El secretario de estado de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ignacio Álvarez, aseguró este martes 22 de septiembre de 2020 en el Congreso de los Diputados que el Gobierno trabaja en «un plan de choque de Dependencia» que, entre otros objetivos, busca «revertir los recortes que (el PP) hizo en 2012» y que, en su opinión, son causa «en parte» de los problemas surgidos en las residencias durante la crisis de la COVID-19.
Álvarez respondió así a las críticas sobre «la falta de personal» y «el colapso vivido en las residencias y en el sistema de atención a personas dependientes y mayores durante la pandemia» que le trasladó Alicia García, portavoz del PP en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso, donde hoy compareció, informa Servimedia.
Según Álvarez, el Sistema de Dependencia y el sistema residencial sufren importantes carencias, «pero no son de hoy, sino que con la pandemia se han hecho más evidentes. Por eso, trabajamos en un plan de choque para revertir los recortes que su partido hizo en 2012», prosiguió, «y que, en parte, están detrás de los problemas» que ahora se han manifestado en las residencias.
Aseguró que el Sistema de Atención a la Dependencia cuenta este año, con los presupuestos todavía prorrogados del exministro Montoro, con 450 millones de euros menos que en 2010 y con medio millón de usuarios más. «Con esas cifras hay que hacer malabares», y subrayó su voluntad de que los próximos Presupuestos Generales del Estado permitan revertir parte de los «recortes» de 2012.
Financiación y prestaciones
El secretario de Estado declaró que su prioridad será mejorar la financiación del nivel mínimo (aquel que, según la Ley de la Dependencia, corresponde en exclusiva al Estado); reforzar el nivel acordado (financiado entre Estado y comunidades autónomas), y subsanar el efecto de los «recortes» en el Plan de Concertación de Servicios Sociales.
El plan de choque se presentará el 2 de octubre de 2020 ante el Consejo Interteritorial de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia y avanzará en la regulación de la figura del asistente personal y en la generalización de esta prestación, una demanda ampliamente reivindicada por el sector de la discapacidad.
También prevé ampliar las horas de prestación de servicios y recuperar la compatibilidad entre prestaciones económicas y uso de recursos, indicó Álvarez: «Estamos trabajando para conseguir unos Presupuestos Generales que lo hagan posible», declaró.
Por eso, pidió apoyo a los grupos de la izquierda parlamentaria, para que «en los Presupuestos de 2021, seamos capaces de que el Sistema de Dependencia tenga más financiación que en 2010», y mejorar también la financiación del Plan Concertado de Servicios Sociales.
Por otro lado, Álvarez invitó a las comunidades autónomas a destinar parte de los dieciséis mil millones de euros del Fondo Covid-19 a servicios sociales. «Es cierto que hay una parte que ha de dedicarse a educación y a sanidad», admitió, pero los fondos «no son finalistas al cien por cien. Los consejeros tienen la potestad de emplearlos también en mejorar los servicios sociales y esperamos que así lo hagan».
Según Álvarez, otro de los objetivos de la Secretaría de Estado será lograr que el sistema de cuidados y de atención a personas dependientes sea un sector prioritario en la captación de los fondos europeos para la reconstrucción. De hecho, estos fondos «nos brindan la oportunidad de reforzar nuestro sistema de cuidados», y resaltó que «tenemos ahora la oportunidad de reforzar este cuarto pilar del Estado del bienestar, que en España cuenta con estructuras todavía demasiado débiles».
En cuanto al funcionamiento de las residencias, el Gobierno volverá a permitir la flexibilización en los criterios de contratación de profesionales para hacer frente a una eventual falta de personal por la COVID-19. También se refirió a los avances del grupo de trabajo creado en verano, que estableció «un suelo mínimo que todos los planes de contingencia de los centros residenciales debían cumplir», mejoró el sistema de recogida de datos y elaboró un informe de buenas prácticas y casos de éxito de las comunidades autónomas, que se presentará en breve.
