El Ministerio de Cultura ha lanzado un Plan de Derechos Culturales, una ambiciosa hoja de ruta que redefine la cultura como un derecho humano fundamental, situándola en el centro de las políticas públicas.
El documento, impulsado por el ministro Ernst Urtasun, busca garantizar el acceso, la participación y la creación cultural de toda la ciudadanía, corrigiendo desigualdades históricas y fortaleciendo la dimensión social, educativa y medioambiental de la cultura en España.
Un cambio de paradigma en la política cultural
El Plan de Derechos Culturales constituye, según expertos del sector, «posiblemente el proyecto más relevante del ministro Ernst Urtasun al frente del Ministerio de Cultura». El texto recoge los principios que orientarán la acción cultural del Gobierno en los próximos años y marca un antes y un después al considerar la cultura no como un bien de consumo, sino como un derecho inherente a la dignidad humana.
Inspirado en los marcos internacionales de derechos humanos —desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos hasta la Convención de la UNESCO sobre la Diversidad de las Expresiones Culturales—, el plan adopta un enfoque integral. No solo aborda la producción cultural, sino también el acceso equitativo, la formación artística, la participación ciudadana y la protección del patrimonio como ejes de cohesión democrática.
Los tres grandes objetivos del Plan
Según el documento de referencia, el Plan de Derechos Culturales se estructura en torno a tres objetivos estratégicos:
- Garantizar los derechos culturales de todas las personas.
- Transformar las instituciones culturales hacia modelos sostenibles, inclusivos y participativos.
- Integrar la cultura en las agendas de desarrollo social, económico y ambiental.
Cada objetivo se traduce en líneas de actuación concretas que incluyen la creación de indicadores de equidad cultural, el fortalecimiento de la educación artística en las escuelas, el apoyo a la diversidad lingüística, el acceso digital y la descentralización territorial de la oferta cultural.
Una cultura para todas las personas
El plan subraya que el acceso a la cultura no puede depender del nivel económico, la localización geográfica o la condición social. En palabras del ministro Ernst Urtasun, «la cultura no es un privilegio, es un derecho que nos iguala en dignidad y libertad». Por ello, el documento propone medidas para eliminar las barreras físicas, tecnológicas y simbólicas que dificultan la participación de amplios sectores de la población.
Se hace especial hincapié en colectivos tradicionalmente marginados de la vida cultural: personas mayores, jóvenes, personas con discapacidad, comunidades rurales, migrantes y minorías étnicas.
Para ellos, el Ministerio plantea programas específicos de acceso y mediación cultural, con la colaboración de las comunidades autónomas y entidades locales.
Gobernanza compartida y participación ciudadana
Una de las novedades más destacadas del plan es la creación de un modelo de gobernanza participativa, que reconoce el papel de la sociedad civil, las entidades culturales, los artistas y los gobiernos locales en el diseño y evaluación de las políticas culturales.
El documento propone la puesta en marcha de un Consejo Estatal de Derechos Culturales, órgano consultivo y de coordinación interinstitucional que permitirá asegurar la coherencia de las medidas a nivel estatal, autonómico y municipal. Este enfoque busca superar la fragmentación administrativa y reforzar la cooperación territorial.
Sostenibilidad y cultura verde
El Plan de Derechos Culturales incorpora también una dimensión ambiental, alineada con la Agenda 2030 de Naciones Unidas. La cultura se entiende como un instrumento clave para la transición ecológica, no solo por su potencial de sensibilización, sino también por su impacto en la gestión sostenible de los recursos y la reducción de la huella ambiental de las instituciones culturales.
El Ministerio prevé la elaboración de un sello verde para proyectos culturales sostenibles, así como el fomento de prácticas responsables en festivales, museos, centros culturales y producciones artísticas.
La cultura, explica el texto, puede ser motor de cambio en la lucha contra la crisis climática, promoviendo estilos de vida más sostenibles y resilientes.
Educación, creación y diversidad cultural
La educación artística y cultural ocupa un lugar central en el plan. Se impulsará una mayor presencia de las artes en la educación formal y no formal, fomentando la creatividad y el pensamiento crítico desde edades tempranas.
Asimismo, se promoverán programas de residencias artísticas, laboratorios de innovación cultural y becas para jóvenes creadores, garantizando la renovación generacional y el reconocimiento laboral de los trabajadores culturales.
En cuanto a la diversidad lingüística y cultural, el plan reconoce el valor del plurilingüismo y de las culturas locales, incluyendo medidas para proteger las lenguas cooficiales y las manifestaciones culturales del patrimonio inmaterial. «La diversidad cultural es el alma de una democracia plural», subraya el documento.
Indicadores y evaluación pública
Una característica innovadora del plan es su compromiso con la transparencia y la evaluación periódica. Se establecerán indicadores de derechos culturales, similares a los que ya aplican algunos países de América Latina y Europa, para medir el grado real de acceso, participación y creación cultural.
El Ministerio de Cultura publicará informes anuales y abrirá un portal de datos abiertos sobre políticas culturales, con el fin de fomentar la rendición de cuentas y la participación informada de la ciudadanía.
Un proyecto alineado con Europa y América Latina
El Plan de Derechos Culturales español se inscribe en una corriente internacional que busca redefinir la cultura como un componente esencial del bienestar. La Comisión Europea, la UNESCO y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) han destacado la necesidad de políticas que vinculen la cultura con la cohesión social, la inclusión y la sostenibilidad.
España, tradicionalmente activa en la diplomacia cultural, aspira con este plan a convertirse en referente europeo en la garantía de derechos culturales, siguiendo el modelo de países como Francia o Canadá, donde la participación cultural se entiende como un indicador de desarrollo humano.
Una política cultural con mirada de derechos
El Plan de Derechos Culturales no es un catálogo de subvenciones ni un documento administrativo más, sino una declaración política sobre el papel que la cultura debe desempeñar en una sociedad democrática. Supone una apuesta decidida por la equidad, la sostenibilidad y la participación ciudadana.
En palabras del propio Urtasun, «este plan nos invita a imaginar una cultura que no excluya a nadie, que no dependa del mercado, y que forme parte del derecho a una vida plena». Su aplicación efectiva dependerá, sin embargo, del compromiso real de todas las administraciones y de la participación activa del sector cultural y la ciudadanía.
