones y pidió a la Comisión que consulte a la Cámara antes de su adopción.
En una reunión parlamentaria el 26 mayo, la Comisión se comprometió a efectuar esa consulta en la primera mitad de junio.
