El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado nuevas iniciativas para garantizar la disponibilidad de viviendas asequibles, centradas en facilitar el acceso a personas con menores niveles de renta.
Las medidas incluyen el desarrollo de la Empresa Pública de Vivienda, apoyada por activos de la SAREB, y un incremento en la inversión pública, consolidando el compromiso del Gobierno con el derecho a la vivienda como pilar social.
Compromiso con el acceso a la vivienda
En el marco del Foro de Vivienda organizado en Madrid el pasado 13 de enero, Pedro Sánchez destacó que el acceso a una vivienda digna es «una prioridad absoluta para este Gobierno».
En su intervención, el presidente subrayó que la crisis habitacional afecta de manera desproporcionada a las personas con menores recursos, lo que hace imprescindible implementar soluciones específicas que reduzcan la desigualdad y promuevan la cohesión social.
El Gobierno ha puesto en marcha un conjunto de medidas destinadas a incrementar la oferta de vivienda pública y social, con el objetivo de beneficiar especialmente a familias de ingresos bajos, jóvenes y otros colectivos vulnerables.
Creación de la Empresa Pública de Vivienda
Uno de los ejes centrales de esta estrategia es la creación de la Empresa Pública de Vivienda, una entidad que gestionará los inmuebles disponibles en el parque público y social.
Según explicó Sánchez, esta empresa se nutrirá, entre otros recursos, de las 30.000 viviendas que actualmente posee la SAREB (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), de las que 13.000 se entregarán de forma inmediata.
La incorporación de estas propiedades permitirá ampliar significativamente la oferta de alquiler social, una herramienta clave para mitigar el impacto de los altos precios del mercado inmobiliario.
Además, el Ejecutivo prevé destinar estas viviendas prioritariamente a:
- Familias monoparentales en situación de vulnerabilidad.
- Jóvenes menores de 35 años que buscan emanciparse.
- Personas mayores que requieren soluciones habitacionales adaptadas.
Incremento en la inversión pública
El Gobierno ha comprometido una inversión histórica en vivienda pública, con un incremento del 50 por ciento en los presupuestos destinados al sector en comparación con años anteriores. Esta financiación estará orientada a:
- Construcción de nuevas viviendas sociales: Se proyecta la construcción de más de 20.000 viviendas adicionales en los próximos cinco años.
- Rehabilitación y eficiencia energética: Se destinarán fondos europeos del Plan de Recuperación para mejorar la calidad y sostenibilidad del parque habitacional existente.
- Apoyo a los municipios: Los ayuntamientos recibirán recursos para desarrollar proyectos de vivienda asequible en áreas urbanas y rurales.
El presidente también destacó que esta inversión tiene un doble propósito: «Garantizar un hogar digno a quienes lo necesitan y generar empleo en sectores estratégicos como la construcción y la rehabilitación».
Regulación del mercado del alquiler
Otra de las iniciativas destacadas es la regulación del mercado del alquiler, especialmente en zonas tensionadas. Aunque la Ley de Vivienda ya establece herramientas para limitar los precios en estas áreas, Sánchez anunció que se reforzará su aplicación mediante la colaboración con comunidades autónomas y ayuntamientos.
En este contexto, se implementará una plataforma digital de arrendamientos, que facilitará la gestión de contratos y garantizará la transparencia en las transacciones inmobiliarias. Este esfuerzo busca combatir el fraude y proteger tanto a inquilinos como a pequeños propietarios.
Vivienda como derecho fundamental
En línea con las directrices europeas, el Ejecutivo también ha planteado iniciativas para elevar la proporción de vivienda pública en España. Actualmente, el parque público representa apenas un 2 por ciento del total, frente a la media del 10 por ciento en la Unión Europea.
Para revertir esta situación, Sánchez insistió en que «es necesario adoptar una visión a largo plazo que sitúe la vivienda como un derecho fundamental, y no como una mercancía».
El Gobierno también ha iniciado conversaciones con los principales agentes sociales, sindicatos y asociaciones vecinales para asegurar que las políticas habitacionales sean inclusivas y efectivas.
Colaboración público-privada
El presidente destacó la importancia de la colaboración entre administraciones públicas y el sector privado para alcanzar estos objetivos. Según explicó, esta cooperación será clave para movilizar inversiones y agilizar los proyectos de construcción y rehabilitación.
