El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impuesto una multa de 64 millones de euros a la plataforma de alquiler temporal Airbnb por anunciar viviendas sin la licencia obligatoria, una práctica que, según el Gobierno, vulnera de forma reiterada la normativa vigente y contribuye a agravar la crisis de acceso a la vivienda.
La sanción, comunicada por La Moncloa, se enmarca en la estrategia del Ejecutivo para reforzar el control del mercado del alquiler turístico y proteger el derecho a la vivienda frente a usos irregulares.
Una sanción histórica contra el fraude en el alquiler turístico
La multa a Airbnb constituye una de las sanciones más elevadas impuestas hasta ahora en España a una plataforma digital por infracciones relacionadas con el alquiler de viviendas.
Según ha detallado el Ministerio de Consumo, la investigación ha acreditado que la empresa mantenía miles de anuncios de alojamientos que no contaban con la correspondiente licencia administrativa, un requisito obligatorio en la mayoría de comunidades autónomas y municipios.
Desde el departamento que dirige Pablo Bustinduy subrayan que no se trata de una infracción puntual, sino de una conducta sistemática. Consumo considera probado que Airbnb ha permitido la publicación y comercialización de viviendas sin verificar de forma efectiva si cumplían la legalidad, pese a los requerimientos efectuados por distintas administraciones públicas.
El objetivo de la sanción, según el Gobierno, no es únicamente punitivo, sino también disuasorio. El Ejecutivo pretende enviar un mensaje claro al conjunto de plataformas digitales que operan en el mercado del alquiler temporal: la intermediación tecnológica no exime del cumplimiento de la ley ni de la responsabilidad frente a prácticas que dañan el interés general.
Impacto sobre el derecho a la vivienda y los barrios
El Ministerio de Consumo vincula directamente estas prácticas con el encarecimiento de los alquileres y la expulsión de población residente de los centros urbanos. En ciudades como Madrid o Barcelona, la proliferación de viviendas turísticas sin licencia ha reducido el parque de alquiler residencial y ha tensionado los precios, dificultando el acceso a una vivienda digna, especialmente para jóvenes y familias con rentas medias y bajas.
Desde el Gobierno se insiste en que el alquiler turístico ilegal no solo afecta al mercado inmobiliario, sino también a la convivencia vecinal y a la cohesión social de los barrios. La conversión masiva de viviendas en alojamientos temporales altera el tejido comunitario y genera problemas asociados al uso intensivo de los inmuebles, como ruidos, sobreocupación o pérdida de servicios de proximidad.
En este contexto, Consumo recuerda que la Constitución reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y que los poderes públicos tienen la obligación de impedir la especulación. La sanción a Airbnb se presenta, por tanto, como una medida alineada con ese mandato constitucional y con las políticas públicas de vivienda impulsadas en los últimos años.
Responsabilidad de las plataformas digitales
Uno de los elementos centrales del expediente sancionador es la responsabilidad de las plataformas como intermediarias. El Ministerio sostiene que Airbnb no puede limitarse a actuar como un mero tablón de anuncios, sino que debe asumir un papel activo en la verificación de la legalidad de los alojamientos que publicita.
Desde Consumo se recuerda que la normativa de defensa de las personas consumidoras y usuarias exige que la información ofrecida sea veraz, suficiente y comprobable. Anunciar viviendas sin licencia supone, a juicio del Gobierno, una infracción grave porque induce a error a quienes reservan estos alojamientos y favorece actividades económicas que incumplen la ley.
El Ejecutivo también subraya que la transformación digital no puede servir de refugio para esquivar las obligaciones legales. «Las grandes plataformas deben cumplir las mismas normas que cualquier otro operador económico», defienden fuentes ministeriales, que consideran imprescindible adaptar los mecanismos de control al nuevo contexto tecnológico.
Coordinación con comunidades autónomas y ayuntamientos
La Moncloa destaca que esta actuación se coordina con las competencias autonómicas y municipales en materia de vivienda y turismo. Muchas comunidades autónomas exigen un número de registro o licencia específica para las viviendas de uso turístico, y los ayuntamientos imponen limitaciones adicionales en función del impacto urbano y social.
El Gobierno central ha reforzado en los últimos meses la colaboración institucional para intercambiar información y detectar anuncios irregulares. La sanción a Airbnb se apoya, en parte, en datos aportados por administraciones territoriales que llevan años reclamando mayor implicación de las plataformas en el cumplimiento de la normativa.
Además, el Ejecutivo recuerda que esta multa se inscribe en una estrategia más amplia que incluye la futura Ventanilla Única Digital de Arrendamientos y la obligación de incorporar un número identificativo en los anuncios de alquiler de corta duración, medidas destinadas a mejorar la trazabilidad y el control del sector.
Un precedente con efectos en el mercado
La imposición de esta sanción marca un precedente relevante en la regulación del alquiler temporal en España. Desde el Ministerio de Consumo confían en que la multa obligue a Airbnb a modificar de forma sustancial sus prácticas y a retirar los anuncios que no cumplan la legalidad.
El Gobierno considera que el impacto de esta decisión puede ir más allá de una sola plataforma y acelerar cambios en todo el sector. La defensa del derecho a la vivienda, sostienen desde el Ejecutivo, exige actuar sobre todos los factores que distorsionan el mercado, incluidos aquellos vinculados a grandes empresas tecnológicas con una fuerte implantación internacional.
