El Gobierno autorizó el martes 4 de abril una adenda al convenio entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la Entidad Pública Estatal de Suelos (SEPES) para impulsar la oferta de vivienda en alquiler asequible.
La adenda autorizada dota a SEPES de la liquidez suficiente para afrontar nuevas actuaciones, entre ellas, la Operación Campamento en Madrid, una de las mayores operaciones de regeneración del espacio urbano en Europa de los últimos años, que va a permitir la construcción de unas 11.000 viviendas asequibles.
El gasto previsto -ciento quince millones de euros- incrementa así hasta 260 millones, con lo que el importe máximo para este año alcanza los 375 millones de euros. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, informó que los fondos transferidos a SEPES desde el año 2018 ascienden a casi 622 millones de euros.
España cuenta con un parque de apenas 290.000 viviendas públicas que dan cobertura a tan solo el 1,6 por ciento de los hogares, muy lejos de la media de otros países. Ese porcentaje ronda el 30 % en Holanda, el 24 por ciento en Austria y el 16,8 por ciento en Francia.
El citado Plan ya ha movilizado en torno al 60 por ciento de las viviendas previstas. En concreto, 14.266 las viviendas impulsadas en coordinación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, en el marco de los últimos dos planes estatales de vivienda.
A esa cantidad hay que sumar las 9849 viviendas fruto del acuerdo directo con las entidades locales y las comunidades y, por otro lado, las que se van a ejecutar gracias a los recursos del Plan de Recuperación , Transformación y Resiliencia, ya existen acuerdos para construir casi 14.000 viviendas, siendo el objetivo construir 20.000 viviendas para 2026.
Proyecto de Ley del derecho de Defensa
Por otra parte, el Gobierno ha remitido a las Cortes el proyecto de ley del Derecho de Defensa, que desarrolla este derecho fundamental recogido en el artículo 24 de la Constitución.
La norma, pionera en el contexto europeo, se enmarca en los planes de modernización del sistema judicial, refuerza el estado de derecho, impulsa la confianza en la justicia y responde a las necesidades de los 250.000 personas que conforman la abogacía.
La ley recoge distintos aspectos de la tutela judicial efectiva, como el libre acceso a los tribunales de justicia, el derecho a una resolución congruente y fundada por un juez imparcial, la invariabilidad de las resoluciones firmes o la ejecución de las resoluciones en términos exactos. También se contemplan las garantías y los derechos de la abogacía.
Del mismo modo, el Ejecutivo ha destinado 450 millones de euros a la ejecución del proyecto de hidrógeno circular de Arcelor en Asturias, una ayuda enmarcada en el PERTE de descarbonización.