Entre los planes más ambiciosos figura la puesta en marcha de programas piloto en colaboración con grandes promotoras para desarrollar alquiler asequible en suelo público.
Mejora regulatoria en pisos turísticos, socimis y compra de extranjeros
El Gobierno también ha identificado la necesidad de abordar desafíos específicos que afectan la disponibilidad de viviendas asequibles, como el impacto de los pisos turísticos, la actividad de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMIs) y la creciente compra de inmuebles por parte de extranjeros.
Estas dinámicas han contribuido al incremento de los precios en el mercado, dificultando el acceso a la vivienda para los residentes.
Regulación de los pisos turísticos
Uno de los objetivos prioritarios es regular el mercado de los pisos turísticos, especialmente en ciudades y regiones donde esta actividad ha reducido significativamente la oferta de vivienda habitual.
Para ello, se establecerán nuevas normativas que exigirán:
- La obtención de licencias específicas para operar en plataformas digitales.
- La implementación de un registro obligatorio de pisos turísticos, gestionado por las comunidades autónomas.
- Límites al número de viviendas que pueden dedicarse a este uso en áreas tensionadas.
Pedro Sánchez señaló que esta regulación no solo busca proteger el derecho a la vivienda, sino también preservar el equilibrio en los barrios y evitar el fenómeno de la gentrificación, que expulsa a los residentes locales.
Revisión del marco fiscal para las SOCIMIs
En cuanto a las SOCIMIs, el Ejecutivo planea revisar su marco fiscal y regulatorio para garantizar que su actividad contribuya a la estabilidad del mercado inmobiliario.
Aunque estas sociedades han impulsado la inversión en el sector, también han sido objeto de críticas por su enfoque en la especulación y la generación de beneficios a corto plazo.
Entre las medidas previstas se incluyen:
- Aumentar la transparencia financiera de las SOCIMIs, obligándolas a reportar más detalles sobre sus operaciones y la composición de sus activos.
- Establecer incentivos fiscales condicionados a que un porcentaje de sus viviendas se destine a alquiler asequible.
- Limitar la concentración de inmuebles en zonas tensionadas para evitar distorsiones en el mercado.
Control de la compra de inmuebles por extranjeros
Otro aspecto clave es la regulación de la compra de inmuebles por parte de extranjeros, especialmente en regiones turísticas y zonas de alto valor inmobiliario.
Según los últimos datos, en comunidades como Baleares o la Costa del Sol, más del 20 por ciento de las operaciones de compraventa están protagonizadas por no residentes, lo que ha disparado los precios y dificultado el acceso a la vivienda para la población local.
El Gobierno estudia medidas como:
- Restricciones en la compra de primera vivienda por no residentes en áreas donde los precios hayan crecido desproporcionadamente.
- Establecer un impuesto adicional para compradores extranjeros que adquieran inmuebles como inversión o segunda residencia.
- Impulsar acuerdos con otros países europeos para armonizar políticas en este ámbito.
Estas iniciativas buscan equilibrar el mercado, proteger el acceso de los residentes a una vivienda asequible y garantizar que el desarrollo inmobiliario responda a las necesidades sociales y no únicamente a intereses económicos externos.
Conclusiones
El compromiso del Gobierno con la vivienda como derecho fundamental se traduce en medidas concretas que buscan beneficiar a los colectivos más vulnerables. Entre las principales conclusiones destacan:
- La creación de la Empresa Pública de Vivienda, con las 30.000 viviendas de la SAREB como punto de partida.
- El incremento de la inversión pública en vivienda, incluyendo construcción, rehabilitación y eficiencia energética.
- La regulación del mercado del alquiler, con nuevas herramientas digitales y un enfoque especial en zonas tensionadas.
- La colaboración público-privada como motor para desarrollar soluciones habitacionales innovadoras.
- El refuerzo del parque de vivienda pública, alineado con las directrices europeas para reducir la desigualdad habitacional.
- La regulación de pisos turísticos y compras de viviendas por extranjeros
Este conjunto de medidas marca un hito en la política habitacional de España, consolidando el acceso a la vivienda como un derecho esencial para promover la justicia social y la igualdad de oportunidades.